El balance del Gobierno y las Farc de los siete meses de diálogos

El balance del Gobierno y las Farc de los siete meses de diálogos

En documento se hace un recorrido de lo que ha sido el proceso. El 1 de julio comienza nuevo ciclo.

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21 de junio 2013 , 01:21 p.m.

Las delegaciones de las Farc y del Gobierno dieron a conocer este viernes un informe en el que rinden cuentas sobre lo que han sido los siete meses de diálogos de paz en La Habana, contenido que había sido revelado por EL TIEMPO. En este momento ya se han cumplido 10 ciclos y el siguiente comenzará el próximo primero de julio. (Lea acá el informe sobre los siete meses de diálogos)

En el comunicado conjunto se señala que se han recibido 500 propuestas sobre el tema de participación política y participación ciudadana presentadas en el foro que se llevó a cabo en abril pasado.

Así mismo se informa sobre algunos de los avances que se llegaron en el tema agrario, el primer punto de la agenda.

Entre ellos se habla de los componentes del programa de distribución y formalización de tierras. Así mismo, se dan detalles del proyecto para formalizar y actualizar el catastro rural, “como una de las principales fuentes de financiación de los municipios con sus consecuencias positivas en inversión social y uso productivo de la tierra”.

Entre los puntos del informe está el plan de “delimitar la frontera agrícola y proteger las áreas especiales de interés ambiental”.

De igual manera, se ha hablado sobre la “implementación de planes nacionales para reducir la pobreza y la desigualdad”. Dentro de este punto, se ha discutido cómo atacar la pobreza y la desigualdad mediante obras de infraestructura, riego, salud, educación, vivienda, estímulos a la economía solidaria, alimentación y nutrición.

Algunos de los puntos del acuerdo agrario

En el documento de 12 páginas toca el tema de cómo se llevaría a cabo una Reforma Rural Integral Integral (RRI). En ese marco se estableció que se iba a crear un Fondo de Tierras de distribución gratuita.

“El Fondo se alimentará principalmente de tierras que han sido indebida e ilegalmente adquiridas, y para ello se fortalecerá y aplicará la extinción judicial del dominio y se recuperarán baldíos apropiados y ocupados contraviniendo la legislación vigente, sin perjuicio de los campesinos que puedan ser beneficiarios de programas de formalización”, dice el documento.

También se establece una jurisdicción agraria “que tenga cobertura y capacidades regionales”. Además, dice el informe, se acordó fortalecer mecanismos que “garanticen el acceso ágil y oportuno a la justicia y que de esa manera sean también una garantía contra el despojo”. Sumado a esto, se plantea la necesidad de instrumentos judiciales como mecanismos alternativos de conciliación y resolución de conflictos.

REDACCIÓN ELTIEMPO.COM

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