Marco para la paz deja impune miles de crímenes atroces: HRW

Marco para la paz deja impune miles de crímenes atroces: HRW

La ONG Human Right Watch contestó a la Corte Constitucional, que le pidió una opinión al respecto.

20 de junio 2013 , 06:33 p.m.

El Marco Jurídico para la Paz, en su actual redacción, no solo va en contravía de las obligaciones internacionales de Colombia, sino que abre la puerta para que queden en la impunidad miles de crímenes atroces cometidos por guerrilleros, paramilitares y miembros de la Fuerza Pública a lo largo de las últimas décadas.

Eso le contestó la organización Human Rights Watch (HRW) a la Corte Constitucional en un Amicus (opinión) que le solicitó este órgano de la rama judicial como parte del proceso de revisión que viene adelantando para determinar, en las próximas semanas, si la norma que aprobó el Congreso el año pasado se ajusta a la Carta Magna.

Además de HRW, la Corte solicitó opiniones similares a la Fiscalía, la Fundación Ideas para la Paz, el Centro Internacional para la Justicia Transicional, DeJusticia, Profis y el experto Iván Orozco, entre otros.

En el caso de HRW, la Corte le hace cinco preguntas dirigidas en gran parte a valorar los estándares internacionales que rigen o han regido procesos de paz en el mundo y el concepto de justicia transicional que podría invocarse.

En la primera de ellas, cuando la Corte pregunta si la renuncia a la persecución de graves violaciones de Derechos Humanos realizados en virtud de los criterios de selección y priorización vulnera los derechos humanos o el derecho internacional humanitario, la ONG estadounidense contesta con un rotundo SI.

“Al eximir de investigación y persecución penal a tantos graves casos de violaciones de derechos humanos y del DIH como a sus autores, la enmienda contraviene en forma flagrante las obligaciones jurídicas asumidas por Colombia conforme al derecho internacional de investigar y juzgar a quienes tengan responsabilidad por estos delitos”, dice HRW en el Amicus, que está firmado por José Miguel Vivanco, director para las Américas de esta ONG.

De acuerdo con HRW, estas obligaciones están plenamente establecidas en numerosas fuentes del derecho internacional, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la ONU.

Según la opinión, la jurisprudencia no impide que Colombia dé prioridad a la investigación de los delitos más graves y sus máximos responsables siempre y cuando no abandone o renuncie a sus obligaciones frente al resto.

En el tema de la llamada justicia transicional, que ha sido mencionado por varios como un modelo que permitiría a Colombia sustraerse de estas obligaciones internacionales, HRW sostiene que esta no constituye una rama independiente del derecho ni un estándar de justicia diferenciado que suspenda o atenúe las obligaciones jurídicas de un Estado.

“Las medidas de justicia transicional, como las comisiones de la verdad, pueden complementar pero en ningún caso sustituir la persecución e investigación penal que exige el derecho internacional”, afirma HRW

La ONG, así mismo, cita la política de la ONU de “no avalar las disposiciones de acuerdos de paz que prevean amnistías para genocidios, crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y violaciones flagrantes de derechos humanos.”

Y desecha, a su vez, el concepto invocado recientemente por el Fiscal Eduardo Montealegre, según el cual Colombia estaría empleando un modelo similar al de la Fiscalía de la Corte de Penal Internacional, que se concentra solo en investigación y juzgamiento de máximos responsables.

Según HRW, se trata de un esquema operativo de este tipo de Corte que complementa los sistemas nacionales de justicia penal y que se basa en la premisa de que los Estados retienen la responsabilidad de juzgar a todos los responsables de delitos graves. El Amicus también afirma que el Marco Jurídico para la Paz vulnera la obligación internacional de imponer penas por delitos graves que deben guardar proporción con su gravedad.

“La enmienda (como está) autoriza al Congreso a suspender plenamente penas de privación de libertad... a guerrilleros, paramilitares, y militares condenados por haber tenido cualquier grado de responsabilidad en delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y otras violaciones graves de derechos humanos”, dice el escrito.

HRW dice también que respalda las iniciativas actuales que buscan poner fin al conflicto armado y entiende que debe existir un equilibrio entre justicia y paz.

No obstante, alega, las normas internacionales lo que buscan es asegurar que en aras de ese equilibrio también se garantice el derecho de las víctimas a obtener justicia.

SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
WASHINGTON

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