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Abrir otros caminos

Rudolf Hommes
 Un profesor de economía norteamericano, que ha sido profesor visitante en la Universidad de los Andes, escribe diciendo que, más que el acceso a la tierra, lo que se debería estar discutiendo en La Habana es el acceso desigual a la educación y al conocimiento.
Él no desconoce la importancia histórica y política de llegar a un acuerdo sobre la tierra, sobre todo para quienes nunca han sido propietarios. Pero tiene razón en afirmar que, aunque en Colombia se valora la propiedad de la tierra más que la educación, el conocimiento y, por lo tanto, la educación tienen mayor valor económico, y el acceso a ellos es muy desigual.
Los jóvenes de familias de altos ingresos reciben educación primaria y secundaria de calidad muy superior a la que ofrecen la mayoría de los colegios públicos o los colegios privados para niños y jóvenes de clase media, salvo notables excepciones. La mayoría de los que no terminan bachillerato proviene de estratos bajos y la mayor parte de los que terminan universidad son de estratos altos y medios.
Los salarios de los profesionales son significativamente más altos que los de los que no terminan estudios universitarios y la calidad del empleo de estos últimos es inferior en estabilidad y riqueza de contenido en comparación con los empleos de los profesionales.
A pesar de lo anterior, ser educado en Colombia no confiere todavía tanto estatus como ser terrateniente ni genera las mismas pasiones. Afortunadamente, la gente no mata por un cupo para estudiar en la Nacional o en los Andes, pero sí lo hace para acumular tierra, porque le corrieron la cerca o le pueden quitar un par de cuadras. Tener una mejor distribución de la tierra genera bienestar, mayor ingreso e inclusión de sectores marginados de la población, y contribuye a cancelar la deuda que tiene la sociedad con la población campesina. Por eso estamos en La Habana, porque se cree que todo ello va a contribuir a la paz, al avance del campo y a sofocar la violencia que han inducido la codicia y la acumulación primitiva y frecuentemente ilegal de activos rurales.
Pero se generarían mayores beneficios si se buscara mayor acceso de la población campesina y la de los estratos de menores ingresos a la educación de calidad, tanto a nivel básico como a nivel postsecundario. Deberíamos aprovechar el momento histórico para complementar lo que surja de las negociaciones con el compromiso de que el nivel de ingreso de sus familias no continuará siendo el factor que determine la calidad y la cantidad de educación que reciban los jóvenes colombianos.
El punto de partida hacia una sociedad democrática es que todo el mundo tenga el mismo acceso a educación de buena calidad. Alcanzar esto disminuiría radicalmente la presión por la tierra y las diferencias que impiden avanzar.
El profesor gringo hace, adicionalmente, una recomendación, a la que se le debería prestar mucha atención. Sugiere crear becas para todos los combatientes activos en la actualidad, tanto de la fuerza pública como de la guerrilla, una vez pasen a ser excombatientes.
Inicialmente, tendrían que ingresar a programas especiales de adaptación y de nivelación de primaria o de bachillerato y luego recibir asistencia financiera para terminar el nivel siguiente en el sistema educativo. Esta recomendación se inspira en el sistema que creó una ley expedida al final de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos (GI Bill), que financia a los excombatientes para que estudien en instituciones educativas acreditadas. Tal ley les dio la oportunidad a los sobrevivientes de la generación que perdió cinco años en esa guerra de recuperar el tiempo perdido y contribuir al apogeo de la prosperidad de su país. Es otro camino que se debería abrir.
Rudolf Hommes
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