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Gobierno defiende que salud dependa de sostenibilidad fiscal

La plenaria de la Cámara inició la discusión y votación en último debate de esta reforma.

REDACCIÓN POLÍTICA
En momentos en que la plenaria de la Cámara comenzó la discusión y votación en último debate de la reforma de la salud, el Gobierno salió este miércoles en defensa del concepto de sostenibilidad fiscal para el acceso al sistema.
La polémica se generó porque en el Senado se aprobó un inciso del artículo 6 del proyecto, que establece que, entre otras cosas, “el Estado dispondrá, por los medios que la ley estime apropiados, los recursos necesarios y suficientes para asegurar progresivamente el goce efectivo del derecho fundamental a la salud conforme a las normas constitucionales en sostenibilidad fiscal”.
El ministro del Interior, Fernando Carrillo, aseguró que ese concepto “es un criterio de interpretación a la hora de determinar los beneficios, luego no lo interpretemos como una limitación. Hacerlo de esa forma es ir por el camino equivocado”.
Aunque los críticos de esta medida, incluida la contralora Sandra Morelli, la califican como anticonstitucional, el Ejecutivo consideró que no será un limitante para que los ciudadanos accedan a los servicios del sistema.
“La sostenibilidad fiscal no es un limitante para los derechos fundamentales”, precisó Carrillo, quien agregó que este concepto “tiene que ser complementario a las normas constitucionales”.
Otro punto que aclaró el Gobierno es que la reforma de la salud no afectará le recurso de la tutela como mecanismo para acceder a los servicios del sistema.
Carrillo advirtió que “si algo hay que resaltar es que no cabe ninguna restricción a la tutela y tampoco se va a permitir una restricción a este derecho”.
La discusión de este proyecto en la Cámara comenzó con 150 proposiciones modificatorias al articulado, que son analizadas por una subcomisión de representantes para determinar cuáles se quedan y cuáles se rechazan.
Por ser un proyecto de ley estatutaria, esta iniciativa, luego de ser aprobada en la Cámara y surtir conciliación con el Senado, deberá ir a control de la Corte Constitucional antes de pasar a sanción presidencial.
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