El contrato de aseo que enreda a exgerente de la EEAB

El contrato de aseo que enreda a exgerente de la EEAB

Ministerio Público investiga presuntas irregularidades en planeación del esquema de aseo en Bogotá.

19 de junio 2013 , 04:05 p.m.

En el pliego de cargos que formuló la Procuraduría General al exgerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) Diego Bravo Borda, y a Henry Romero Trujillo, director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), se mencionan posibles irregularidades en la planeación y celebración del contrato para prestar el servicio de aseo en toda la ciudad.

El contrato interadministrativo 017 de 2012, señala la Procuraduría, se inició el 18 de diciembre de 2012, fecha en que vencían los contratos de concesión con los operadores privados, sin contar con estudios completos y suficientes para establecer la idoneidad del contratista (en este caso la EAAB).

En los estudios previos no existe análisis sobre la capacidad y experiencia de la EAAB para llevar a cabo la prestación del servicio de aseo en toda Bogotá. Con esta actuación, agrega la decisión disciplinaria, presuntamente se violaron los principios constitucionales que rigen la prestación del servicio de aseo, y los de economía y responsabilidad que dirigen la función administrativa.

Según las pruebas, el objeto social de la EAAB fue modificado mediante acuerdo del 5 de septiembre de 2012 y se incluyó la prestación del servicio público domiciliario de aseo. Esto demostraría que la EAAB no podía acreditar ninguna experiencia específica en la prestación del ese servicio con la complejidad de que en una ciudad como Bogotá se tiene que garantizar un nivel de cobertura de millones de suscriptores.

La EAAB, supuestamente, intentó aplicar su experiencia administrativa y logística en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado al de aseo. Sin embargo, las normas que rigen esta actividad en el país no lo permite. Según la Ley de Servicios Públicos domiciliarios, estos servicios son diferentes.

Bravo Borda antes de asumir el contrato debió considerar todas las consecuencias técnicas y económicas que lo obligaban y verificar con estudios previos si era posible disponer de los equipos y tecnología necesarios para prestar el servicio de aseo en el toda la ciudad en condiciones de calidad y eficiencia, sostiene el proceso. Al parecer, señala la Procuraduría, no se midieron tiempos como los de la contratación e importación y adquisición de vehículos y la obligatoriedad que tenían los operadores privados de efectuar la reversión de los equipos destinados a esa operación.

A Romero Trujillo, como director de la UAESP, quien hizo los estudios previos para la contratación, no habría verificado la capacidad técnica e idoneidad de la EAAB para prestar el servicio público de aseo.

La UAESP dice que el cumplimiento de las órdenes impartidas por el Alto Tribunal están en cabeza de la Administración Distrital y no en los operadores privados, lo que obligaba, según la UAESP, “a que el nuevo operador a contratar fuera una entidad oficial del nivel distrital que tuviera en su objeto la prestación del servicio público domiciliario de aseo”.

También considera que el contrato que firmó con la EAAB no era indispensable para que la UAESP pudiera cumplir con las órdenes de la Corte Constitucional de incluir a la población recicladora. La administración distrital, en ese caso, tenía como función generar acciones que de cultura ciudadana para separar material reciclable y en la organización como empresarios de los recicladores.

REDACCIÓN JUSTICIA

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