Lo que podrían argumentar los jueces para impedir entrevistas a presos

Lo que podrían argumentar los jueces para impedir entrevistas a presos

Cámara aprobó polémica propuesta en Código Penitenciario. Advierten riesgo de censura previa.

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18 de junio 2013 , 09:02 p.m.

Los eventuales efectos sobre “las presuntas víctimas, la seguridad nacional, el orden público, la independencia judicial y la seguridad del establecimiento” podrían ser argumentadas por un juez para negar el permiso para que los medios de comunicación entrevisten a cualquier detenido en el país.

Eso fue lo que decidió este martes la plenaria de la Cámara al aprobar en segundo debate la reforma del Código Penitenciario y Carcelario.

Aunque inicialmente se había propuesto restringir las entrevistas para los sindicados y permitirlas solo para los condenados, los ponentes y el Gobierno presentaron este martes una proposición sustitutiva. Esta extiende la posibilidad de entrevista a todos los “internos”, pero impone limitaciones que hoy no existen y que, de acuerdo con exmagistrados consultados por EL TIEMPO, no aguantarían el control de la Corte Constitucional porque implicarían una forma de censura previa.

El artículo 66 de la iniciativa, aprobada este martes, quedó así: “Los medios de comunicación tendrán acceso a los centros de reclusión siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos por el reglamento general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, las resoluciones que para su reglamentación expida el Instituto y que medie el consentimiento del interno (...). La autorización debe ser concedida por el juez competente, el cual además deberá tener en cuenta el efecto sobre las presuntas víctimas del interno, la seguridad nacional, el orden público, la independencia judicial y la seguridad del establecimiento”

El actual código impone la autorización del juez del caso, pero esta generalmente dependía de la disposición del detenido a la entrevista. Analistas advierten que ejercer esa facultad obligaría a los jueces a pronunciarse sobre supuestos, lo que podría constituir censura previa.

El espíritu de la norma, además, va en contravía con la posición defendida por el propio presidente Juan Manuel Santos, que durante todo su mandato ha garantizado que no permitirá ninguna cortapisa para la libertad de prensa en Colombia.

Jaime Córdova Triviño, expresidente de la Corte Constitucional, señaló que este tipo de obstáculos “afectan la libertad de expresión de las personas que están en prisión”, una garantía que no se afecta a pesar de las condenas. Córdova resaltó que cualquier forma de censura va contra la Carta del 91. En el mismo sentido, el exmagistrado Eduardo Cifuentes dijo que aunque el Congreso puede establecer restricciones a las entrevistas, lo que se aprobó “está en términos tan generales que resulta desproporcionado y violaría el Artículo 20 de la Constitución –la libertad de prensa– y el derecho a la libre expresión de los internos”.

Por su parte, el periodista Javier Darío Restrepo aseguró que se abriría paso “un embate de los grandes poderes por silenciar a la prensa como sucedió en Venezuela y en Ecuador”.

La ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, aseguró por su parte que no se trata de ningún intento de censura y que lo que se busca es evitar que los procesados influyan, a través de esas entrevistas, sobre los operadores judiciales. “El debate justicia-medios debe darse; estos son los debates que le convienen al país”, aseguró la Ministra.

Otros artículos que generaron polémica

Varios artículos del Código Penitenciario fueron objeto de una aguda polémica entre los representantes. Uno de ellos es el que reguló la detención domiciliaria.

De este beneficio, según lo aprobado, podrán gozar quienes sean condenados a penas no superiores a cinco años –como existe en la actualidad– pero siempre y cuando el condenado cumpla una serie de criterios que debe evaluar el juez.

Adicionalmente, se excluyeron de este beneficio a los condenados por lesiones personales con ácido, violencia intrafamiliar, lavado de activos y estafa, entre otras conductas.

También se aprobó que cuando el Inpec requiera de personal adicional, podrá recurrir a quienes hayan prestado su servicio militar en esa institución y no a vigilancia privada, como lo proponían originalmente la ponencia y el Gobierno.

Sobre este ‘revés’, la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, dijo que el Gobierno “insistirá en el Senado en la posibilidad de contratar la vigilancia a través de entidades privadas. La Cárcel Distrital, que es una magnifica cárcel, ha funcionado siempre con vigilancia privada”.

Se descartó, igualmente, la propuesta de excarcelar a los mayores de 65 años, la cual había generado una profunda controversia en el país ante la posibilidad de que algunos de los llamados ‘parapolíticos’ pudieran abandonar sus sitios de reclusión por esta vía.

La Ministra resaltó lo “juicioso, crítico y muy valioso” que fue el debate para la construcción de la iniciativa.

REDACCIÓN POLÍTICA

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