Editorial: Los retos del fuero militar

Editorial: Los retos del fuero militar

18 de junio 2013 , 07:53 p.m.

Tras casi dos años de intenso debate, Colombia tiene nuevas reglas de juego para las operaciones de la Fuerza Pública. No fue fácil acuñar estas normas, pues se trata de un tema particularmente sensible, habida cuenta del comprensible impacto que han tenido en la ciudadanía gravísimos delitos y atropellos cometidos por uniformados, entre ellos los asesinatos de civiles que luego fueron presentados como guerrilleros.

Así, luego de encendidos debates, el Legislativo aprobó esta semana la ley que reglamenta la reforma del fuero militar, tramitada el año pasado y que deberá blindar a militares y policías que, en cumplimiento de su deber, se ven expuestos a procesos penales.

Con una Fuerza Pública que cada día sostiene al menos cuatro combates con los grupos armados, la reforma era una prioridad.

No tiene sentido alguno que sobre los uniformados que día a día exponen su vida para defender a todos los colombianos pesara también la posibilidad de terminar enjuiciados por cumplir con su misión, como ha ocurrido en decenas de casos.
Esta realidad, sin embargo, no puede llevar a desechar las reiteradas advertencias de la ONU y de ONG como Human Rights Watch sobre los riesgos que podrían derivarse de las nuevas reglas de juego.

En contravía de esas posiciones, el Congreso le dio su bendición a la reglamentación que propuso el Gobierno y que fue apoyada por la Fiscalía. Es una arriesgada carta que se juega el presidente Juan Manuel Santos sobre la base de los innegables avances que en materia de derechos humanos muestra el país en los últimos tres años. Dicho de otra forma, pone en juego un capital político que implicó esforzarse a fondo para ahuyentar viejos y, en muchos casos, justificados estigmas en el ámbito internacional.

El mensaje que ha enviado el país es que tiene instituciones lo suficientemente fuertes e independientes para conjurar el riesgo de impunidad que, en opinión de los críticos del fuero, se abrió paso con la reforma. Que eso no pase, precisamente, es uno de los retos que pesan de ahora en adelante sobre el Gobierno y las Fuerzas Militares.

Aprobados los necesarios cambios, quedan así sobre la mesa varios compromisos ineludibles. Por un lado, que no solo se garantice que ninguno de los casos de los tristemente célebres falsos positivos vaya, con motivo de las nuevas normas, a la justicia militar, sino que la justicia ordinaria llegue hasta las últimas consecuencias en sus investigaciones, algunas de las cuales completan más de cinco años sin mayores resultados.

Otro reto no menos importante es el de saber darle un uso responsable a la figura del blanco legítimo, calificada como clave para combatir a las bandas criminales. La definición amplia que la norma le confiere es un voto de confianza en el buen criterio de quienes estén al mando de las tropas. Ellos deberán corresponder a él y así darles la razón a los que hablan de enormes avances cualitativos logrados en los últimos años en materia de formación de oficiales y suboficiales.

La justicia penal militar, por su lado, tiene el compromiso de demostrar la independencia y efectividad de las que ha carecido en las últimas décadas. Jueces castrenses independientes del alto mando que no solo fallen en derecho, sino que, cuando sea el caso, envíen sin dilación los procesos contra militares que no son de su competencia, les demostrarán al país y al mundo la validez de los históricos cambios aprobados por el Congreso.

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