No hay que seguir haciendo más de lo mismo

No hay que seguir haciendo más de lo mismo

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17 de junio 2013 , 09:23 a.m.

 

Los centros de privación de la libertad presentan dos fines últimos para la administración de justicia y para la seguridad, en primer lugar, constituyen la salvaguarda de la sociedad de aquellas personas que han infringido la ley penal y puesto en peligro la vida, integridad o propiedad de otros ciudadanos y del Estado mismo, y en segundo lugar, es el espacio donde se lleva a cabo un proceso de readaptación o resocialización de los sujetos que han quebrantado la ley penal garantizándoles todos sus derechos.

En el caso de Colombia, en la mayoría de las cárceles, estos dos fines no se cumplen, dadas las condiciones de hacinamiento, la inadecuada infraestructura, el bajo profesionalismo de quienes tienen responsabilidades en estas materias, la corrupción y la falta de recursos y de visión para comprender que estos problemas no se resuelven de la noche a la mañana sin planes y metas claras en el corto, mediano y largo plazo.

Hoy a la Ministra de Justicia, al Director del INPEC y a quienes tienen la responsabilidad de solucionar el hacinamiento y las condiciones infrahumanas violatorias de todos los derechos humanos de los reclusos, se les exige soluciones inmediatas, casi “mágicas” y en medio de esta situación se proponen soluciones transitorias, en algunos casos inadecuadas, sabiendo que lo transitorio va a ser permanente y no va a solucionar los problemas como se debiera. Hoy no se tiene, pero tampoco se quiere oír, que es necesario elaborar y ejecutar un plan de inversiones para construir cárceles de verdad, profesionalizar y dignificar el recurso humano y fortalecer los equipamientos de movilidad y comunicaciones, un plan que cuente con los recursos adecuados y que se ejecute en el corto (dos años), mediano (cinco años) y largo plazo (diez años).

Frente a esta situación, que no admite planeación sino soluciones “mágicas”, los funcionarios que pasan por estos cargos y responsabilidades terminan señalados como incompetentes, en algunos casos se les reconocen los esfuerzos, pero se considera que les quedó grande la solución del problema. Cuando esto sucede, la única salida que tiene el gobierno de turno es nombrar otro funcionario que sí va a solucionar el problema, pero al poco tiempo se repite la historia; un círculo vicioso que ha mantenido y mantendrá por largos años el infierno en las cárceles.

Hoy es posible solucionar el problema carcelario y mejorar la aplicación de la justicia, siempre y cuando se reconozca la complejidad del problema, que no se soluciona con solo la ampliación de cupos o la reforma del Código Penitenciario, es necesario mirar todo el sistema, reformar y fortalecer el INPEC para atacar la corrupción y profesionalizarlo y contar con diseños carcelarios que respondan a los requerimientos de los procesos de readaptación o resocialización, a la seguridad interna y de los entornos y a los esquemas de disciplina y control, una mirada integral que permita planear y ejecutar una política pública de mejoramiento del sistema carcelario y penitenciario.

Para esto, es necesario evaluar los equipamientos que en la actualidad tiene el sistema carcelario y penitenciario en términos de personal, instalaciones, movilidad y comunicaciones, saber qué sirve, qué hay que modificar y qué hay que crear nuevo, para luego definir los costos que supondría modernizar el sistema. Aquí se requiere realismo, voluntad política, gerencia y recursos. El Estado representado en los tres poderes ejecutivo, legislativo y judicial tiene la palabra para no seguir haciendo más de lo mismo.

*Experto en seguridad ciudadana

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