Atrocidad vs. rebelión

Atrocidad vs. rebelión

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16 de junio 2013 , 07:51 p.m.

En 1946, el Tribunal Militar Internacional de Núremberg condenó a Göring, Ribbentrop y Kaltenbrunner, y declaró a algunas organizaciones del Estado de Hitler, como las SS, la Gestapo o el Sicherheitsdienst (SD), grupos criminales. El Tribunal concluyó que estas organizaciones participaron en la comisión de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, porque “fueron empleadas para la persecución y el exterminio de los judíos, la ejecución de torturas y matanzas en los campos de concentración, las agresiones contra la población civil de los territorios ocupados, la organización de un programa de trabajo forzado y el maltrato y asesinato de prisioneros de guerra”.

El Tribunal concluyó que los miembros de estas organizaciones, que lo seguían siendo a sabiendas de que eran usadas para la comisión de semejantes crímenes, eran ipso facto criminales. Solo se excluyó a aquellos que “fueron forzados a afiliarse (…) y que no habían cometido crímenes” (Proceedings of the International Military Tribunal sitting at Nuremberg, Germany, Part 22. 22nd August-1st October, 1946).

Sin embargo, no se aplicó esta figura de responsabilidad criminal colectiva en los juicios de Tokio, aunque su estatuto era muy similar al de Núremberg. En los procesos contra el general Yamashita (1946) y 28 de los máximos líderes militares y civiles de Japón (1946-48), los tribunales juzgaron a los responsables como individuos, por crímenes contra la paz, asesinatos, crímenes de guerra y conspiración para cometer estos crímenes.

La innovación está en el uso de la figura de la responsabilidad del comandante, aplicada por primera vez en el caso Yamashita: el general fue condenado a muerte por los crímenes de guerra cometidos por sus subalternos, aunque él no los ordenó, ni estaba en posición de prevenirlos. Según el fallo, su responsabilidad criminal se sustenta en la “falta de control efectivo de sus tropas”. El Tribunal condenó a los miembros del gabinete de guerra por crímenes de los cuales tenían conocimiento, aunque no los habían cometido ni ordenado directamente. Una lógica similar fue empleada por el juez en el razonamiento expuesto en la condena contra alias ‘Simón Trinidad’ en los Estados Unidos.

Después de estos procesos, la figura de la atribución colectiva cayó en desuso. Solo las guerras de Yugoslavia le devolvieron la relevancia, cuando la sala de apelaciones del Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia (TPIY) resucitó una forma de responsabilidad colectiva con la doctrina de “joint criminal enterprise” en el caso contra Dusko Tadic (1999), condenado por el asesinato de cinco hombres en la aldea de Jaskici, aunque solo podía probar que Tadic formó parte del grupo que capturó y golpeó a los hombres, pero no su participación en el homicidio.

El TIPY responsabilizó a Tadic por los asesinatos porque participó en la ejecución de un plan criminal común. Esta forma de responsabilidad no requiere una organización criminal formalmente constituida, sino a un grupo de personas que siguen un plan criminal común y actúan para implementarlo. No es necesario que todos los integrantes cometan crímenes personalmente, sino que formen parte del plan criminal para incurrir en la responsabilidad penal por los crímenes cometidos por el colectivo. Este principio, que ya constituye parte del derecho penal internacional consuetudinario, fue aplicado en numerosos casos por el TPIY (v. g., casos Kvocka y otros, 2001; Krnojelac, 2002; Stakic, 2003, Krajišnik 2006), el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (casos Rwamakuba, 2004; Ntakirutimana, 2004; Sima, 2007) y la Corte Especial para Sierra Leona (caso Norman y otros, 2005). Se aplica a los crímenes que no tienen ninguna conexión con la rebelión.

Natalia Springer

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