Editorial: Para qué sirve una estampilla

Editorial: Para qué sirve una estampilla

16 de junio 2013 , 07:51 p.m.

Resulta increíble que la historia haya llegado hasta este punto: conviene recalcar que estamos hablando de un último recurso que prueba que buscamos las soluciones en el borde del abismo. La idea de crear una estampilla postal obligatoria para los contratos públicos de orden nacional con el objeto de recuperar los deteriorados edificios y construir el hospital de la Universidad Nacional de Colombia (UN) y, además, distribuir recursos entre las 32 universidades públicas del país, en septiembre del año pasado sonaba extraña e improbable, puesto que dependía de otro proyecto de ley para debatir en el Congreso de la República. Pero se ha convertido en el único remedio que puede rescatar a una serie de instituciones (por lo pronto, a su infraestructura en ruinas), que, sin duda, es la medida de qué tanto le importa al país su educación superior.

El de la estampilla es un recurso probado: según informó en su momento la propia agencia de noticias de la UN, de esa manera la sede de la institución en Manizales y la prestigiosa Universidad de Caldas, como consta en su página web, han recaudado miles de millones de pesos que han podido invertirse en “infraestructura, desarrollo académico e investigativo y dotación tecnológica”. El hecho de que en la Cámara, el martes pasado, haya avanzado el proyecto de ley 192, que autoriza la emisión del sello, significaría que en los próximos cinco años se recaudarán 250.000 millones de pesos anuales, de los cuales, en un principio –dado el desastroso estado de las cosas–, el 70 por ciento servirá para rescatar a la UN de su innegable crisis, y el 30 por ciento llegará al resto de las universidades. A partir del sexto año, según propone la ley que hace tránsito, se invertirán estos porcentajes.

Es un necesario salvavidas para una situación a la que jamás se debió llegar. El estado de muchos de los edificios –ni más ni menos que 120 en la emblemática sede Bogotá, en su gran mayoría levantados en los años 60 y 70 sin las normas de sismorresistencia– ya ha pasado de representar una vergüenza compartida por los pocos dolientes de la educación estatal, a convertirse en un peligro para los estudiantes de una institución en la que están cifradas las esperanzas de muchos colombianos, más aquellos que no pueden acceder a la educación privada.

editorial@eltiempo.com.co

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