El 'Gran Hermano', cada vez más real

El 'Gran Hermano', cada vez más real

Crece debate por la facilidad con la que EE. UU. puede vigilar a los ciudadanos de todo el planeta.

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15 de junio 2013 , 09:50 p.m.

La semana pasada, cuando los diarios The Guardian y The Washington Post revelaron la existencia de una serie de programas del gobierno estadounidense cuyo fin es interceptar las comunicaciones y el tráfico por Internet de millones de personas, el escozor fue mundial.

Para muchos, en cierto sentido, se trataba de la materialización del Gran Hermano, ese personaje ficticio que concibió el escritor George Orwell en su novela 1984, en la que un Estado posee la capacidad de monitorear hasta el mínimo paso que dan los habitantes de un país. En este caso es aún peor, pues se trata del planeta entero.

Desde entonces, el debate ha ido creciendo cada día que pasa. Sobre la mesa está el equilibrio que debería existir entre las libertades individuales y la seguridad. ¿Cuáles son los límites? El prestigioso diario The New York Times hablaba de este tipo de vigilancia como una amenaza contra la democracia, y la organización Human Rights Watch la calificaba como una “violación a la privacidad inimaginable hace apenas unos años”.

La administración de Barack Obama se ha apresurado a negar los alcances que los medios de comunicación les han atribuido a los programas de espionaje alegando que el público debe estar dispuesto a ceder un poco de su privacidad si quiere estar protegido. Pero sus detractores creen que el sistema se presta para excesos y piden, como mínimo, que sean ventilados en público para que los estadounidenses puedan tomar una decisión informada.

Eso porque aún hoy, pese a los informes del Guardian, el Post y muchos otros medios de comunicación, es poco lo que se sabe sobre estos programas de vigilancia. Según reportes, y lo admitido por el propio gobierno, se trata de dos sistemas diferentes. El primero les permite a las autoridades recopilar la bitácora de llamadas telefónicas y por celular que poseen grandes compañías de telecomunicaciones como Verizon o Sprint. En este caso, el gobierno no escucha las comunicaciones sino que accede a los registros. Es decir, quién llamó a quién, por cuánto tiempo, qué días, etc.

El segundo, que se conoce como Prism, permite a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por su sigla en inglés) tener acceso a los flujos de datos de grandes empresas en Internet como Facebook, Yahoo, Microsoft o Google y apoderarse de correos electrónicos, chats de video, fotos y mucho más. En teoría, este programa está dirigido a extranjeros que vivan por fuera de EE. UU.

Opiniones divididas

Como se lo explicó a EL TIEMPO Brendan Conlon, un experto en ciberterrorismo que trabajó en el pasado con la NSA, el programa no es arbitrario y está dirigido a personas y zonas del mundo específicas. “No es que si alguien escribe en un chat la palabra Bin Laden entonces aparece en el radar de inteligencia y comienza a ser espiado. Es más bien que si una persona entra en contacto con algún sospechoso de terrorismo, en ese momento él y probablemente todo su entorno comienzan a ser vigilados”, dice Conlon.

Pero el público, pese a la legalidad de los programas, no parece muy convencido. De hecho, y según una muestra de Gallup, una mayoría (44 por ciento) cree que Snowden hizo lo correcto al exponer los secretos de su gobierno, frente a un 42 por ciento que opina lo contrario.

Para Conlon, lo importante es analizar el entorno social que acompaña a esta medida. En la cabeza de los estadounidenses sigue viva la imagen de los recientes atentados de Boston, lo cual pesa en el estado de ánimo general y es determinante en el apoyo a este tipo de leyes.

Lo que algunos analistas cuestionan es, sobre todo, que la vigilancia masiva se haga de espaldas a la opinión pública. Si bien ambos programas eran de conocimiento público, su funcionamiento exacto era más bien un misterio. En cierto sentido, Ed Snowden, el contratista de la NSA que filtró la noticia a los medios, lo que hizo fue revelar cómo operan los programas y la facilidad con la que las agencias de inteligencia de EE.UU. acceden a las comunicaciones que transitan por Internet.

Esa explicación, en su carácter más simple, es que la mayor parte del tráfico por el ciberespacio transita en algún momento por EE. UU., donde se encuentra la columna vertebral de la red. Y las autoridades, a través de órdenes judiciales, les han pedido a estas compañías su cooperación.

Ambos programas tienen su origen en la Ley de Espionaje de 1978, que le permite al gobierno interceptar comunicaciones de supuestos delincuentes o terroristas en aras de la seguridad nacional.

Hasta hace poco más de una década, las interceptaciones tanto para extranjeros como para estadounidenses exigían una orden judicial emitida por una Corte Secreta que se dedica a evaluar este tipo de casos.

Pero eso cambió tras los atentados terroristas de septiembre del 2001 contra Washington y Nueva York. En el frenesí y la paranoia que siguieron, la administración de George W. Bush hizo aprobar el Patriot Act, que le dio poderes casi ilimitados para combatir el terrorismo. A partir de entonces se comenzaron a obviar las órdenes judiciales y la NSA comenzó a espiar sin ningún tipo de restricción y en tiempo real.

En el 2005, cuando el diario The New York Times reveló la magnitud del espionaje, el gobierno de Bush alegó que era un mal necesario, pues era imposible monitorear el creciente tráfico por Internet o la expansión de las telecomunicaciones si se requería primero una orden judicial que podía tardar varios días en expedirse. El Congreso de entonces, dominado por republicanos, estuvo de acuerdo, pero desde ese momento inició una veeduría del proceso que culminó con la aprobación de la Ley FISA, en el 2008. Esta ley les dio un marco legal a los programas de espionaje y estableció reglas de juego más precisas.

En el caso de la FISA, por ejemplo, en su artículo 702 establece diferencias de trato entre los extranjeros que viven fuera de Estados Unidos y los estadounidenses o extranjeros que viven aquí.

Para vigilar a un ciudadano estadounidense o un residente en el país, los servicios de inteligencia deben justificar su solicitud y obtener una orden judicial individual que emite una corte especializada. Pero los extranjeros residentes fuera del territorio nacional no disponen de estas protecciones constitucionales. En otras palabras, las agencias de inteligencia pueden espiar sin ningún tipo de control a cualquier persona que no viva en EE. UU.

Esa ley fue refrendada por el Congreso en diciembre del año pasado y está vigente hasta el 2017. Y en el Legislativo la defienden con vehemencia. Dianne Feinstein, demócrata y copresidenta del Comité de Inteligencia del Senado, dice que gracias a ellas se han logrado evitar muchos atentados terroristas no solo en EE. UU. sino en otros lugares del mundo.

Pero tanto la ley como los programas de espionaje tienen dos serios problemas, que son los que hoy han hecho que Obama y el Legislativo estén dando explicaciones.

El primero, explica Chris Soghoian, del American Civil Liberties Union, es que al espiar a sospechosos de terrorismo en el exterior se termina espiando a cientos de miles de estadounidenses, pues en la red cae cualquier persona así tenga una mínima relación con el sujeto en cuestión. Como reconoció hace poco el propio director del NSA, James Clapper, solo en un 51 por ciento de los casos pueden asegurar que no se miró inadvertidamente los récords de estadounidenses.

El segundo, más explosivo, es que la revelación dejó en evidencia que EE. UU. espía sin pudor ni restricción a millones de ciudadanos de otros países, muchos de ellos aliados.

La Unión Europea (EU), Australia y otros, por ejemplo, han expresado serias preocupaciones y se encuentran evaluando los alcances del Prism.

En una carta enviada esta semana al fiscal general, Eric Holder, la Comisionada para la Justicia de la UE, Vivianne Reading, le dice que Prism podría tener consecuencias adversas para los ciudadanos de la Unión y le pide explicaciones.

Quizá la idea del Gran Hermano sea una exageración. Pero el simple hecho de que EE. UU. posee la capacidad y autorización para desempeñarse como tal, tiene a más de uno incómodo.

Futuro incierto

Ed Snowden, el joven de 29 años que reveló cómo funcionan los sistemas de vigilancia masiva de EE. UU, se enfrenta a una investigación criminal que incluiría cargos por traición. Snowden confía en que Hong Kong, donde se encuentra, no lo extradite.

SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO

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