¿Cuál campo necesitamos?

¿Cuál campo necesitamos?

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15 de junio 2013 , 08:08 p.m.

La supuesta pirueta jurídica de la oficina de abogados Brigard y Urrutia puso en evidencia una verdad sobre el campo colombiano que nadie se atreve a abordar todavía con franqueza. Que el tema de la propiedad de la tierra en Colombia, entendido en su forma clásica, está absolutamente pasado de moda. Y todavía no sabemos si lo discutido en La Habana con las Farc va a dar el salto en el modelo o seguiremos peleando por el ideal de que los campesinos colombianos se mueran de hambre en sus unidades agrícolas familiares (UAF) o se la vendan al primer conglomerado económico o al primer narcotraficante que los saque corriendo de allí.

El tema del momento es atender la demanda mundial de alimentos. Y Colombia, un país que tiene millones de hectáreas disponibles para ello, no puede seguir obsesionada con el concepto de las UAF de la Colombia de hace 20 años.

Con la Ley 160 del 94, que creó las UAF, el legislador previó criterios para que dichas áreas de explotación familiar del campo se fueran reajustando conforme a la evolución de la economía. Ya en el año 97, el criterio quedó desactualizado y ni qué decir en el 2013, porque los factores para juzgar el tamaño de sus extensiones debían ser recogidos en actos positivos del Estado que, por su ineficiencia, no se volvieron a dar. Gradualmente, en Colombia se creó una estructura de la propiedad del campo que se fue viendo arrasada por la acción de invasores, ‘paras’, guerrillas y especulación. Y en el espacio de las grandes iniciativas de la empresa privada se fue imponiendo un esquema morboso, que incita a las piruetas jurídicas que permitan explotaciones que solo son rentables en grandes extensiones de terreno, sin que el legislador –ineficiente también– reconociera ni regulara este fenómeno.

Pregunto al senador Jorge Enrique Robledo, autoridad que respeto mucho en este debate que se intensifica: ¿qué beneficios obtienen los campesinos con darles tratamiento de ilícitos a los cultivos del Meta, del Vichada, de la Orinoquia, con tecnología de punta, en terrenos con áreas de varias UAF, en los que no existe conflicto por la tenencia de la tierra?

Más aún: deben existir estudios técnicos de reconocida imparcialidad que indiquen que en algunas zonas del país el acceso a la propiedad de una UAF no es la mejor herramienta para mejorar el nivel de vida y los ingresos de los campesinos, porque, ante las condiciones del empleo formal que ofrece el nuevo modelo, se les garantizarían muchísimo mejor sus derechos constitucionales de salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito.

Si se quiere, la concepción del campo colombiano puede ser aún más sofisticada. En los baldíos que aún existen o que han sido usurpados y logren ser recuperados se podría hasta ensayar que el Estado se vuelva una especie de broker de tierras, un gran acopiador que las entregue para su explotación, no por la vía de la propiedad, sino a través de figuras –estilo una concesión– que garanticen la estabilidad jurídica de la tenencia de la tierra a largo plazo y a la vez permitan hacerla tan productiva en grandes extensiones como sus circunstancias geográficas y la tecnología lo permitan. Así funcionan la minería, las comunicaciones, las carreteras, los puertos, los aeropuertos…

Para concluir: la propiedad de la tierra en unas zonas del país ya no es el criterio más importante ni para el pobre ni para el rico. Lo es la extensión, así sea alquilada o propia. Enormes cantidades de tierra para que sea competitiva su explotación.

Pero lo que sí no puede ser es que el sistema legal colombiano actual convierta en ilícitos los cultivos que requieren alta inversión en tecnología a cambio de llenar el país de UAF y de miseria en el campo.

Cuando el río suena… Gracias a Saturnino, Fernando y a toda la familia Pajares Salinas por 60 años de sal y pimienta.

María Isabel Rueda

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