Lamento latino

Lamento latino

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15 de junio 2013 , 08:08 p.m.

Por estos días, en Latinoamérica es creciente el lamento de miles de ciudadanos que nunca imaginaron que se convertirían en blanco de las bandas de extorsionistas, justamente porque lo único que poseen es un empleo informal o simplemente sobreviven con las utilidades de pequeños negocios instalados en los barrios más populares de nuestras ciudades.

La situación de alarma es preocupante y se caracteriza por la evidente impotencia de los gobiernos, que, frente a una ola de extorsión generalizada, ven cómo se registra simultáneamente una acelerada pérdida de confianza en las instituciones. Esta lógica delictiva, que no respeta condición entre ricos y pobres y no discrimina entre habitantes urbanos y rurales, es, al mismo tiempo, una nueva forma de economía criminal sustitutiva o complementaria de la delincuencia organizada.

Esta epidemia, que se ha extendido bajo expresiones de intimidación y a la que se denomina, según el país, ‘cobro de piso’, ‘vacuna’ o ‘boleteo’, está desbordando la efectividad de las políticas de seguridad y justicia. No es gratuito que hoy volvamos a tener noticias sobre el resurgimiento inadmisible de movimientos de autodefensa y grupos de ‘limpieza social’, que peligrosamente tratan de justificarse ante la mirada atónita de las autoridades. La idea de armarse para aplicar justicia por su propia mano es el reflejo de unos Estados que lucen incapaces, pero que por ninguna razón deberían dejarse reemplazar.

En el otro extremo es desgarrador ver cómo en las grandes ciudades o en el campo la única opción de las víctimas es recurrir al desplazamiento para tratar de huir de la amenaza permanente. El aumento del desplazamiento forzado es notorio en las grandes capitales de la región, incluyendo aquellas donde las tasas de homicidio registran promedios comparables a los de ciudades europeas. Para no hablar de las llamadas fronteras invisibles, que son una expresión de confinamiento inaudito.

La pregunta es cómo responder a un desafío que, de no contenerse, crea una relación donde víctima y victimario, conectados por la extorsión, cohabitan bajo la fórmula conocida como chantaje siciliano: un modus operandi donde el victimario posa ofreciendo un servicio, y la víctima, obligada y silenciosamente, paga. Los casos en nuestro medio abundan. Qué tal la historia de conductores de servicio público que diariamente incluyen entre sus obligaciones la cuota para los ‘controladores de ruta’ o el ‘pago por el alistamiento’, so pena de ser asesinados o su vehículo, incinerado.

La respuesta institucional debería construir confianza como un factor multiplicador de rechazo al delito y un facilitador de la denuncia ciudadana. Es verdad que sin la denuncia no se desencadenan los procesos judiciales, pero es cierto también que, si no se crean condiciones mínimas de seguridad para las víctimas, ellas estarán en todo su derecho de no arriesgar sus vidas. Crear confianza implica que las autoridades se propongan ganar credibilidad aceptando la realidad, reconociendo el problema y actuando sin dilaciones.

Resultados demostrativos de eficacia institucional son posibles si el trabajo en equipo, de alcaldes, jueces, fiscales y policías convence a la comunidad de que de cada diez denuncias por extorsión, al menos en Colombia, ocho terminan con la captura de los responsables. Fortalecer las organizaciones comunitarias, promover la movilización ciudadana, decir radicalmente no a los extorsionistas y desplegar una estrategia de control territorial integral, basada en la fórmula exitosa de los cuadrantes policiales, deben ser parte de una respuesta persistente.

Que ninguna autoridad se asuste con un incremento de las denuncias por extorsión. Por el contrario, el éxito es movilizar masivamente a los ciudadanos para que no guarden silencio. El verdadero problema es que los ciudadanos no denuncien por temor y desconfianza en las autoridades.

General Óscar Naranjo

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