Editorial: Una obligación incumplida

Editorial: Una obligación incumplida

14 de junio 2013 , 07:22 p.m.

Verdad, justicia y reparación de sus víctimas fueron los compromisos que en el 2005 adquirieron más de 32.000 paramilitares desmovilizados a cambio de no pagar condenas de 40 años y más, por su temible prontuario de crímenes, cometidos durante un poco más de veinte años de existencia, siempre al margen del Código Penal.

De todas esas obligaciones, que son la esencia de la ley de justicia y paz, cuyo incumplimiento conllevaría la pérdida de los beneficios de pena alternativa, es la reparación la que arroja las mayores cifras negativas, tal como lo demostró esta semana un informe publicado por este diario.

Por estos días, cuando se cumplen los 8 años de vigencia original de esa norma, el balance de lo que entregaron los paramilitares para nutrir el Fondo Nacional de Reparación es, literalmente, escandaloso y un preocupante precedente respecto a la capacidad estatal para llevar a cabo tales tareas, más si se tiene en cuenta lo que en este mismo sentido se avecina con las Farc. Por lo pronto, la verdad monda y lironda es que los resultados en materia de verdad y justicia no están siquiera cerca de cumplir las expectativas.

En todo este tiempo, los hombres que por décadas se dedicaron al despojo de miles de hectáreas y al narcotráfico en medio de la guerra apenas han entregado bienes por 113.000 millones de pesos. En su mayoría se encuentran invadidos o tienen tantas obligaciones pendientes que sanearlos para las víctimas resulta más caro que dejarlos en el abandono.

Entre tanto, la reparación por vía administrativa, que es la que el Estado les dará a cerca de 5,5 millones de afectados por el conflicto y que se pagará con plata puesta por todos los colombianos, podría superar los 50 billones de pesos en la próxima década.

Más allá de la decisión de asumir directamente la reparación, que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos asumió en buena hora como una de sus banderas, y de la que se han beneficiado cerca de 157.000 personas, el Estado colombiano está en mora de emprender acciones concretas para enfrentar la situación. Ejecutar lo que ordena la ley y expulsar a los que le incumplieron a la reparación, con la consiguiente aplicación de las máximas condenas, es el primer paso.

Pero encontrar las fortunas escondidas, muchas de las cuales están en el exterior, en manos de familiares y testaferros, es el gran reto. Es bien conocido que la captura de rentas por los cabecillas de estas organizaciones no solo se dio para financiar sus máquinas de la muerte, sino que muchos de ellos tenían la clara intención de acumular capital, y para ello se valieron de todo tipo de sofisticadas artimañas a fin de camuflar su patrimonio mal habido. Para ser claros, es así como se expresa el menosprecio que desde un primer momento estos redomados criminales mostraron por dicho mecanismo legal. Con verdades a medias y entrega de bienes que están lejos de figurar entre sus más valiosas propiedades, se sigue lesionando la dignidad de unas víctimas, que no deberían, por ninguna razón, seguir viviendo un calvario.

Y es que no tiene justificación que, mientras en Colombia los que sufrieron su violencia tengan que conformarse con la ayuda que les dará el Estado para recomponer sus vidas, sufriendo toda suerte de privaciones, los victimarios logren burlar al país recuperando su libertad tras una corta estancia en prisión –comparada con sus crímenes– y con las fortunas que amasaron con sangre y narcotráfico.

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.