La OEA y el problema de las drogas

La OEA y el problema de las drogas

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13 de junio 2013 , 05:45 p.m.

Los presidentes del Perú y Estados Unidos se reunieron esta semana y acordaron promover la cooperación entre sus países contra el “flagelo” de las drogas. No es la primera vez. El bilateralismo ha tendido a ser la política preferida para enfrentar los problemas asociados con las drogas ilícitas en el continente. Pero la experiencia indica que, sin un enfoque multilateral efectivo, cualquier nuevo esfuerzo estará lleno de frustraciones hemisféricas.

El informe reciente de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre “el problema de las drogas” responde a la necesidad de explorar salidas conjuntas a un problema de dimensiones globales. No es un informe prescriptivo. Su objetivo es propiciar un diálogo más abierto sobre el tema, iniciativa que sigue a las propiciadas con anterioridad por las comisiones que han liderado expresidentes latinoamericanos y otras figuras de talla internacional.

Es un trabajo complejo, dividido en una sección analítica y otra de examen de escenarios, ambas basadas en otros seis estudios que cubren distintos aspectos del problema. Expertos en la materia podrían decirnos si el informe representa avances significativos respecto de lo que ya se sabe. Solo tengo espacio aquí para algunos comentarios al “reporte analítico”, lleno de información útil y actualizada sobre las distintas facetas del problema, ya sea su producción o consumo o la violencia criminal con que se lo asocia.

Según el informe, los vacíos de conocimiento en muchas áreas siguen siendo enormes. Llama la atención la aparente falta de colaboración de todos los Estados miembros. Quince de los treinta y tres Estados de la OEA no parecen tener estrategias sobre el problema o no proveyeron la debida información. El informe no revela sus nombres. Pero sí advierte que la falta de conocimiento adecuado no permite identificar cuáles políticas han sido las más efectivas.

No es un tema simple. Dado el carácter multifacético, las políticas son, así mismo, variadas frente al consumo, la producción o el tráfico. Los países andinos, Colombia en particular, parecen haber tenido estrategias efectivas contra la producción de la coca en los últimos años. Es una efectividad relativa, que debería tener en cuenta los largos, trágicos y costosos años de esfuerzos.

Tampoco sabríamos mucho, o con certidumbre, qué tan seria es la violencia derivada de las drogas, aunque D. Mejía y P. Restrepo han estimado para el caso colombiano que un aumento del 10 por ciento del precio internacional de la cocaína se traduce en un incremento de la tasa de homicidios entre 1,2 y 2 por ciento. El informe añade que las organizaciones criminales han expandido sus operaciones transnacionales para cubrir un amplio número de actividades, además de las drogas, como el tráfico de armas, la prostitución y el contrabando de órganos del cuerpo humano. La advertencia aquí es clara: estos grupos criminales seguirían existiendo si desapareciera la economía ilegal de las drogas.
El informe, sin embargo, sugiere abrir el diálogo sobre alternativas posibles ante el actual sistema regulatorio, sobre todo respecto de la marihuana. No llega a conclusiones definitivas. Sugiere sí que el uso de las drogas debe abordarse como problema de salud pública en vez de su criminalización.

Quizás por la misma naturaleza de la institución que lo propició, el informe debe cuidarse de las sensibilidades de los Estados miembros. Así, el resultado final parece algo insatisfactorio, al apelar al tiempo a la unidad de propósitos y a las diversas circunstancias nacionales. Pero el informe cumple su cometido de propiciar un debate necesario.

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