Colombianos eran engañados para ser explotados en Argentina

Colombianos eran engañados para ser explotados en Argentina

No es el primer caso de redes que operan con ese fin en ese país. Ya había ocurrido con bolivianos.

13 de junio 2013 , 05:34 p.m.

La red de trabajo esclavo, por la que se encuentran detenidas 20 personas de nacionalidad colombiana en Argentina, y que tenía en condiciones de explotación laboral a 202 colombianos, tuvo su epicentro en la provincia de Córdoba.

Allí, la Justicia investiga a una exlegisladora provincial, quien también es exfuncionaria en el área de Derechos Humanos de la Provincia y actual asesora de un concejal de la ciudad capital de esa provincia.

Se trata de Liliana Juncos, cuyo galpón y una vivienda de su propiedad fueron allanados, en la calle Maestro Vidal 1100 del barrio Muller de esa ciudad.

El operativo estuvo a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que había detectado la llegada de numerosos colombianos de condición humilde que se hospedaban en casas humildes.

De allí surgió la investigación que según la AFIP derivó en 20 allanamientos en todo el país y el rescate de 202 ciudadanos colombianos, sin que se dieran a conocer los nombres, ni de los detenidos, ni de los dos presuntos jefes con pedido de captura internacional a Interpol.

Tan solo se divulgó que entre los arrestados se encuentra el supuesto cabecilla de la organización, conocido con el sobrenombre del ‘contador’.

Según el fiscal federal de esa provincia, Edgardo Senestrari, a cargo de la investigación, Liliana Juncos es asesora del concejal Patricio Serrano. El allanamiento a la casa y el galpón se hizo debido a que “fue verificado que hubo contactos de gente de la familia Juncos que estaban gestionando contratos de servicio a nombre de estas personas colombianas”.

Juncos, una militante peronista de dilatada trayectoria en esa provincia, había tenido que renunciar en 2010 a su cargo de directora de Derechos Humanos en la provincia, cuando fue señalada como presunta cómplice de una banda de narcos involucrada en el asesinato de una menor.

Según Senestrari, en declaraciones a la prensa local, las víctimas llegaban al país con ofertas engañosas. “Muchos vivían en los mismos lugares donde eran explotados y hasta había menores de edad”, que eran obligados a trabajar en un taller para la producción de canastos de plástico.

El modus operandi era muy similar a los múltiples casos que se dieron con la comunidad boliviana. Personas de esa nacionalidad contrataban a gente en su país para trabajar en los talleres textiles. Una vez en Argentina, eran alojados en esos mismos talleres en condiciones indignas, para trabajar de sol a sol, con escaso descanso y salarios ínfimos, lo que caracterizó al país como un centro de ‘trata de personas’, según las reiteradas denuncias de Gustavo Vera, de la ONG La Alameda, muy cercana al papa Francisco.

“Argentina se convirtió en un paraíso de trata de personas por falta de leyes, porque las autoridades hacen la vista gorda o muchas veces son cómplices de las mafias”, acotó Vera.

En el caso de los colombianos, se realizaron más de 70 allanamientos en Córdoba, Mendoza, Misiones, San Juan, Santa Fe, Jujuy, Salta, Chaco, Tucumán y Buenos Aires. En nuestra provincia, hubo procedimientos en Río Cuarto, Villa del Rosario, Villa Nueva y Pilar, entre otras ciudades.

Los operativos fueron llevados a cabo por la Afip, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Aduana, Migraciones y la Gendarmería.

Los delitos que se investigan son tráfico de personas, trata de personas con fines de explotación laboral y fabricación y venta clandestina de muebles. Ahora el propio fiscal aclaró que se investigará cuál era el destino del dinero y si realizaban otras actividades.

“Es una organización muy bien estructurada y eso llama la atención. La estructura es mucho más compleja de lo que justificaría la simple fabricación de muebles”, aseguró Senestari.

JOSÉ VALES
Corresponsal de EL TIEMPO
BUENOS AIRES

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