¿Una fanfarronería?

¿Una fanfarronería?

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10 de junio 2013 , 10:34 p.m.

Es una paradoja. En el momento mismo en que el Presidente anuncia que Colombia aspira a entrar a la Ocde tiene que ver cómo en el país estalla una crisis judicial de proporciones. No pasó una semana de haber tenido que declarar una emergencia para atender los problemas de hacinamiento, salud y servicios en las cárceles, cuando en las más altas instancias de la administración de justicia todo se sacude por las pugnas internas de poder, choques de intereses y graves acusaciones entre magistrados.

Para un observador internacional que haya leído los titulares de los periódicos en los últimos cinco días, las pretensiones colombianas de querer entrar en el “club de los países más ricos” no serían más que un acto de fanfarronería.

Ningún país que no tenga un sistema de justicia que garantice la independencia, idoneidad y rigurosidad de los jueces, y que tampoco asegure las condiciones mínimas para el castigo y la resocialización de los delincuentes, puede aspirar a ser parte de esa élite global. La razón es elemental. Mientras que la calidad de los jueces es condición para la estabilidad jurídica, el adecuado tratamiento de los delincuentes es requisito para el combate del delito.

El problema está en que la crisis de la justicia que vive Colombia ya es orgánica. No solo refleja la fractura de las bases constitutivas del Poder Judicial. También es el producto del abandono y el manejo equivocado que durante décadas les ha dado la dirigencia colombiana a la organización y desarrollo de la administración de justicia en el país.

Las pugnas en las altas cortes evidencian el fracaso de las reformas que se han impulsado desde 1975, en las que no se sabía si se trataba de resolver la politización o el clientelismo que surgían de las estructuras de poder en que está apoyada la Rama Judicial, o si más bien se buscaba solucionar los problemas de congestión o ineficiencia originados en su funcionamiento. Está claro que los reformadores han dedicado todos sus esfuerzos a mejorar la eficiencia de los despachos judiciales, pero han evitado tocar los problemas de fondo de la estructura y el gobierno de la Rama, como el sistema de selección y cooptación de jueces y magistrados, o el manejo de la planeación y el presupuesto de la justicia, que implica asuntos tan importantes como la creación y supresión de despachos y cargos judiciales, en cuya base radican los problemas de operación del sector.

Por su parte, la emergencia carcelaria dejó al descubierto la incapacidad de los distintos gobiernos para entender la política penitenciaria y el manejo de las cárceles como un componente crucial de la administración de justicia. El esfuerzo aquí ha sido tan limitado que la denuncia hecha en 1963 por el entonces director de prisiones, Bernardo Echeverri, de que Colombia vivía una crisis marcada por “numerosas fugas, homicidios y masacres dentro de los penales, ignorancia de los funcionarios para manejar los establecimientos de reclusión, crueldad o pasividad de los guardianes, etc.”, todavía podría ilustrar con lujo de detalles los problemas que hoy han forzado la declaratoria de emergencia.

Si quiere entrar en el “club de los países más ricos”, además de las económicas, Colombia tiene que garantizar condiciones jurídicas. No solo deberá asegurar un aparato de jueces competente y efectivo. También un sistema de castigos suficientemente confiable como para que los países miembros de la Ocde estén dispuestos a trabajar conjuntamente en asuntos tales como la persecución de los delitos que afectan el crecimiento o la defensa de los derechos de los consumidores.

Sin esa condición, Colombia se va a quedar en la puerta esperando la membresía. O, lo que es peor, que todo quede reducido a un acto de fanfarronería.

Pedro Medellín Torres

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