La mitad de bienes de Auc para reparar a las víctimas están invadidos

La mitad de bienes de Auc para reparar a las víctimas están invadidos

Desmovilizados, supuestas víctimas y esposas de 'exparas' ocupan 201 propiedades.

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10 de junio 2013 , 10:29 p.m.

La entrega de bienes para reparación de las víctimas sigue siendo, semanas antes de cumplirse la vigencia original de la Ley de Justicia y Paz, el compromiso más incumplido por los paramilitares desmovilizados en el gobierno de Álvaro Uribe.

La norma, aprobada a mediados del 2005, tenía vigencia de ocho años y les daba a los ex-Auc el beneficio de penas mucho más bajas por sus crímenes a cambio de verdad, justicia y reparación. Y aunque hay críticas internacionales porque las condenas aún no tocan a los grandes jefes ‘paras’ –que, sin embargo, han pasado todos estos años en la cárcel–, es la reparación el frente con menores avances.

Desde el 2005, los victimarios entregaron bienes por apenas 113.000 millones de pesos, una cifra que para la directora de la Unidad de Víctimas, Paula Gaviria, es irrisoria comparada con los casi 55 billones de pesos que podría costar la reparación por vía administrativa.

Ese desolador panorama se agrava porque al menos la mitad de las 407 fincas, casas y apartamentos entregados al Fondo Nacional de Reparación están invadidos, algunos de ellos precisamente por desmovilizados de las autodefensas o por herederos de los capos de las Auc (ver notas anexas al final).

Por ejemplo, aunque judicialmente todo está resuelto, el Fondo de Reparación no ha podido destinar a las víctimas seis predios de Córdoba valorados en 6.200 millones de pesos, entregados por el exjefe ‘para’ Salvatore Mancuso en el 2008.

Esas haciendas, situadas en Tierralta y que engloban 1.503 hectáreas, están ocupadas desde hace siete años por 557 desmovilizados del ‘bloque Catatumbo’ y sus familias.

Ellos conformaron la Asociación Maderera Agrícola y Ganadera del Sinú (Asomags) y se niegan a entregar los predios, donde crecen plantaciones de acacias.

El caso es complejo porque los desmovilizados, liderados por el ex-Auc Manuel Caballero, aseguran que Mancuso y el excomisionado Luis Carlos Restrepo, hoy en líos con la justicia, acordaron que ellos se quedarían con esas fincas para desarrollar proyectos productivos al menos durante 25 años.

“Desde entonces, el Gobierno nos dejó solos. De aquí no nos vamos a ir hasta que nos den solución”, dice. En esas mismas tierras el Fondo ha tenido que realizar operativos con la Policía pues, debido a los líos para poder administrarlas, grupos ilegales están robando la madera. Hace un mes 5 personas fueron capturadas.

Los bienes ‘problema’

La Unidad de Víctimas, la institución que maneja al Fondo, asegura que ha buscado salidas para la encrucijada con los desmovilizados ofreciéndoles trabajo, pero que, en últimas, de no llegar a un acuerdo, tendría que recurrir a la Fuerza Pública. “No tenemos dinero ni bienes; si nos sacan de aquí, vamos a ser 557 familias desplazadas”, respondió el líder de los desmovilizados.

Entre tanto, al menos 10.000 familias víctimas en Córdoba siguen esperando que les cumplan los compromisos de restitución y reparación.

El caso de Tierralta se repite en Balboa (Risaralda), donde ‘exparas’ de alias ‘Macaco’ ocupan las fincas que el jefe del ‘bloque central Bolívar’ entregó en esa región. Como Asomags, dicen que su jefe y el gobierno de Uribe hicieron un acuerdo para dejarlos con esas tierras.

El coordinador del Fondo de Reparación de Víctimas, Juan Camilo Morales, aseguró que 8 de cada 10 bienes entregados tienen problemas. En todo este tiempo, apenas 27 bienes están listos para la venta (todos entregados por Mancuso, el jefe de las Auc que más le cumplió a la reparación).

En Simití, sur de Bolívar, unas 40 personas mantienen ocupadas, desde hace un año, 300 hectáreas, cultivadas con palma de aceite, de la finca El Cairo, entregada por los jefes del ‘bloque central Bolívar’. “Dicen que son víctimas y que tenían la titularidad de esas tierras, pero aún no han podido demostrarlo”, dice el Fondo.

Ni un peso de fortunas escondidas en el exterior ha llegado al Fondo

La ley de justicia y paz –y así quedó remarcado en la reforma del año pasado, que permitió que responsables de delitos cometidos hasta el 2012 pudieran acogerse a la norma– castiga a los victimarios que escondan los bienes para reparar a sus víctimas, con la pérdida de la pena alternativa.

Sin embargo, hasta ahora no aparecen la totalidad de las fortunas amasadas por los máximos capos de las Auc en más de 20 años de guerra y narcotráfico. Así, las propiedades de los hermanos Castaño en Europa, sus colecciones de arte y las inversiones en paraísos fiscales siguen en manos de los delincuentes. Lo propio ha pasado con empresas de fachada creadas por otros capos en países como Ecuador, Costa Rica y Panamá.

Hace menos de un mes, la Fiscalía pidió excluir de justicia y paz a Carlos Mario Jiménez, ‘Macaco’, a quien le encontraron bienes escondidos por 17.000 millones de pesos. “A diferencia de los jefes de la guerrilla, casi todos los de las autodefensas tenían planes de un ‘retiro dorado’ en el exterior. De esa plata no se sabe nada”, dice un investigador.

Por otra parte, el Fondo de Reparación tiene líos para administrar propiedades que son inviables: acaba de negarse a recibirle a la Fiscalía unas oficinas en Cali que no valen más de 60 millones de pesos, pero que tienen deudas por 80 millones. Otros bienes han sido desvalijados. Es el caso de un edificio en Turbo y una hacienda de lujo en Cáceres (Antioquia).

Familias de jefes ‘paras’ reclaman propiedades

Las esposas y familiares de postulados a Justicia y Paz también pretenden quedarse con bienes entregados para la reparación de las víctimas. Es el caso de Doralba Giraldo, una de las compañeras sentimentales del ‘patrón de la Sierra’, el capo Hernán Giraldo Serna. Ella y su hija se niegan a entregar un piso en un lujoso edificio de Santa Marta, que fue entregado por el extraditado jefe ‘para’. En los archivos del Fondo también aparecen como reclamantes el hijo de Ramón Isaza, que alega la propiedad de unas mejoras en un lote que su padre entregó en Puerto Triunfo. Una de las excompañeras del temido jefe paramilitar ‘Macaco’, quien también paga pena en Estados Unidos, está reclamando propiedad sobre bienes de ese capo en Medellín, Copacabana y El Poblado y una casa de lujo en Sabaneta. Entre tanto, miles de propiedades siguen en manos de testaferros o de sucesores de los jefes paramilitares que quedaron fuera de juego.

‘Fiscalía debe agilizar casos’

Paula Gaviria, directora de la Unidad de Víctimas, aseguró que los 113.000 millones de pesos en bienes entregados por exjefes ‘paras’ es una cifra irrisoria.

¿Los paramilitares han cumplido con el compromiso de reparación?

Es evidente que no. Ocho años de justicia y paz para solo haber entregado 113.000 millones de pesos en bienes, es insuficiente.

¿Qué va a hacer el Fondo para buscar más recursos?

Nos hemos dedicado a hacer un esfuerzo para mejorar la administración de estas propiedades y volverlas rentables. También estamos buscando otras fuentes de recursos en el sector privado.

¿Los paramilitares siguen escondiendo bienes?

La Fiscalía debe agilizar las investigaciones. Esperamos que con la priorización de la macrocriminalidad se develen esas estructuras de poder que los ocultan.

MILENA SARRALDE DUQUE
Redactora de Justicia

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