Editorial: El siguiente escalón

Editorial: El siguiente escalón

10 de junio 2013 , 08:15 p.m.

De no tener éxito los recursos que presentará la administración de Gustavo Petro contra la manera en que se recolectaron 630.623 firmas, 357.250 de ellas válidas, según la Registraduría, para poner a consideración de los bogotanos su continuidad en el palacio Liévano, Bogotá vivirá muy pronto una inesperada contienda electoral que, sin lugar a dudas, agitará un poco más el ambiente político distrital, ya bastante convulsionado, y que en días recientes se ha caldeado aún más por las decisiones judiciales contra concejales y exfuncionarios partícipes en el escándalo del ‘carrusel’ de la contratación.

Como si esto y una serie de polémicas –entre otras, la que rodea la aprobación del POT– fueran poco, es altamente probable que la capital tenga ahora que vivir un proceso que inevitablemente agudizará una polarización que viene en aumento.

De ahí que, a la hora de enumerar los contras de esta iniciativa, este aspecto sobresalga. Propios y extraños coinciden en que, si algo necesitaba Bogotá luego de vivir la más oscura de las noches, era construir unos mínimos comunes sobre los cuales renaciera la confianza de sus habitantes en lo público, sólida y ejemplar hace diez años, deteriorada y porosa hoy.

En tal sentido, más de un observador ha señalado que, como si se tratara de la hija de dos padres en pleno divorcio, la ciudad será la más perjudicada con la contienda. Lo natural, aunque no lo ideal, es que buena parte de la atención –de la Administración, pero también del Concejo y de la opinión– se concentre en la campaña y no en una serie de asuntos urgentes: los rezagos en campos cruciales como la competitividad o la movilidad, por ejemplo.

Dicho esto, hay que ver también el vaso medio lleno. Este episodio debe fortalecer la cultura democrática de los bogotanos, así como, de salir avante, dejar un gobierno con legitimidad robustecida. Es necesario, así mismo, subrayar que contar con este mecanismo y con personas dispuestas a utilizarlo es, en últimas, algo sano para la democracia y consecuencia del avance de una forma de entenderla, en la que la participación no se limita al día de elecciones, sino que comprende también un seguimiento de la gestión de los gobernantes.

El ‘estrenar’ la revocatoria en la capital –hasta la fecha, en el país, se han convocado 37 plebiscitos de esta clase sin que ninguno haya resultado exitoso– implica una responsabilidad para el burgomaestre y para sus promotores. Sobra decir que ambos tienen la obligación de permanecer dentro de los cauces legales, y de aceptar tanto las reglas de juego como a quienes las aplican. Y es que en sus manos está una herramienta que los trasciende, un derecho político de los colombianos, que nace en una asamblea constituyente convocada, a su vez, democráticamente y en la que, no sobra recordarlo, el entonces grupo político del Alcalde jugó un papel determinante.

Ya embarcados, hay que exigir que el debate esté a la altura de las expectativas de una ciudad que se ha caracterizado por su vitalidad democrática. De ahí que se esperen argumentos antes que señalamientos o, peor, generalizaciones. Todos deben tener claro que se trata de una instancia democrática, no de una reyerta personal.

En este nuevo escalón ya no es un grupo de ciudadanos los que quieren la revocatoria. Ahora es toda la ciudadanía la que está siendo interpelada respecto a la continuidad de su gobernante, en el marco de un orden en el que el poder público emana del pueblo, que es soberano.

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