'Revolcón' total en el campo anuncia el nuevo Minagricultura

'Revolcón' total en el campo anuncia el nuevo Minagricultura

Se hará una gran reforma catastral rural para acabar con el 'engorde' y la especulación.

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08 de junio 2013 , 11:25 p.m.

Total revolcón en el sector agropecuario, incluyendo un gran censo agropecuario, una reforma catastral y el estímulo a la dedicación de la tierra a la agricultura, y no a la ganadería, anuncia el nuevo ministro de Agricultura, Francisco Estupiñán Heredia.

Revela que se creará un organismo que aglutine todas las instituciones con funciones dispersas que “atomizan” la política agropecuaria.

Estupiñán, quien se desempañaba como presidente del Banco Agrario, desde el 2010, fue también viceministro de Hacienda y director de Presupuesto Nacional. Es uno de los grandes conocedores de la problemática agropecuaria.

¿Cuál es su primera misión en el Ministerio?

Aterrizar y consolidar todo el acuerdo agrario de La Habana. Ese es, sin duda, un acuerdo histórico, que llena de esperanza a toda la población.

¿Qué significa “aterrizar”?

Hacer un inventario de todas las acciones que debe adelantar el Ministerio de Agricultura y articularlas con otras entidades del Estado.

Uno de los puntos centrales del acuerdo es el acceso a la tierra. ¿Qué hará?

No partimos de cero. El ministro Juan Camilo Restrepo dejó una muy buena ruta: emprendió la restitución de tierras, que a la fecha les ha permitido a más de 400 familias víctimas del despojo recuperar sus predios, unas 13 mil hectáreas, y se creó el programa de formalización de la propiedad rural con el que, a través del Incoder, se han formalizado 2 millones de hectáreas. En el curso de los próximos doce meses, se formalizará un millón de hectáreas adicionales.

¿Cuánta será la tierra que se restituirá?

Eso depende de las sentencias que profieran los jueces agrarios creados por la Ley 1448. Hoy en día la Unidad de Restitución de Tierras ha recibido cerca de 40 mil solicitudes con las que se reclaman más de 2,7 millones de hectáreas. Esas reclamaciones tienen que ser verificadas rigurosamente. En manos de los jueces de restitución se encuentran 1.724 demandas.

Pero, con esa cantidad de demandas y reclamos, ¿pasarán muchísimos años, antes de que los jueces agrarios decidan?

No. La Ley 1448 redujo sustancialmente los términos. Antes una familia víctima del despojo tenía que esperar 20 años para recuperar su predio. Hoy, en promedio, el proceso no dura más de 10 meses.

¿Y si tienen suficientes jueces?

Hay 39 jueces y 15 magistrados, pero en la medida en que el proceso lo requiera, se nombrarán nuevos jueces. Al Consejo Superior de la Judicatura le pedimos 60 y nos ha prometido que lo hará.

¿Cuando dice que se debe facilitar el acceso a la tierra, qué quiere decir?

Que aquellos campesinos que hoy no tienen derecho a la tierra, lo tengan.

¿Cuántos campesinos hay en Colombia?

El 30 por ciento de la población vive en el sector rural. Entonces estamos hablando de una población superior a los 12 millones de personas.

¿Cuántos no tienen tierra?

No existe un censo actualizado que permita establecer con cierto grado de confiabilidad qué tantos campesinos no tienen tierra. Pero hay un hecho preocupante y es que en Colombia el 48 por ciento, cerca de un millón 700 mil predios rurales, no tienen títulos registrados. Por esta situación y por lo que impone la implementación del primer gran acuerdo de paz de La Habana, se requiere de un revolcón en el sector agrario.

¿Qué tipo de “revolcón”?

Es necesaria una nueva institucionalidad. Hay que crear una entidad especializada que se encargue del manejo de la tierra en Colombia. Hoy en día eso está disperso: una unidad se encarga de la restitución de tierra; otra, de la formalización; otra, del registro de propiedad. El sistema catastral está totalmente desactualizado. Es necesario agrupar estas funciones en una sola entidad. Se requiere de una reforma a fondo del sector rural y del sector de tierras.

¿El Estado tiene suficiente tierra para atender las demandas?

Sí. Hay suficiente tierra. El Fondo para la Paz derivado del acuerdo agrario de Cuba tendrá, a finales de 2014, un millón de hectáreas provenientes, entre otras fuentes, de la recuperación de baldíos indebidamente adjudicados y de las ricas tierras que se encuentran en la Dirección Nacional de Estupefacientes. Y no vamos a entregar a los campesinos ‘peladeros’ como se dice popularmente. Será tierra estructurada y lista para ser trabajada. Por eso necesitamos un censo agropecuario. Hace 40 años no se realiza.

¿Y lo va a hacer?

Sí. Ya se está trabajando en eso. El censo vale 300 mil millones de pesos. Los resultados se entregan en el 2014.

¿Pero, concretamente, para qué es el censo?

Es que no se sabe qué tierra hay, ni qué características tiene, ni qué servicios presta. El censo permitirá asignar eficientemente los recursos presupuestales. Pero además se requerirá de una actualización catastral porque muchos de esos terrenos están subvalorados, no están pagando los impuestos que deben ser, no tienen el uso agrícola debido, muchos son lotes de engorde y especulación. Hay que diseñar programas de riego, de asistencia técnica, de formación de capital humano; que esos campesinos tengan salud, educación y tierras con infraestructura.

¿A qué se refiere cuando denuncia la existencia de “lotes de engorde”?

Tierra que está siendo utilizada para la especulación; hay fincas que simplemente pagan bajos impuestos, esperando a que el Estado construya obras de infraestructura que les valorice la tierra. Eso no puede seguir así.

¿Qué porcentaje de la tierra está dedicado a la agricultura y cuál a la ganadería?

Colombia tiene 114 millones de hectáreas. 39,99 millones están dedicadas a ganadería y un poco más de cinco millones a la agricultura.

¿Eso hay que invertirlo?

Claro que sí. Hay que buscar cómo se les saca provecho a esas tierras.

¿Cómo se hace si el Gobierno ha dicho que la tierra privada no se va a tocar?

De una manera muy simple: actualizando el avaluó catastral para el sector rural. Esas tierras deben tener un valor real y pagar los impuestos respectivos. Hay que quitarle los incentivos a la improductividad de la tierra.

¿Viene una revisión catastral rural?

Sí. Ya está contratada. Se tiene un crédito con el Banco Mundial que va a apoyar la construcción de un catastro rural que hoy no existe.

¿Es decir, se harán dos cosas: reforma al catastro y censo?

Sí. Todo se hará el año entrante.

¿Yo podría afirmar que nadie sabe hoy de quién es la tierra en Colombia? Hablo de la tierra en general.

Parcialmente. El 48 por ciento de los predios rurales no tiene títulos ciertos…

¿En el censo que se va a realizar no está incluido el inventario de quiénes son realmente los propietarios de la tierra?

Sí, por supuesto. Ese censo tiene que ser cruzado contra la información de carácter catastral y por eso se propone que haya una unidad que maneje todo el registro, y en ese registro, obviamente, está la tradición, la información de cómo se adquirieron esos inmuebles.

¿Cuál es el problema de riego que hay en el país?

En Colombia la tierra con riego es muy escasa. Bajo riego y drenaje son aproximadamente 1,1 millones de hectáreas. Ese es uno de los aspectos centrales de los costos de producción. Una tierra sin riego produce la décima parte de lo que produce una con riego. Desde hace 50 años en este país no se construyen unos verdaderos distritos de riego y esa es una de mis tareas: en los próximos tres años vamos a construir 600 nuevos distritos de riego, que tienen un costo cercano a los 3 billones de pesos. Este año se van a entregar cerca de 200 pequeños distritos que este gobierno ha hecho. Permítame decirle que, en materia agraria, lo que se debe y tiene que hacer, con Farc o sin Farc, es distritos de riego. Con Farc o sin Farc, este tema de la restitución de tierras camina porque camina.

Solución a caso del Vichada

¿Cuál es su opinión sobre las denuncias del senador Jorge Robledo sobre las tierras del Vichada?

Colombia tiene aún mucha tierra inexplotada que necesita grandes capitales. La Corte Constitucional produjo una sentencia según la cual las compras de tierra hechas después de la Ley 61 del 94 eran operaciones indebidas, porque los compradores estaban acumulando más del número máximo de hectáreas permitidas y que, en consecuencia, como eran nulas esas operaciones, tendrían que volver a su estado original. Muchas de las empresas que compraron lo hicieron pagando, en términos comerciales, el valor real de esa tierra. En ellas se hicieron grandes proyectos que han generado progreso, empleo, educación, vivienda. Existe, además del fallo de la Corte, un concepto de la Sala de Consulta del Consejo de Estado que dice que esta prohibición comienza en el 61, no en el 94.

¿Qué significa eso?

Que tenemos que buscar fórmulas de arreglo entre esos antiguos propietarios y los inversionistas.

¿Para que los campesinos participan de las utilidades?

Lo ideal es que ellos participen y que no pierdan su tierra. Esa podría ser una alternativa que deberán evaluar las instancias que profirieron los fallos.

¿En dónde está la infracción cometida por las grandes empresas?

En que existía la prohibición de que nadie podía exceder cierto número de UAF (Unidades Agrícolas Familiares) en esas zonas. Hay que buscar algún arreglo porque eso traería el abandono de proyectos productivos y sobre todo ahuyentaría la inversión tanto nacional como extranjera en ese tipo de proyectos. Existe la posibilidad de que esos campesinos se asocien, aporten, arrienden sus tierras, no que las vendan, a esos proyectos y que trabajen en su explotación.

¿La Corte aceptó que los campesinos participen?

Creo que la Corte aceptaría la participación como tenedores de acciones, que sean inversionistas, colocando la tierra, trabajando la tierra, estando allí y, obviamente, beneficiándose de ese integrador… además, el riesgo financiero lo corre el inversionista no el pequeño propietario. Hay que aclarar que estas denuncias las investiga desde hace varios meses el Incoder. Lo que dice el senador Robledo no es novedoso. Hay que buscar una solución que garantice que los campesinos van a continuar siendo dueños de la tierra, pero también la continuidad de las grandes agroindustrias allí instaladas.

¿Y eso cómo se hará?

Ese es el gran chicarrón que tenemos que arreglar con el apoyo del Congreso.

Yamid Amat
Especial PARA EL TIEMPO

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