Editorial: Salud: hora de la sensatez

Editorial: Salud: hora de la sensatez

08 de junio 2013 , 09:46 p.m.

Todos reconocen que el sistema de salud requiere una reforma estructural y profunda y que es este el momento de sacarla adelante. Aunque eso parecen entenderlo con claridad el Gobierno, el Congreso y todos los actores del sector, que reflejan al país entero, todavía falta claridad sobre cómo hacerlo en el tiempo que hay y sobre cómo darles cabida a las diversas discusiones que se generan en torno a un asunto tan serio.

Algunos consideran que los problemas de la salud son tan graves que precisan de soluciones inmediatas en el marco de los actuales tiempos legislativos, que, en el caso de una ley estatutaria, no van más allá de las próximas dos semanas.

Otros manifiestan, no obstante, que el debate requiere un plazo más amplio, que permita la mayor participación posible, mediante audiencias, como ha ocurrido con el abordaje de la ley ordinaria.

Sin embargo, lo de los plazos y los tiempos resulta ser lo de menos si se compara con las cuestiones que encierra una situación que afecta a 46 millones de colombianos y que hoy tiene polarizado al país. No es exagerado decir que el justo medio que se requiere en este caso es un protagonista que hace rato desapareció del escenario. Si bien la salud es un derecho fundamental, reconocido por las altas cortes, hay quienes afirman que es necesario hacerlo explícito en una ley que toque la Constitución, dado que se viola de manera sistemática.

Aunque nadie pone en duda que es responsabilidad del Estado, el alcance del mismo también genera posiciones encontradas. Algunos plantean que el bienestar y la salud como derecho están por encima de cualquier condicionante económico, pero otros piensan que ningún país del mundo, por pudiente que sea, puede promover la expectativa de los beneficios ilimitados.

El manejo de los jugosos recursos del sector, que hoy bordean, de acuerdo con algunas fuentes autorizadas, los 39 billones de pesos anuales (y que dentro del sistema tienen el carácter de públicos), ha generado un enfrentamiento con fuertes visos ideológicos.

De un lado están quienes sostienen que veinte años de despilfarro y malos manejos del sector privado justifican la centralización de estos dineros en un fondo único de recaudo y de pago, bajo responsabilidad del Estado. En el otro se alinderan aquellos que piensan que dejarlos en manos del sector público alimentará la politiquería, la burocracia y la corrupción.

Este pulso toca directamente la participación o no del sector privado en la cadena de operadores de la salud; eso es innegable. Precisamente, tal aspecto avivó los debates en el seno de las comisiones primeras de Senado y Cámara esta semana, durante el trámite de la ley estatutaria.

Lo que subyace a dicha preocupación es el futuro de las EPS dentro del sistema. Con una altísima carga ideológica, que prácticamente se traduce en consignas, algunos parlamentarios reclaman su desaparición absoluta, lo cual contrasta con posturas esgrimidas por el propio Gobierno, que ve necesario un cambio en la esencia de tales entidades asignándoles nuevas reglas y tareas y la imposibilidad de gestionar dineros públicos.

También ha vuelto a la palestra el papel de la descentralización y la capacidad de los entes territoriales para manejar de manera autónoma la salud. En este sentido, algunos consideran que la debilidad institucional y las asimetrías evidentes en el proceso son un factor de riesgo, pues le achacan gran parte de la crisis a la captura del sector, en muchas regiones, por políticos, corruptos y grupos armados de toda índole. Pero sería injusto desconocer las experiencias positivas en algunas regiones, que abonan los debates en torno a una distribución regional que compense los desequilibrios.

Lo anterior evidencia el hecho de que reformar la salud es tan urgente como trascendental para Colombia. Pero el país no puede darse el lujo de cometer de nuevo el craso error de hacerlo de manera atropellada y solo con la intención de buscar remedios para problemas coyunturales.

Después de muchas dudas, el Gobierno y el Congreso decidieron jugarse a fondo por un nuevo y definitivo proceso a través de dos vías: la primera es una ley estatutaria, que espera su aprobación definitiva en plenaria; si bien proporciona las reglas de juego y los principios que fundamentarán el modelo de salud, no puede caer en el absolutismo ni en el desborde de expectativas que la conviertan en un saludo a la bandera.

El segundo camino es una ley ordinaria, que empieza su trámite en las comisiones séptimas. Está muy claro que este será el verdadero tinglado en el que tendrán que definirse, con acierto, la garantía del derecho, los compromisos de todos los actores, el manejo efectivo y transparente de los recursos, la participación de la gente y la forma como se medirá y evaluará el sistema, sin temor de rescatar lo mejor de lo público y lo privado

Es ahora o nunca. El tiempo de asumir la tarea se acabó, y cumplirla será difícil si se permite que la polarización, los tintes ideológicos convertidos en consignas y los intereses particulares den otra vez al traste con el esfuerzo de darle una respuesta efectiva al más sentido reclamo: tener por fin un sistema de salud organizado, sostenible, realista y capaz de tratar con acierto y dignidad a todos los colombianos.

editorial@eltiempo.com.co

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