Testaferro de la guerrilla, detrás del crimen de jefa de Dian en Neiva

Testaferro de la guerrilla, detrás del crimen de jefa de Dian en Neiva

El empresario sería contacto de las Farc con la mafia mexicana. Tiene tres investigaciones.

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08 de junio 2013 , 08:46 p.m.

A mediados de enero se empezó a correr la voz, en el bajo mundo de Neiva, de que se necesitaba un grupo de sicarios para matar a una señora importante.

Para esa época, a Celia Escobar, la jefa de Fiscalización de la Dian en Huila, ya le habían ofrecido 28 millones de pesos a cambio de que cesara las indagaciones en contra de empresarios y de exportadores de tilapia que no tienen cómo justificar sus millonarios ingresos.

Pero la funcionaria, que había salido de su natal Caquetá por amenazas, rechazó el soborno y siguió adelante, segura de que estaba tras la pista de una gigantesca operación de lavado de activos.

Cuatro meses después, el 10 de mayo, su asesinato, en una calle de Neiva, les confirmó a las autoridades que la funcionaria iba muy bien encaminada. “La hipótesis más fuerte que se maneja es que uno de esos empresarios la mandó a matar”, reveló un investigador. Y agregó: “Desde un primer momento nos dijeron que un sujeto de 42 años pagó entre 30 y 50 millones de pesos para eliminarla”.

Aunque las autoridades pidieron que su nombre no sea revelado, para no afectar la investigación, EL TIEMPO estableció que el hombre en cuestión aparece en páginas sociales huilenses al lado de gente influyente, invierte en proyectos extravagantes –al estilo del capo Pablo Escobar– , es contratista público y, a la vez, está siendo investigado como un presunto lavador de activos de la guerrilla de las Farc.

Uno de los indicios más fuertes que lo vinculan con este crimen es que la persona que fue a la Dian a ofrecerle el soborno a Celia era contador de varias de sus firmas y fue asesinado en febrero a las afueras de Neiva. Este hallazgo ha hecho que la hipótesis de que la funcionaria fue asesinada por problemas personales pase, por ahora, a un segundo plano.

La Fiscalía cree que, mediante uno de sus publicitados proyectos, el empresario en cuestión le ha blanqueado dinero del narcotráfico a la columna ‘Teófilo Forero’.

Y, además, que él es el contacto con los temidos carteles de Sinaloa y del Golfo de México, socios de esa guerrilla.

EL TIEMPO investigó y pudo establecer que sobre este mismo sujeto no solo pesan dos requerimientos fiscales, por mora en el pago de impuestos, sino además tres indagaciones penales, por homicidio, estafa y robo.

Aumento de homicidios

La dimensión de lo que está sucediendo en el Huila la conoció el alto gobierno hace una semana, en un encuentro que sostuvo con líderes sociales.

Allí entregaron evidencia de cómo parte del departamento se convirtió en lavandería de la mafia, que se camufla en ciudades intermedias, sobre todo en Pitalito.

Ese pueblo, a hora y media de Mocoa (Putumayo), es la sede de dos personajes claves de esta estructura criminal.

Uno de ellos, conocido como el ‘Sinaloeño’, es un ciudadano mexicano que sirve de enlace con el ‘Paisa’, cabecilla de la ‘Teófilo’ y encargado del negocio del narcotráfico en el cinturón geográfico conformado por Nariño, Cauca, Caquetá, Putumayo y Huila.

“Además de tener un harén de jovencitas, el ‘Sinaloeño’ envía a huilenses a México para que trabajen con su organización. Nos han repatriado a cuatro y dos de ellos nos llegaron en ataúdes”, contó uno de los líderes presentes en la reunión.

El otro personaje es ‘Patrocinio’, dueño de un molino de arroz y de varias ferreterías, y ficha de la banda de los ‘Urabeños’. Todo indica que esa banda criminal les está ayudando a los mexicanos a sacar la coca de las Farc. Inteligencia militar le reveló a este diario una interceptación, de enero, en la que la guerrilla manifiesta la urgencia de ‘exportar’ 500 toneladas.

Al respecto, el congresista Carlos Rojas, oriundo de Pitalito, dijo que es bien sabido que la guerrilla incrustó testaferros en ciudades pequeñas e invierte en taxis, edificios y locales, generando una cultura mafiosa que ha llegado a ser aceptada socialmente.

Pero el gobernador del Huila, Carlos Mauricio Iriarte, aseguró que no hay datos oficiales sobre lavado de activos, “solo especulación”. Además, que el aumento de homicidios (de 122, en los primeros seis meses de 2012, a 155, en 2013) se debe más a riñas que a delincuencia organizada.

A pesar de su diagnóstico, se continúa verificando de dónde salen las 35.000 toneladas de tilapia que supuestamente se producen y exportan cada año en esa región del país.

Fiscalía trabaja sobre dos pistas por muerte en Cali

Investigadores de la Fiscalía completaban el viernes la última tanda de entrevistas con los compañeros de trabajo de Jorge Eliécer Valencia, el funcionario de la Dian asesinado a tiros hace 9 días.

Su intención es establecer cuál de las últimas pesquisas de este analista contra redes de contrabando, que llega y sale por Centro América, desencadenó la orden se asesinarlo. El proceso investigativo, que apenas comienza, le fue asignado el jueves a la Unidad de Vida de Cali y está montado sobre dos pistas: la primera plantea la posibilidad de que el crimen de este administrador de empresas de 44 años, con 20 en la Dian, esté ligado al decomiso de 4.000 millones de pesos en partes de celulare, en un centro comercial en febrero pasado. El otro, está relacionado con lavado a través de importación de calzado.

Y aunque en un principio e la Dian negaron saber de amenazas, la Fiscalía considera ahora la versión de la esposa de Valencia que indica que u hombre le advirtió que tenía sus días contados.

En La Guajira hay más funcionarios en la mira

Lo único que recuerda Isabel Oñate, la única sobreviviente al atentado contra funcionarios de Migración Colombia en la vía Maicao-Paraguachón, es que los hombres que dispararon 300 veces contra la camioneta en la que iban, vestían de camuflado y tenían ametralladoras. Diez minutos después, apareció un soldado que la abrazó y le pidió que sacara fuerzas pensando en sus hijos, y que saliera del carro antes de que este explotara. Hoy, 18 días después de esa emboscada, en la que luego murieron dos policías, la pista más certera es la de que alias ‘Nica’, ‘Aguilar’ y ‘Emerson’ ordenaron la ejecución. Además, que pertenecen a las Farc, que manejan la extorsión de comerciantes en esa zona del país y que trabajan de la mano con ‘los Urabeños’ en el tráfico de estupefacientes y de gasolina.

Los tres trabajan con Emi Solano Uriana, que delinque en la frontera con Venezuela. Pero el dato que más preocupa y que EL TIEMPO confirmó con fuentes oficiales es que tienen sentenciados a dos miembros más de Migración Colombia y a un alto oficial de la Policía que les viene siguiendo los pasos. La amenaza circula en la región desde febrero, cuando Migración instaló el puesto de control y se apoyó en expertos que venían investigando a estos grupos criminales. A pesar de los ataques y de la amenaza, los controles seguirán y la Fiscalía anuncia las primeras capturas.

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