Nación debe responder por asesinato de taxista en zona del Caguán

Nación debe responder por asesinato de taxista en zona del Caguán

Consejo de Estado ordenó al Ministerio de Defensa indemnizar a la familia con más de $500 millones.

07 de junio 2013 , 11:49 a.m.

El asesinato de un taxista en Caquetá hace 13 años a manos de las Farc por prestar el servicio de transporte a un grupo de soldados cerca de la zona de despeje del Caguán, que en ese momento había sido decretada por el Gobierno para adelantar diálogos con el grupo subversivo, terminó en una condena a la Nación.

En una sentencia de reparación, la Sección Tercera del Consejo de Estado ordenó al Ministerio de Defensa indemnizar a la familia de la víctima con más de 500 millones de pesos. En este caso hubo omisión de las autoridades para garantizar la seguridad de los ocupantes del vehículo de servicio público que se desplazaba por la vía Florencia - Paujil en el departamento del Caquetá.

Según el fallo, la víctima, “además de estar expuesta a los abusos que cometían sistemáticamente los grupos insurgentes en sus retenes, por la falta de presencia y reacción estatal (...), la demandada (el Ejército) omitió hacer la presencia a la que estaba obligada, aunado a que no tomó las previsiones para que el objetivo de los insurgentes alcanzara no solo a sus efectivos, sino también a la población civil".

El hecho ocurrió en la mañana del 16 de noviembre del 2001. El taxista y los soldados que transportaba se vieron rodeados por los subversivos que invadieron la carretera y montaron un retén ilegal. Después de requisar el vehículo, determinaron que el pasajero era un militar vestido de civil y lo asesinaron. Luego se volvieron hacia el constructor y también lo acribillaron, acusado de ser colaborador de las Fuerzas Militares.

El caso en un reflejo de la ausencia de Fuerza Pública que se presentó en esa zona del país y que facilitó prácticas delictivas sobre ese corredor vial del Caquetá que conduce a San Vicente del Caguán --en ese momento la sede de los diálogos-- y afectó a municipios como Florencia, La Montañita, El Paujil, El Doncello y Puerto Rico y se dio paso a que se cometieran arbitrariedades como la ejecución de particulares indefensos.

"En el departamento de Caquetá, mientras estuvo vigente la zona de distensión --1998 y 2002--, la presencia de las Farc se incrementó notablemente, hecho del que no se requiere prueba, dada su notoriedad, al punto que bien puede afirmarse que la organización armada ejerció dominio sobre varios municipios colindantes al área de despeje", indicó el fallo.

El Consejo de Estado también cuestionó la falta de previsión del Ejército en la zona de controlar las actuaciones de sus efectivos e impartir instrucciones para que evitaran poner en riesgo a la población civil. Los mandos militares debieron facilitar medios de transporte para evitar que sus hombres se desplazaran por tierra y utilizando medios de transporte público. Esto, “además de asumir su propio riesgo, puso en peligro a los particulares”, agregaron en la sentencia.

REDACCIÓN JUSTICIA

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.