'No se pueden aceptar abusos en nombre de la paz': Consejo de Estado

'No se pueden aceptar abusos en nombre de la paz': Consejo de Estado

Detalles del fallo que condenó a la Nación por lo ocurrido en la zona de despeje.

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06 de junio 2013 , 09:01 p.m.

“Al margen de las decisiones políticas que dispusieron el despeje del territorio, así como de la legitimidad de las mismas, lo cierto es que el demandante no tenía que soportar las consecuencias de aquellas, así las conversaciones de paz hubiesen llegado a feliz término”.

Consideraciones como esta fueron esgrimidas por el Consejo de Estado en la sentencia en la que hace responsable a la Nación por los abusos que cometieron las Farc durante los cuatro años que tuvieron a su disposición 42.000 kilómetros cuadrados en el suroriente del país. Esa fue el área despejada para adelantar los diálogos de paz con el gobierno del presidente Andrés Pastrana Arango.

En la decisión, que favorece a un ganadero de San Vicente del Caguán (Caquetá) asesinado en el 2003, los magistrados concluyeron que la falta de autoridades permitió el hurto de más de dos mil cabezas de ganado que el demandante mantenía en su finca.

El caso ocurrió en noviembre de 1998. Según el ganadero Ismael Díaz, horas después de haber sido decretado el despeje, una columna de las Farc ingresó a su propiedad y se llevó 3.200 reses. Demandó a la Nación y pidió una indemnización de casi 5.000 millones de pesos.

Además denunció haber sido víctima de dos atentados que les costaron la vida a siete de sus empleados. En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Caquetá condenó al Estado y ordenó una indemnización de 811 millones de pesos. La Nación, en cabeza del Ministerio de Defensa, apeló ese fallo.

La Sección Tercera del Consejo de Estado encontró que desde noviembre de 1998, cuando se decretó el despeje en esa zona de Meta y Caquetá, las acciones delictivas y los atentados de las Farc se incrementaron y que la población quedó a merced de la guerrilla.

Nadie investigó

El orden público quedó en cabeza de los alcaldes de los cinco municipios que, con autorización del Gobierno crearon un Cuerpo Cívico de Convivencia para reemplazar la acción de la Fuerza Pública. Las denuncias sobre los abusos cometidos por las Farc fueron atendidas por la Defensoría del Pueblo, ante la ausencia de jueces y fiscales.

“La ausencia estatal en el ámbito judicial, ejecutivo y militar no permitió el desarrollo de investigaciones, como tampoco la apertura de causas criminales”, dice el fallo.

Agrega que el Estado debió mantener la protección de la población al margen de los pactos que suscribió con la guerrilla.

Los representantes del Ministerio de Defensa y el Ejército sostenían que lo ocurrido fue producto de una decisión política y que los desmanes fueron cometidos por un tercero (en este caso las Farc ) sin ninguna relación con las instituciones.

Fallo alerta al Gobierno

El ministro del Interior, Fernando Carrillo, dijo ayer que ese fallo debe ser tenido en cuenta para blindar el actual proceso de paz con las Farc.

“Esto sienta un precedente importante; no debe repetirse hacia al futuro. Por ello el Gobierno dejó las reglas claras en el proceso de paz”, dijo el funcionario.

Las negociaciones avanzan en un marco que impide despejes y cese de operaciones militares, agregó.

El presidente del Consejo de Estado, Alfonso Vargas, aclaró que quienes no demandaron dentro de los dos años siguientes a los hechos ya no podrán reclamar indemnizaciones.

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