Editorial: Un silencioso flagelo

Editorial: Un silencioso flagelo

05 de junio 2013 , 08:21 p.m.

Primero fue Celia Escobar. El pasado viernes 10 de mayo, cinco disparos de sicarios motorizados que la abordaron a la entrada de su hogar en Neiva terminaron infamemente con la vida de esta funcionaria de la Dian, quien, como jefa de Auditoría Tributaria en el Huila, tenía a su cargo nada menos que 430 investigaciones por evasión.

Las intimidaciones de quienes se veían afectados por su labor, inequívoca señal de que hacía las cosas bien, no eran algo nuevo para ella: a esta dependencia del ente recaudador había llegado tras recibir amenazas cuando trabajaba en Florencia (Caquetá). Falta que la justicia se pronuncie, y es de esperar que no tarde, pero no es aventurado plantear, según los primeros indicios, que su rectitud y honestidad eran un obstáculo para los criminales.

Apenas tres semanas después, y mientras conducía su auto por el barrio La Independencia de Cali, Jorge Valencia Daza fue blanco de cuatro proyectiles, que pusieron fin a su vida y a una destacada carrera de 20 años, también en la Dian. Como parte del Grupo Operativo de Fiscalización, sus últimas actuaciones habían logrado perturbar a las poderosas mafias que introducen mercancía de contrabando a través del puerto de Buenaventura.

Así, de la peor forma posible, el país recibió una nueva advertencia sobre el poder de las organizaciones criminales que se alimentan de este delito. Valga decir que, mientras actividades ilegales fuente de cuantiosas rentas, como el narcotráfico o, incluso, la minería ilegal, están en la mira de las autoridades y cada vez más de la sociedad, con el contrabando no necesariamente ocurre lo mismo.

De hecho, se puede hablar de una actitud laxa frente a tal práctica delictiva, que no permite una sanción social para quienes a ella se dedican e ignora que los recursos que produce son el combustible de las bandas y de otras expresiones del crimen organizado.

Lo primero es tener claro que este flagelo está lejos de limitarse a camuflar mercancía en los pasos fronterizos. No. Tiene lugar también a través de movidas que incluyen subfacturación, sobrefacturación, declaraciones de importación con partidas arancelarias diferentes de las reales y obtención fraudulenta de exenciones, entre muchas modalidades. Y el costo para el país es gigantesco.

La Federación Nacional de Departamentos ha calculado que, a causa del contrabando de licor y cigarrillos, dichos entes territoriales dejan de recibir anualmente un billón de pesos, que deberían destinarse a la educación y la salud de los menos favorecidos. El tamaño del contrabando es igualmente monstruoso: según el director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, mueve nada menos que 6.000 millones de dólares cada año.

Es hora de tomar el toro por los cuernos, una tarea por mucho tiempo aplazada y de responsabilidad compartida. Hay que proteger a los funcionarios. Hay que dotar de mejores herramientas de control tributario a las autoridades, y con tal fin, el Congreso debe darle trámite, sin dilaciones, al proyecto de ley anticontrabando, que subsana muchas de las falencias que impedían un control más eficaz.

Pero no es solo cuestión de legislación. No menos importante es depurar de manzanas podridas a la Dian y a la Policía Fiscal y Aduanera, y, a través de la educación, lograr que las nuevas generaciones entiendan que la trampa puesta al Estado es una buena forma de negarles a millones la posibilidad de vivir mejor. Ese es el mejor homenaje que el país puede hacerles a los valerosos funcionarios caídos.

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