Fallo abre puerta a demandas por abusos en zona de despeje

Fallo abre puerta a demandas por abusos en zona de despeje

Tribunal ordena reparar a ganadero a quien le robaron reses en el Caguán. Fue asesinado en 2003.

05 de junio 2013 , 07:31 p.m.

La Sala Tercera del Consejo de Estado, con ponencia de la magistrada Stella Conto Díaz del Castillo, condenó a la Nación por la afectación en la seguridad de una familia en plena zona de despeje con las Farc durante el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana. La decisión dice que no se tomaron las medidas para proteger a los habitantes de la zona. El fallo, que está próximo a notificarse, abre las puertas a que se vengan más demandas por lo que sucedió en esa zona.

La sentencia señala que no se tomaron las medidas para proteger a los habitantes de la zona y que la ausencia de fuerza pública en el área dejó a la población indefensa. “Aunque había autoridades administrativas estas no podían cumplir la función de defender a los pobladores”.

La demanda contra el Estado había sido interpuesta por el ganadero Ismael Díaz Gaitán el 5 de mayo de 1999, quien pedía ser reparado porque entre el 12 y el 22 de noviembre, días después de que Pastrana autorizara el despeje de los municipios de San Vicente del Caguán (Caquetá) y Mesetas, La Macarena, Vista Hermosa y La Uribe (Meta), las Farc le robaron 3.282 cabezas de ganado.

Díaz interpuso la acción judicial ante el Tribunal Administrativo del Huila en contra del Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional, alegando que las fincas y ganaderías se hallaban sin protección militar alguna, lo que permitió que la guerrilla robara sus reses.

La indemnización que pidió el ganadero por los daños ocasionados era mínimo de 2.240 millones de pesos por los perjuicios materiales, morales, actuales y futuros causados por el robo. Sin embargo, la condena que hoy ratifica el Consejo de Estado establece que la indemnización será en abstracto ya que no se pudo establecer la cuantía de los daños y los perjuicios sufridos.

Díaz, quien fue acusado por las Farc de tener nexos con grupos paramilitares y recibió de esta guerrilla ocho atentados, fue asesinado el 13 de junio del 2003 en su vivienda en Neiva.

Durante la misma época en la que se dio la denuncia de Díaz, la Federación de Ganaderos (Fedegán) denunció ante el Estado que la guerrilla había robado además 8.000 reses de propiedad del Fondo Ganadero del Meta, además del cobro de extorsiones para la movilización del ganado.

En agosto del 2003, un año y siete meses después de que el Gobierno de Pastrana pusiera fin a los diálogos con las Farc, el Tribunal Administrativo de Caquetá condenó a la Nación considerando que “si bien la Fuerza Pública y en general el Estado colombiano obró en interés de todos los ciudadanos al establecer la zona de distensión para dialogar con las Farc, perjudicó a su vez a un grupo específico de la población al dejarlos desprotegidos y a la merced de las Farc... obligándose (el Estado) a reparar los perjuicios acaecidos”. Diez años después de que la Nación apelara el fallo, la decisión fue ratificada por el Consejo de Estado.

REDACCIÓN JUSTICIA

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