Un general y un almirante en el Senado

Un general y un almirante en el Senado

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05 de junio 2013 , 05:27 p.m.

En el Senado de la República, desde el año de 1971 –con la intervención del general Hernando Currea Cubides como ministro de Defensa–, ningún otro oficial de insignia (cuerpo de generales o almirantes) había hablado con la contundencia del general Jaime Ruiz Barrera y la sabiduría del tema del almirante Rodrigo Quiñones sobre la necesidad de restablecer el Código de Justicia Penal Militar en Colombia.

El señor almirante Quiñones expresó: “En el caso de la Fuerza Publica, cuando hay investigaciones siempre los militares son culpables hasta que se demuestre lo contrario”.

Los contradictores, de acuerdo con el director y el subdirector de Acore, son los grupos de izquierda.

Analicemos al primer contradictor, Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas. Fue el defensor de los secuestradores y asesinos de Gloria Lara, el 29 de noviembre de 1982.

Permaneció secuestrada cinco meses, y su cadáver pesaba 25 kilos por el abuso durante el cautiverio. Sus asesinos, 16 en total, se identificaron como la Organización Revolucionaria del Pueblo (ORP).

Fueron capturados, pero el abogado Gallón logró que el juez superior de Bogotá los dejara en libertad provisional para que continuaran sus acciones revolucionarias, y fueron involucrados posteriormente en el secuestro y homicidio del ingeniero de la Texas Kenneth Stanley Bishop y su escolta.

Amnistía Internacional, que se opone al Código de Justicia Penal Militar, le consiguió asilo político al grupo de “revolucionaros” en países europeos.

El 18 de febrero se dictó cesación de procedimiento porque no prosperó declarar el asesinato de Gloria Lara en estado de embarazo por sus captores como crimen de lesa humanidad.

Los colectivos de abogados de izquierda lograron que se decretara crimen de lesa humanidad para detener injustamente al coronel Alfonso Plazas y al general Armando Arias por la desaparición en combate de la guerrillera Irma Franco, condenada a 28 años de cárcel por entrar armada con ocho secuaces al Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985 y asesinar a los celadores.

El representante Iván Cepeda mantuvo durante el debate un fuerte altercado con el general Jaime Ruiz.

El exterminio de la Unión Patriótica por Carlos Castaño, en el cual mataron a Manuel Cepeda –el padre de Iván–, es repudiable. Lo mismo sucede con todo homicidio, como el extermino cometido por las Farc con los reinsertados del Epl, que se transformaron en Esperanza, Paz y Libertad, y sigue la lista con los campesinos asesinados en el Cauca.

Los diálogos de paz con las Farc van por buen camino, pero se necesita el Código de Justicia Penal Militar porque la guerra no se va a terminar; ya hay grupos importantes de las Farc que se están uniendo con armas a la banda delincuencial de ‘los Rastrojos’, y no todos se van a desmovilizar.

El motor de la guerra es el negocio de los estupefacientes, y este no se termina con un acuerdo ni los narcotraficantes se van a desmovilizar. Además, hay otros grupos inmersos en el conflicto del narcotráfico, llámense ‘bacrim’, Eln, Farcrim, etc.

Es inadmisible que por falta de un código de Justicia Penal Militar estén detenidos el coronel Plazas y el general Arias, porque la fiscal Buitrago y la juez Jara confunden la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, altar de la patria, con una academia delincuencial.

El Código de Justicia Penal Militar es necesario, porque es un derecho adquirido para los militares en todo el mundo y a lo largo de la historia; el militar debe ser juzgado de acuerdo con sus leyes y con su oficio, que es la guerra.

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