Víctimas piden cárcel para Carlos Albornoz, exdirector de Estupefacientes

Víctimas piden cárcel para Carlos Albornoz, exdirector de Estupefacientes

Por el contario, representante de la Procuraduría dijo que no es necesaria medida de aseguramiento.

05 de junio 2013 , 11:26 a.m.

El representante de las víctimas apoyó la solicitud de la Fiscalía y pidió ante el juez 31 de garantías que Carlos Albornoz, exdirector de la DNE; Tito Arcadio Perilla y Carlos Enrique Robledo fueran enviados a un centro de reclusión carcelaria.

“No son un peligro para la DNE sino para la sociedad. Se trató de bienes del Estado que fueron vendidos a un precio menor. Todos los funcionarios tenían conocimiento de la existencia y venta del bien”, dijo.

El representante de víctimas se opuso a la intervención del Procurador argumentando que si hubo concierto para delinquir. “Son delitos de cuello blanco que llevaron al detrimento patrimonial. Hubo un acuerdo de voluntades entre las personas acá presentes para omitir los avalúos y autorizar la venta del bien (Granja 32)”, dijo.

En su intervención, también indicó que “no se puede decir que no se hizo el descubrimiento probatorio completo, esto es una audiencia preliminar y no es el escenario para debatir pruebas, para eso está la audiencia de juicio oral”.

Contrario a la solicitud de las víctimas y la Fiscalía, el procurador Miguel Ángel Carvajal señaló que no es necesaria la medida de aseguramiento contra los imputados.

Carvajal cuestionó que la Fiscalía no hizo una imputación clara. “Para esta agencia del Ministerio Público resulta razonable que puede haber una inferencia razonable de la autoría o participación en el delito de peculado por apropiación pero no en concierto para delinquir”.

La semana pasada, la Fiscal 42 de la Unaim solicitó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de Carlos Albornoz, Tito Arcadio Perilla y Carlos Enrique Robledo argumentando que son un peligro para la comunidad.

“La libertad de los imputados resulta peligrosa para la comunidad por el número de delitos y la posible continuación de la actividad delictiva”, dijo.

Además señaló que se tratan de hechos que implican el mayor reproche social. “Nótese que las conductas de los imputados son delitos contra la administración pública. Es decir se trata de comportamientos que afecta la comunidad e implican privar a la nación de los recursos”, agregó.

REDACCIÓN JUSTICIA

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