El norte de Antioquia se divide entre el progreso y la violencia

El norte de Antioquia se divide entre el progreso y la violencia

Mientras se construye la hidroeléctrica más grande del país se libra una cruenta guerra.

02 de junio 2013 , 10:28 a.m.

No habían pasado dos días de haber asesinado a tres soldados en Briceño, cuando el frente 36 de las Farc prohibió el libre tránsito de buses de servicio público en el municipio del norte de Antioquia a la vez que instaló explosivos en cercanías a la carretera. Eso pasó la semana pasada. Y no es una excepción, es la constante en el norte de Antioquia. El último bastión del grupo insurgente en la región.

Lo paradójico es que esos pueblos –sobre todo Briceño, San Andrés de Cuerquia, Ituango y Toledo– son parte importante del área de influencia del proyecto en energía más ambicioso del país: Hidroituango, lo que ofrece un contraste en el queconfluyen el progreso económico y la violencia que emana del conflicto armado.

“No es un control lo que tienen (las Farc), lo que han logrado es tener una presencia histórica en el Norte”, explica el secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño.

Esa presencia, aclara el funcionario, hace más complejo enfrentar efectivamente a la guerrilla que, además de imponer toques de queda en zonas rurales, minan caminos y fincas (ver anexa) para proteger sus cultivos ilícitos y menguar las operaciones en su contra.

“Hay que enfrentarlos con institucionalidad y aunque aún falta, ya hemos ganado mucho”, dice Londoño refiriéndose al plan integral que realizan en varios de los municipios del Norte.

Sin embargo, para Carlos Mario Méndez, subgerente Ambiental de EPM –empresa encargada de la construcción de Hidroituango–, aún falta mucho en ese trabajo institucional: “Todos los que tengamos que ver con la zona del proyecto debemos unirnos más: el Estado, la Gobernación, EPM y las instituciones y así llevar proyectos sociales, de vías, de salud y educación a las comunidades”.

Aunque en los pueblos ya se percibe más la presencia del Estado, gracias a la construcción de la hidroeléctrica, Méndez no puede negar que el poder que ejerce las Farc en la zona ha ocasionado retrasos en su construcción.

De hecho, el cronograma de obras debería haber avanzado a la fecha en un 20 por ciento pero van en un 15.
“La confrontación armada allí ha sido histórica y con el proyecto continúa con las mismas dimensiones que antes. Es cierto que hacer proyectos en una zona compleja es más difícil, pero esperamos que todos los procesos avancen”, manifiesta Méndez.

Aunque no se conoce un comunicado oficial de las Farc amenazando el megaproyecto, sí han realizado atentados en contra de la maquinaria. La quema de buses y la instalación de explosivos –estrategias por excelencia del frente 36– no solo impiden el paso de los soldados y habitantes, sino que además generan serios problemas para los avances de la hidroeléctrica puesto que obreros e ingenieros quedan atrapados en las carreteras perdiendo hasta 10 días de trabajo mientras el Ejército retira las minas que suelen dejar los guerrilleros.

No se puede negar que la Fuerza Pública viene ganando terreno en la lucha contra la guerrilla, pero las estrategias de esta para evitar la avanzada suelen ser más efectivas. Solamente en las zonas rurales de Ituango y Briceño siembran minas antipersona en plenas carreteras terciarias.

Lo cierto es que en medio de esa guerra se construye Hidroituango, que es -para muchos- la esperanza del norte de Antioquia que aún espera salir de la pobreza.

Piden a Farc que desminen

Durante los cuatro primeros meses del 2013 se presentaron en Antioquia 39 víctimas por minas antipersona sembradas por las Farc &ndash22 de los casos se presentaron en el Norte&ndash, 34 de ellas resultaron heridas y las otras 5 murieron. Lo más grave es que en 18 de los casos las víctimas fueron civiles y 21 militares.

Si se observan las cifras desde 1990 al 30 de abril del 2013, en la región había 2.303 víctimas, el 22 por ciento del total de las que se han presentado en Colombia. Ante la crudeza del panorama la gobernación de Antioquia envió un comunicado a La Habana para que el fenómeno de las minas antipersona sea parte de los compromisos que debe asumir la guerrilla.

Las Farc deben demostrar como gesto de paz su compromiso para contribuir con la ubicación de minas antipersonal (Sic.) que facilite las labores de desminado, así como asumir ya la decisión de no continuar instalando nuevas minas, dice el comunicado.

"No tiene sentido que se acuerde un tema agrario mientras sigan sembrando minas en fincas", indicó el secretario Londoño.

Exigen que ejército salga de colegio y que no señalen a los campesinos

A través de una misiva, la Asociación de Campesinos de Antioquia le hizo saber al gobernador Sergio Fajardo su inconformidad por la estadía de la Brigada Móvil 18 en lo que hasta el 2004 fue la única sede del instituto universitario Jaime Isaza Cadavid.

“Crece el urgente clamor de las comunidades de Ituango para que el atrincheramiento que hace la Brigada Móvil No. 18 en todo el centro del casco urbano (...) sea levantado”, piden en la carta.

De acuerdo con Edilberto Gómez, coordinador de la Asociación, tener esa especie de base improvisada protegida con trincheras hechas con bultos de arena en la mitad del pueblo es un peligro para la sociedad civil: “Estamos en medio del conflicto. Allí hay enfrentamientos constantes y por la noche no hay quién se pase por ahí. No pedimos que los soldados se vayan del pueblo pero sí que ubiquen la base a las afueras”, manifestó.

Aunque Londoño, aclaró que esa decisión es competencia de las autoridades militares, dijo que los enfrentamientos nunca se han presentado ni en “la base ni en sus alrededores”.

Ante esto, el pasado jueves, la Cuarta Brigada se negó a la petición de los campesinos.

“Si Fajardo habla tanto de Antioquia la más Educada que interceda y recupere ese espacio construido para la educación y no para la guerra”, expresó el líder campesino a la vez que denunció unos supuestos señalamientos, de parte de la Brigada Móvil 18, en contra de los habitantes de Ituango.

“Hacen detenciones arbitrarias, nos dicen que somos auspiciadores de la guerrilla y a algunos, sobre todo a los jóvenes, los golpean y los interrogan”, añadió.

Londoño es conocedor del tema y aseguró que los casos denunciados ya están siendo investigados.

“Hemos estado atentos a muchas de estas quejas y señalamientos. Nuestra dirección de Derechos Humanos, DIH y Víctimas acompaña a muchas de estas personas que instauran las quejas (...) No hay posibilidad de institucionalizar si se hace contrario al DIH”, concluyó.

Yeison Gualdrón
Redactor de EL TIEMPO
Medellín

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.