La tenebrosa alianza que azota a La Guajira

La tenebrosa alianza que azota a La Guajira

Emboscada de hace una semana iba contra Migración Colombia y sería retaliación por controles.

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01 de junio 2013 , 08:11 p.m.

Una poderosa llave criminal entre guerrilleros del frente 59 de las Farc y bandas criminales está detrás del asesinato, hace una semana, de dos funcionarios de Migración Colombia y de dos policías en La Guajira.

Las bandas –que, aunque a veces usan ‘chapas’ nacionales como ‘los Urabeños’ o ‘los Rastrojos’, son grupos locales que llevan décadas traficando gasolina y droga en la zona de frontera– son también los principales sospechosos para las autoridades nacionales del secuestro de los españoles María Concepción Marlaska Sedano y Ángel Sánchez Fernández, el pasado 17 de mayo, que se encontraban de turismo en la región.

Y aunque inicialmente fue atribuido a las Farc, el asesinato de dos policías de Carreteras en febrero de este año fue cometido por esos grupos. Una descarnada fotografía de ese crimen fue publicada por el expresidente Álvaro Uribe en su cuenta de Twitter.

De esa magnitud es el poder que han adquirido en la península grupos de delincuentes comunes que –como ‘los Emis’, ‘los Aguaditos’ y una versión reeditada de ‘los Curicheros’, temidos asesinos de los 90– han terminado aliados con las guerrillas que se mueven en esa zona de frontera.

En La Guajira, los que se atreven a viajar por las polvorientas trochas del departamento, muchas veces con los carros llenos de contrabando, saben de memoria a qué poder criminal deben pagarle la ‘vacuna’. En ese tramo puntual entre Paraguachón y Maicao donde se produjo la emboscada de hace una semana, manda la banda de Emi Solano Uriana.

Este hombre de ascendencia wayú encabeza a unos 30 hombres armados que se mueven entre Colombia y Venezuela, delinquiendo a ambos lados de la frontera. A su banda, que al parecer tuvo apoyo de guerrilleros, apuntan las investigaciones por la última matanza, que según la Fiscalía estaba específicamente dirigida contra los funcionarios de Migración Colombia.

La patrulla de la autoridad migratoria recibió al menos 300 disparos y luego fue incinerada. En el ataque murieron el director regional, Juan Carlos Gutiérrez, y uno de sus funcionarios, Carlos Solano. Isabel Oñate, la coordinadora administrativa de la entidad, sobrevivió milagrosamente.

Lo que ha logrado establecer la Fiscalía es que no fue una situación fortuita –inicialmente se dijo que un grupo irregular iba a volar el peaje cuando apareció la patrulla– sino una emboscada bien planeada en la que cayeron, además, dos policías que iban en otro carro.

La instalación de un puesto de control migratorio en la carretera y varias medidas contra la corrupción tomadas por Gutiérrez en el puesto fronterizo de Paraguachón estarían relacionadas con el ataque.

“Esos controles, que antes no se realizaban, sin duda incomodaron a alguien”, le dijo a EL TIEMPO una fuente de la región. Otra certeza es que los asesinos, que usaron fusiles AK-47, huyeron hacia territorio venezolano.

Con un claro divorcio entre las autoridades políticas, encabezadas por el polémico gobernador Francisco ‘Kiko’ Gómez, y las encargadas de la seguridad y la justicia en La Guajira, los violentos están tomando ventaja.

Ariel Ávila, investigador de la Corporación Arco Iris, asegura que una de las razones de fondo de la crítica situación es que “en ese departamento la parapolítica sigue viva”. Ávila está en una lista de periodistas e investigadores de Bogotá que han sido amenazados desde La Guajira.

“No hay confianza con el gobernador”, reconoció un alto funcionario consultado por este diario. Gómez, que fue elegido hace casi dos años en medio de serias denuncias en su contra por supuestos nexos con ilegales, cuenta entre su gente cercana a Marcos Figueroa García. Es un oscuro personaje que tiene entre sus antecedentes la cancelación, por razones que aún se investigan, de nueve órdenes de captura que había en su contra.

De hecho, ante el poder de corrupción e intimidación que tienen las bandas locales, se contempla el traslado de la investigación de la emboscada a Bogotá.

Otro factor en contra es la relativa facilidad que tienen los ilegales de refugiarse al otro lado de la frontera, muchas veces aprovechando su pertenencia a las comunidades indígenas de la zona. El camino hacia Venezuela fue el que cogieron, hace exactamente un año, los guerrilleros del frente 59 que asesinaron a 12 militares en Barrancas.

Mientras la región sigue pendiente de que las autoridades nacionales al fin pongan los ojos sobre lo que está pasando en La Guajira, en España sigue la incertidumbre por la suerte de sus dos nacionales secuestrados. La búsqueda se realiza ranchería por ranchería, pero hasta ahora no hay resultados.

‘Es una bomba de tiempo’

Ariel Ávila, de la Corporación Arco Iris, dice que en Bogotá no se han tomado acciones para enfrentar la situación de La Guajira. “Allá hay una bomba de tiempo, violencia y crimen protegidos por una gran impunidad”, señaló el investigador. En los últimos seis años, agrega, “el Estado golpeó a las Farc pero descuidó la criminalidad organizada”. “Autoridades locales están capturadas por la criminalidad”, advierte.

REDACCIÓN JUSTICIA

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