A la justicia colombiana le fue mal en informe de DD. HH. de EE. UU

A la justicia colombiana le fue mal en informe de DD. HH. de EE. UU

Principales problemas del 2012 fueron la "impunidad, corrupción y un sistema judicial ineficiente".

19 de abril 2013 , 04:36 p.m.

 Esto limitó la capacidad del Estado para investigar y sancionar a los responsables de abusos de DD. HH. según sostuvo el Informe Anual sobre los Derechos Humanos en el Mundo que fue presentado por el Departamento de Estado de Estados Unidos este viernes en Washington.

El reporte también expresa que a pese a “reducciones significativas”, las fuerzas de seguridad en Colombia continuaron cometiendo abusos contra los Derechos Humanos, entre ellos ejecuciones extrajudiciales, colaboración con grupos ilegales y torturas.

Así mismo, es muy crítico frente a las Farc y el Eln a los que acusa de numerosas abusos como secuestro, asesinato, uso de minas antipersonales y reclutamiento de menores.

“Los asesinatos políticos e ilegales continuaron siendo un serio problema y se presentaron varios reportes de que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron asesinatos extrajudiciales. (Sin embargo), continuaron presentándose menos reportes de militares presentando a civiles como muertos en combate en comparación con el 2008 y 2009 cuando cientos de esos asesinatos ocurrieron”, dice el informe en uno de sus apartes.

Citando estadísticas de la Fiscalía, el Departamento de Estado afirma que durante el año solo se presentó un caso de ejecuciones extrajudiciales atribuibles a las fuerza armadas. Pero luego menciona a la ONG Colombia, Europa Estados Unidos, según la cual fueron 19 los casos.

A lo largo del año, narra el Departamento de Estado, las autoridades arrestaron a 91 miembros del Ejército relacionados con ejecuciones extrajudiciales que en su mayoría ocurrieron antes del 2012.

Así mismo, documenta las sanciones contra casi 600 militares y policías por este tipo de casos en la última década. Pese a ello, sostiene el Departamento Estado, las investigaciones avanzaban con lentitud.

El reporte destaca, no obstante, los esfuerzos del gobierno por fortalecer a la Fiscalía y otros órganos de investigación.

“El gobierno logró considerables mejoras en la investigación y procesamiento de este tipo de abusos, pero las denuncias de impunidad en casos contra miembros de las fuerzas de seguridad siguieron siendo extensas. Eso se dio en algunas casos por obstrucción a la justicia, falta de recursos para investigar, para proteger a testigos y las tácticas dilatorias de los abogados defensores”, se afirma en el informe.

Aunque resalta las críticas de ONG según las cuales la Fiscalía solo ha condenado a personal de rango bajo, afirma, como contra peso, la sentencia de 25 años contra el General (r) Rito Alejo del Rió.

El informe menciona, a su vez, que el gobierno y las Farc están en un proceso de negociación y en las dos polémicas reformas constitucionales para establecer un marco jurídico para la paz y fortalecer el fuero militar, pero evita entrar en calificaciones.

Al referirse a las guerrillas, el Departamento de Estado dice que tanto las Farc como el Eln continuaron secuestrando por motivos políticos y económicos y le atribuye 17 secuestros al primero y 16 al segundo.

Pero luego cita estadísticas de la Policía que muestran una disminución en los secuestrados de las Farc. De 60 entre enero y julio de 2011, a 15 en ese mismo período del 2012.

Adicionalmente, sostiene que las minas antipersonales sembradas por las Farc y el Eln causaron la muerte de 75 personas (una reducción del 12 por ciento frente al año anterior).

En otro aparte, el Departamento de Estado afirma que el desplazamiento forzado siguió siendo un problema y menciona tanto las cifras del gobierno, que documenta 3.312 desplazamientos, como las de CODHES (43.000).

En el capítulo sobre corrupción incluye el caso de los hermanos Samuel e Iván Moreno por el escándalo de las contrataciones en Bogotá y la investigación por el programa de subsidios agrícolas del gobierno de Álvaro Uribe (Agro Ingreso Seguro).

También documenta, citando a la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), 158 incidentes de violencia contra periodistas en el país.

A diferencia del reporte del año pasado, en el que la Secretaria de Estado de entonces, Hillary Clinton, destacó los avances en materia de Derechos Humanos en el país, este carece de una mención semejante.

SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMO
WASHINGTON

 

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