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Mínimos de productividad y zonas de reserva campesina

En nuestra anterior columna[1] señalábamos los altibajos del proceso de la reforma agraria en Colombia en función de la mucha o escasa voluntad política de la dirigencia nacional, la cual siempre ha estado permeada por aquello "del pensamiento políticamente correcto".
Por ejemplo, se ha dicho que  la reforma agraria se volvió tema anacrónico y que había pasado de moda en los países de la región, sin tener en cuenta que esos países  fueron más diligentes que el nuestro, pues el tema de la tierra lo supieron arreglar o resolver internamente sin mayores traumatismos.
También se exhibió como 'prueba ácida' el hecho de la pérdida relativa de importancia del PIB agropecuario frente al PIB total, así como de la paulatina emigración de los habitantes del campo a la ciudad, tal como se advierte  en los últimos censos de población del Dane.
Esos enfoques economicistas, que solo miran la realidad del país mediante la abstracción macroeconómica, olvidan lo que el gran maestro ruso  Wasily Leontief, el inventor de la matriz insumo-producto, instrumento por excelencia para el análisis de las relaciones económicas intra e intersectoriales, les decía a sus alumnos: "Paren un poco el trabajo y miren por la ventana lo que pasa en la calle pues los verdaderos problemas están allí".
De igual manera, esa visión reduccionista de mirar la realidad de lo que pasa en el sector rural solo en función de su peso relativo en la economía descuida aspectos de soberanía y apropiación territorial que no solo involucran a una institucionalidad distante y centralista, sino que debe estar presente en el espacio físico a cargo.
Ahora, de lo que se trata es de poner en marcha un esfuerzo de descentralización en la prestación de los servicios, mediante una desconcentración funcional que sirva como escenario propicio para la coordinación interinstitucional, en  la cual se advierta que el Estado asume una responsabilidad integral en el desarrollo agropecuario en conjunto con los otros agentes con presencia en la zona.
Así como no queremos la reforma agraria paralizada por el rigor técnico y metodológico de unos mínimos de productividad para demostrar que la tierra no era 'incorable', tal como lo estableció la Ley 4.ª de 1973 -derivada del pacto de Chicoral-, tampoco es dable irse al extremo de la laxa definición de zona de reserva campesina  del artículo 81, de la Ley 160 de 1994, que a letra dice: "Salvo lo dispuesto en el artículo 83 de la presente ley, las zonas de colonización y aquellas en donde predomine la existencia de tierras baldías son zona de reserva campesina".
Contrasta ese artículo con el 82, que dice que "en las zonas de baldíos que no tendrán carácter de reserva campesina sino de desarrollo empresarial de las respectivas regiones, en las cuales la ocupación y acceso a la propiedad de las tierras baldías se sujetará a las regulaciones, limitaciones y ordenamientos especiales que establezca el Incora, para permitir la incorporación de sistemas sustentables de producción en áreas ya intervenidas, conservando un equilibrio entre la oferta ambiental y el aumento de la producción agropecuaria, a través de la inversión de capital, dentro de criterios de racionalidad y eficiencia y conforme a las políticas que adopten los ministerios de Agricultura y del Medio Ambiente".
De lo anterior se desprende que todo aquel terreno baldío o de zona de colonización es susceptible, sin mayores análisis ni cumplimiento de criterios técnicos, de convertirse en zona de reserva campesina, mientras que para que se tenga una zona de desarrollo empresarial hay que pasar por toda la anterior parafernalia técnica, que es parecido a lo que alguna vez Gabriel Turbay llamó "alambrada de garantías hostiles".
Por ello advertimos que en los acuerdos que actualmente se cocinan en La Habana, la sagacidad de las Farc los ha llevado a solicitar la constitución de 54 zonas de reserva campesina por nueve millones de hectáreas, lo que al observador desprevenido se le hace algo extravagante pues si sus efectivos actuales son de ocho mil combatientes, según  datos oficiales, ¿para qué necesitan nueve millones de hectáreas?
¿Se trata de "la revolución por contrato" de la que hablaba el expresidente López Michelsen?, que también solía citar al politólogo Samuel Huntington, quien decía que "quien domine el campo también  domina el poder".
[1] "La ciclotímica reforma agraria" - El Tiempo, marzo 11 - 2013
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