La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este viernes su "profunda preocupación" por la persistencia del fenómeno de las desapariciones forzadas en Latinoamérica y lamentó que en "la mayoría de los casos" no se investiguen lo suficiente y deriven en una situación de "impunidad".
En un comunicado publicado este viernes al término de su 147 período de sesiones, la CIDH determinó que la impunidad "es un problema constante en la región", que afecta "gravemente" al derecho a la justicia y la reparación de las víctimas, propiciando así, a su entender, la repetición de los crímenes.
En concreto, uno de los motivos de mayor alarma para los comisionados es la "invisibilidad" en que permanece esta situación, fruto tanto de "la ausencia o ineficacia" de las políticas públicas de los estados en la materia como, en algunos casos, "de la negación de la existencia del fenómeno".
A mediados de marzo, la Comisión escuchó la denuncia por parte de varias organizaciones de desapariciones forzadas en México, Colombia, Guatemala y Perú, organizaciones que solicitaron además la elaboración de un informe con recomendaciones a los estados para la búsqueda de los desaparecidos. En el caso de México, por ejemplo, las organizaciones indicaron que pese al gesto del Gobierno de Enrique Peña Nieto de publicar la lista de 26.121 personas desaparecidas durante el sexenio anterior, persiste una "falta de voluntad política para resolver estos casos", en palabras de Nadin Reyes, del Comité Hasta Encontrarlos.
Similar es la situación en Colombia, donde el problema persiste marcado por "mecanismos de impunidad" como "la presencia de los victimarios en la región que envían mensajes a las familias para que no denuncien" y por la "continua pérdida de expedientes en las fiscalías", según denunció entonces Yanette Bautista, de la Fundación Nydia Erika Bautista para los Derechos Humanos (FNEB).
Además de hacer sonar la alarma por las desapariciones forzadas, la CIDH también expresó este viernes su preocupación por "la práctica existente en Estados Unidos" de recluir a niños menores de 18 años en cárceles para adultos, "sin una separación efectiva entre ellos".
Por ello, los comisionados urgieron a EE.UU. a "identificar e implementar de manera urgente" un mecanismo federal que identifique como niño o niña a toda persona menor de 18 años, evitando así que puedan ser juzgados como adultos o recluidos junto con adultos. Esta no fue la única advertencia a la primera potencia mundial, puesto que la CIDH insistió también en la "urgencia" de cerrar el penal de Guantánamo (Cuba) y "disponer el procesamiento o la liberación de los detenidos", una petición que ya ha realizado en reiteradas ocasiones.
Venezuela y Cuba, por su parte, volvieron a ser objeto de las habituales solicitudes por parte de la Comisión, que reiteró su interés en realizar una visita al primero y denunció la "falta de garantías" en la isla caribeña para el ejercicio de la libertad de expresión. Además, la CIDH lamentó que en la audiencia solicitada por el propio estado venezolano sobre la situación general de los derechos humanos en el país, "los representantes no aportasen información sobre la materia". Desde la comisión celebraron el llamado realizado por Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá y República Dominicana a aquellos Estados de la región que aún no han abolido la pena de muerte para que "consideren su abolición" o "declaren una moratoria como paso previo a la abolición".
La resolución de la comisión también apuntó a la necesidad de que estados como Brasil adopten medidas urgentes y sin dilación para abordar los obstáculos y las barreras en el ejercicio, respeto y garantía de los derechos humanos de las personas afrodescendientes, y lamentó la falta de avances en República Dominicana respecto a la situación que enfrentan las personas dominicanas de origen haitiano.
EFE
