No hay que defenderla

No hay que defenderla

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04 de abril 2013 , 05:32 p.m.

Como lo ha dicho el Ministro de Gobierno, "el proceso de paz tiene muchos enemigos". Se sabe que "hacer la paz es más difícil que hacer la guerra (Desmond Tutu)". Por lo mismo fracasó el proceso de paz que intentó el gobierno de Pastrana Arango. No era un gobierno con verdadera voluntad de paz. Pensó en la paz como juego, un asunto de farándula, de "hacer el show", y, cuando aparecieron las dificultades, se arrugó y mostró su rostro real. No había, ni podía, haber paz entre un gobierno payaso y una guerrilla astuta, que le conoció el caminado desde el principio.
 
El proceso de paz en la gestión de Pastrana no tuvo enemigos ni los necesitaba. Todos sabían que no era serio y que el principal enemigo del proceso era el propio mandatario. Ahora la cosa es diferente. No hay farándula, no hay 'shows' mediáticos, las conversaciones avanzan, los colombianos comienzan a sentir, por primera vez en cincuenta años, que la paz está adquiriendo forma real y que la terminación del conflicto armado será este año un hecho cumplido. Después vendrá la construcción de la paz, que es otra etapa.
 
Leo en 'El Espectador' un título que dice, con intención despectiva: 'Samper y Córdoba defienden la paz de Santos'. No se puede ofrecer un ejemplo más lamentable de las falencias que hoy afectan a nuestro periodismo.

La paz no es de Santos. Es de todos los colombianos. Decir en un titular 'la paz de Santos' es indicar que los colombianos son meros espectadores de un proceso cuyo objetivo fundamental es garantizarle ese derecho, el derecho a la paz, a cada uno de los ciudadanos que habitan en Colombia y que poseen su nacionalidad. En cambio, el texto informativo que sigue al titular en mención está ajustado a la realidad. En él se dice que el expresidente liberal Ernesto Samper y la dirigente liberal Piedad Córdoba defienden "el proceso de paz" de la administración Santos. Lo cual es exacto y, por consiguiente, antagoniza con el título.
 
La paz no hay que defenderla. Es un mandato constitucional, y los mandatos constitucionales, mientras esté vigente la Carta, no se defienden. Se acatan y se cumplen. El proceso de paz que lleva a cabo con éxito la administración Santos es un acatamiento de lo que manda el artículo 22 de la Constitución, cuyo cumplimiento no es obligación exclusiva del presidente Santos, sino inclusiva de la totalidad de los colombianos.
 
Los enemigos de la paz alegarán que no están en contra de la paz, sino en desacuerdo con el proceso de paz, pues consideran desatinado "negociar con terroristas", como lo afirma con frecuencia el expresidente Uribe en sus trinos terroríficos. Por supuesto es necesario y plausible que haya contradictores y que se genere polémica útil al mejoramiento del proceso y al feliz cumplimiento del mandato constitucional. Pero en los ataques pastrano-polo-uribistas no hemos captado el ánimo de aportar ideas al logro de la paz, solo el temor irracional a que el proceso, si culmina satisfactoriamente, contribuya de paso "a la reelección de Santos". De donde se deduce que las críticas furibundas no son contra el proceso de paz, sino contra la paz misma, dado que se entorpece, y aun se anula, la aplicación de un artículo constitucional. Según entiendo, el desacato de la Constitución, en cualquiera de sus normas, es un delito. No sé qué opine al respecto el Instituto Nacional de Sordomudos, también conocido como  Honorable Corte Constitucional.

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