'CIJ puede ser investigada por caso San Andrés': Álvaro Leyva

'CIJ puede ser investigada por caso San Andrés': Álvaro Leyva

El exministro analiza por qué fallo del litigio violó principio del Derecho Internacional.

notitle
02 de abril 2013 , 09:53 p.m.

Lo primero que me permito advertir a propósito del fallo proferido por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en torno a nuestro litigio con la República de Nicaragua, es que no es justo, y mucho menos oportuno, responsabilizar por la decisión de esa instancia judicial a quien menos la tiene. Me refiero a la canciller María Ángela Holguín. Lo que ella haya dicho o dejado de decir, abrigando un deseo de justicia, ni en un ápice incidió en el resultado final de la disputa. Quienes conozcan de estas lides no podrán afirmar lo contrario. Desde bien atrás todo estaba consumado. ¿Para qué buscar entonces el ahogado río arriba?

Tampoco cabe responsabilizar de lo ocurrido a tal o cual administración presidida por tal o cual Presidente, toda vez que lo que comienza mal termina mal; y mucho más si los jueces de la Corte supranacional que ventilaron y decidieron el negocio procedieron antijurídicamente, tanto como para poder ser objeto de investigación si se procediera consecuentemente. Esto, por haber dejado de lado tales magistrados el núcleo duro de los derechos imperativos de los sanandresanos en momentos en que fueron objeto de su conocimiento. Torpemente le dieron rango prevalente y de manera exclusiva a instituciones jurídicas internacionales de menor jerarquía, de menor valor.

¿Vale la pena entonces desgastarnos en garroteras internas, tales como que hacer señalamientos en este momento solo afecta la unidad nacional que se requiere para acompañar todos al presidente Juan Manuel Santos en las decisiones que deberá tomar en un futuro próximo frente al dictamen de la CIJ; esto, sin consideración de amistades o malquerencias? Se tratará de trazarle a la nación una necesaria política de Estado dirigida a hacer prevalecer los derechos de todo un grupo humano, que se han pretendido conculcar con una sentencia jurídica y moralmente inaplicable por su dañino y dañado alcance. De allí que tenga razón el internacionalista Juan Daniel Jaramillo al manifestar en fecha relativamente reciente que no valen la pena los juicios históricos en materia tan delicada toda vez que, "... en este caso, son las exigencias del derecho -que son las del país- las que nos mantendrán nuestros derechos". A cualquier pretensión diferente habrá que sacarle una tarjeta que diga: "No ha lugar".

Y es que en efecto todo comenzó mal -otros eran los tiempos-, así se hubiera procedido de buena fe. Al suscribir el Estado colombiano el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, Pacto de Bogotá del 30 de abril de 1948 en esa misma fecha, no dejó reserva alguna. Reconoció a plenitud la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Y necesario fue haber consignado excepciones, porque si bien el tratado Bárcenas-Esguerra de 1928 pretendía poner fin a cualquier controversia de límites entre las dos naciones, al efectuarse en 1930 el canje de notas de ratificación de dicho tratado se consignó en el acta correspondiente que el archipiélago de San Andrés no se extendía al occidente del meridiano 82 de Greenwich, pero, esto, sin ponerle cerrojo al asunto. Así, el pretendido límite quedó en el aire. Claro es al respecto Carlos Alfonso Ayala Jiménez al puntualizar en su libro sobre el Caribe (1978), como "... su estructura (la del tratado) es deficiente al no establecer hitos que señalen las áreas marítimas bien determinadas mediante coordenadas como debieran haberse realizado, solamente estableciéndose en el acta de canje que el archipiélago no se extiende al occidente del meridiano 82 de Greenwich". Y se anticipa a la historia Ayala al concluir: "Lo anterior implica que es preciso delimitar nuevamente mediante un tratado las áreas marítimas de Colombia y Nicaragua".

Varios países dejaron sentados sus intereses al firmar en el 48 el Pacto de Bogotá; otros, en el momento de ratificarlo. Colombia lo ratifica el 14 de octubre de 1968, pero dejó pasar la oportunidad sin consignar reservas.

Pero ya adentrándonos en la sustancia del pleito, lo primero que cabe señalar es que no entro en la polémica sobre la idoneidad de nuestros defensores en La Haya. Allá cada quien pensando en lo que tenga a bien. Lo que sí cabe revisar y resaltar es el desconocimiento que mostraron los jueces que profirieron el fallo respecto del valor jurídico de alcance universal de la institución del jus cogens. Recordemos que el jus cogens fue consagrado en los artículos 53 y 64 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969; y que tiene como meta hacer prevalecer sin cortapisa alguna intereses colectivos fundamentales derivados del mismísimo derecho natural. Se trata de la consagración a nivel normativo del llamado iusnaturalismo recuperando para el mundo de hoy las enseñanzas de Hugo Grocio y el padre Francisco de Vitoria. Corresponde el jus cogens al súmmum en materia de jerarquía jurídica; al pico más alto del monte Everest de la ciencia del derecho.

Bien lo sintetiza la internacionalista argentina Zlata Drnas de Clément: "Las normas de jus cogens constituyen derecho coactivo, compulsorio, imperativo, absoluto, perentorio, terminante, inmutable en esencia, pleno, que protege bienes sociales fundamentales de una comunidad dada". El jus cogens, por lo demás, no defiende derechos de los Estados, ni presupone reciprocidades entre ellos, ni requiere reglamentación previa para su aplicación, ni es renunciable, ni se suspende en el tiempo, por lo que mucho menos es derogable; tiene, sí, efectos o alcances erga omnes (frente a todos). Es decir, efectos respecto de todos los Estados y todas las autoridades públicas, y mucho más, respecto de todas las jurisdicciones. De allí que con su fallo la CIJ haya pecado en materia gravísima. Esa corte, así y porque sí, dejando de lado todo lo anterior, echó por el suelo los derechos inmanentes e históricos de la colectividad sanandresana. Y los pisoteó.

Y esto, porque la CIJ resolvió limitar su conocimiento a factores única y exclusivamente físicos, a partir de la geografía de la zona, para señalar soberanías sobre las formaciones marítimas, como son las costas relevantes: la costa relevante de Nicaragua y la costa relevante de Colombia en este caso, y los derechos generados por los accidentes marítimos (islas pequeñas que permanecen por encima del agua durante la marea alta; rocas; elevaciones de bajamar). La CIJ aplicó "justicia" recurriendo exclusivamente a la costumbre internacional y a la equidad. Equidad, en el caso que nos ocupa, derivada de apreciaciones aparentemente objetivas, so pretexto de imponer una justiciera geometría sin consideración alguna del jus cogens. Lo anterior no lo afirmo caprichosamente. Se desprende lo dicho del acápite 2, "Derecho Aplicable", párrafos 137 y 138 de la propia sentencia.

Ya en el párrafo 118 del fallo se había consignado que "La Corte observa que Colombia no es Estado parte de CNUDM (Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar) y que, por tanto, el derecho aplicable en este caso (caso Colombia-Nicaragua) es la costumbre internacional". Queriendo significar que, como hoy en día tal costumbre se cristaliza en menor tiempo que en épocas pasadas, la Convención referida, aprobada en Montego Bay, Jamaica, apenas en 1982, y puesta en vigor en la muy reciente fecha de 16 de noviembre de 1994, habría de ser impuesta cabalmente. No sin poner de presente en la propia sentencia que "La Corte ha señalado anteriormente (párrafo 114) que, como Colombia no es parte de CNUDM, las Partes acordaron que el derecho aplicable es la costumbre internacional". Y ello fue así, pero sin que por tal razón, Colombia hubiera procedido a entregarle a la CIJ patente de corso alguno para que se pasara por la faja derechos inmanentes de una comunidad humana protegidos por la institución del jus cogens naturale (oponible incluso a un supuesto jus cogens positivum).

En efecto, se equivocaron en materia grave los positivistas a ultranza de la CIJ. Y dicho sea de paso: ¿de qué sombrero sacan la inconsecuente fórmula de que el mar territorial reconocido por ellos a Quitasueño y Serrana no genera zona contigua?

Argumentarlo todo en un escrito de esta brevedad es difícil. Pero que quede claro que el cuento de que a los magistrados de la CIJ no los ronda poder alguno, no es cierto. Está inscrita en el alma de cualquier jurisdicción del mundo, de cualquier juez, de cualquier fiscal, no importa cuál o quién sea, la competencia para poner en movimiento la jurisdicción universal buscando el respeto a los preceptos derivados del jus cogens naturale. ¿Qué estamos esperando? ¿Por qué no ensayar? ¿Se pregunta, estimado lector, qué es la jurisdicción universal? ¡Pues, remember Pinochet!

ÁLVARO LEYVA DURÁN*
Especial para EL TIEMPO

*Exministro, exconstituyente y excongresista conservador. Fue promotor de debates sobre temas internacionales en el Congreso. Desde 1980 ha contribuido a buscar fórmulas de salida negociada en Colombia.

Despierta con las noticias más importantes.Inscríbete a nuestro Boletín del día.

INSCRIBIRSE

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.