La corrupción administrativa no da tregua

La corrupción administrativa no da tregua

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02 de abril 2013 , 05:09 p.m.

En las últimas semanas, tres hechos han marcado la pauta sobre la situación actual de la corrupción en Colombia en lo que se refiere a la celebración contratos estatales a cargo de los servidores públicos que tienen a su cargo la competencia para generar el desarrollo que requiere nuestro país y que justamente se ve aletargado por las prácticas de corrupción, que no cesan.

El primer hecho relevante es el informe del año 2012 titulado 'Si no se pagan sobornos se pierden negocios': tercera encuesta nacional sobre prácticas contra el soborno en empresas colombianas[1] elaborada por la Universidad Externado de Colombia y la Corporación Transparencia por Colombia, en donde los empresarios colombianos reconocen la existencia del soborno en el entorno de sus negocios; y algunos lo ven como una práctica natural, sin implicaciones éticas. Allí se anuncia que el setenta por ciento de ellos no conoce las leyes de lucha contra la corrupción en el país y solo el cuarenta y dos por ciento implementa medidas de prevención.

En esta encuesta, las dos entidades informan que se presenta un panorama negativo sobre la confianza de los empresarios en su propio sector, dado que el noventa y cuatro por ciento percibe la existencia del soborno dentro de sus actividades económicas y comerciales.

Según la investigación, "el clima de los negocios en el sector privado presenta niveles muy elevados de presión para el ofrecimiento o recibo de sobornos, que distorsionan el mercado y llevan a considerar que estas prácticas indebidas hacen parte normal de los negocios en Colombia". La percepción del monto de los pagos secretos que hacen las empresas para asegurar un contrato corresponde, según los mismos empresarios, al catorce punto ocho por ciento del valor del mismo.

El anterior informe desvirtúa los objetivos planeados por las sucesivas reformas que sufrió la ley 80 de 1993, con la expedición de la ley 1150 de 2007 (para fortalecer el principio de transparencia), y la ley 1474 de 2011 (conocida como la ley anticorrupción), pues el indicador es pobre justamente en los grandes cambios que sufrió el Estatuto.

El segundo hecho relevante tiene que ver con el informe de la Procuraduría General de la Nación[2], en donde pudo establecer que de los 52 billones de pesos que fueron contratados por entidades del orden nacional y territorial, un 44 por ciento (más de $ 23 billones de pesos) correspondió a la modalidad de contratación directa, lo que prácticamente duplica los $ 12,8 billones que se contrataron por licitación. Es de recordar que con la expedición de la ley 1150 de 2007 se enriquecieron los modelos de convocatoria pública con los procesos de selección abreviada, dejando siempre el presupuesto que la regla general para seleccionar al contratista sería la licitación pública (n. 1 art. 2º ley 1150); presupuesto que de acuerdo con el informe de la Procuraduría no se cumple, pues denuncia un monto importante de recursos que no se surte por convocatoria pública sino que se adjudica de manera directa sin la obtención de ofertas, que de paso anula el principio de transparencia.
 
Y el tercer hecho lo denunció EL TIEMPO, en primera página de domingo, en el que se indicó sobre el saqueo al departamento del Casanare que bordea los ciento noventa mil millones de pesos, y en donde ese departamento, a pesar de haber recibido regalías por 1,5 billones de pesos, no ha podido construir un acueducto para su capital. Agregó la noticia que los gobernadores elegidos popularmente desde 1991 han terminado, siete de ellos, con problemas de tipo penal y disciplinario.
 
El mal es endémico y las autoridades y sociedad civil tendrán que convocar foros para proponer soluciones a este tema, que está en su fase más crítica. Se debería tratar de concebir a la corrupción como un delito de lesa humanidad, pues finalmente es el ciudadano el que termina afectado en detrimento de su calidad de vida y su bienestar.
 
*Autor del 'Manual de contratación de la administración pública. Reforma ley 80 de 1993. Reforma ley 80 de 1993'. 1ª Edición 2005. 2ª Edición 2009. 3ª Edición 2013 

 

[1] http://www.uexternado.edu.co/esp/noticias/soborno.html

[2] http://www.procuraduria.gov.co/portal/Monto-de_contratacion_directa_en_el_2012_duplica_lo_contratado_por_licitaci_n__revela_informe_de_la_Procuraduria_General_de_la_Naci_n.news

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