Las cinco mujeres que reparan a las víctimas del país

Las cinco mujeres que reparan a las víctimas del país

Estas funcionarias cumplieron un año reparando a las personas víctimas del conflicto.

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30 de marzo 2013 , 07:18 p.m.

El 28 de febrero hubo un duelo colectivo en el auditorio donde se celebró el primer aniversario de la Unidad de Víctimas. Los funcionarios entregaron matas de bambú a cada uno de los asistentes, y ellos y ellas, víctimas del conflicto, respondieron con palabras, miradas, abrazos... lágrimas.

“Nunca había estado tan agradecida. Cada abrazo era el mejor regalo y sentí en ese momento que valía la pena todo lo que estamos haciendo.” La voz de Paula Gaviria, directora de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, se entrecorta mientras habla del tema.

Ella es la cabeza de la entidad que tiene la misión de reparar, pero, sobre todo, devolverles la dignidad a millones de colombianos que resultaron afectados por el conflicto armado. A su lado hay cuatro mujeres más, que se la han jugado por devolverles la confianza a las personas que acuden diariamente en busca de reparación.

Con tan solo un año de creada, la Unidad logró reparar, al 28 de febrero, 157.800 personas (con un monto de 915.000 millones de pesos). Cerca de 82.000 víctimas pidieron orientación del Estado para convertir esa reparación en un proyecto sostenible.

“Lo más complicado es cuando se escucha a las víctimas. Los reclamos son enormes, proporcionales a los daños que la gente ha recibido, pero los miedos también son grandes y las victimizaciones son muy complejas”, agrega Gaviria, quien, al igual que sus compañeras de trabajo, ha tenido que hacer terapia para soportar sobre sus hombros el peso de tanto dolor y tanta impunidad.

La experiencia Mampuján

Para Juana Ramírez, directora territorial del Cesar, esta tarea consiste en sembrar para que la gente vuelva a creer en el Estado. Pero no es fácil cuando el propio Estado dejó de lado por tantos años a las víctimas.

Por eso, cada evento de reparación es significativo. Para ellas, ninguno es diferente ni más importante que otro, aunque todas coinciden en que el retorno de decenas de campesinos a Mampuján (Montes de María), el 19 de diciembre del 2012, marcó sus vidas.

Tras la masacre de 12 personas en marzo del 2000, el desplazamiento de 300 familias y un largo proceso en la Fiscalía, Paula y su equipo heredaron un proceso fracturado y con desconfianza. “Tuvimos momentos de dificultades con la comunidad; nos dijeron en la cara que no confiaban, y, luego de hacer el trabajo de restitución, reconocieron que la confianza estaba retornando, como ellos a sus tierras... No me acuerdo de mayor satisfacción que esa”, agrega la directora de la Unidad.

La mayoría de las víctimas busca sentirse reconocida. Tal vez por eso los pobladores de Mampuján agradecieron que los escucharan. “Nosotros éramos quienes debíamos estar agradecidos porque confiaron. Fue lo mismo que pasó con la comunidad embera cuando retornó a sus tierras en Risaralda”, reflexiona Iris Marín Ortiz, directora de Reparación.

Cada encuentro le ha enseñado a este grupo de funcionarias a entender que los colombianos “somos iguales y tan distintos”, y que es necesario tender un puente desde nuestra igualdad, pese a nuestra diferencia.

Y aunque el registro de víctimas llega a los cinco millones y medio, Lina Rondón, la coordinadora del equipo sicosocial, dice que cada persona tiene un espacio preferencial. Ella lo sabe muy bien porque es la encargada de recibir la descarga de rabia y reclamo que cada víctima lleva.

“Aquí tenemos que encontrar un equilibrio. Por eso tratamos de relacionarnos con las personas y no solo con su sufrimiento. Tenemos que saber qué las vulneró, pero también lo que les da alegría, lo que las hace sobrevivir… A veces lloramos y ellas nos han visto secarnos las lágrimas y seguir atendiendo”, señala Lina.

El rostro de la tragedia

Tal vez por eso la muerte de la lideresa Angélica Bello golpeó las fibras más personales de estas cinco mujeres. La primera en llegar a la casa de quien abogó ante el Gobierno por las mujeres víctimas de violencia sexual fue Juana. Ella se encargó de mantener informadas a sus compañeras en medio del dolor y las especulaciones de los medios de comunicación.

“No sé qué falló, pero nos confrontó con la humanidad que tienen las víctimas, que el dolor es profundo y podemos hacer muchas cosas pero no podemos ir más allá. También nos puso a pensar en el no ser suficientes”, reflexiona Lina.

Para ellas es muy difícil entender que un proyecto al que se le prestó atención con tanta celeridad haya terminado en una tragedia. “Nos duele que se hable más de la muerte de Angélica que de su vida y de qué hizo ella. Pero no podemos ocultar que al Estado le falta mucho para darles más esperanzas a otras Angélicas Bellos. A la ley le falta más Ministerio de Salud, más muchas cosas, porque hemos llegado tarde y no lo podemos ocultar”, recalca Iris.

Con esa sinceridad de aceptar y reconocer lo que pueden hacer y lo que ha fallado, Heyby Poveda, directora de Registro y Gestión de Información, admite que se le parte el corazón cada vez que le toca rechazar alguna solicitud, la mayoría de las veces porque no cumple los requisitos.

Precisamente, esta semana, la Corte Constitucional ordenó una inspección judicial de este departamento por considerar que hay vacíos en la atención a la población desplazada.

La Unidad tendrá que justificar en cada uno de los casos cuáles fueron los criterios para incluir o excluir a las víctimas de desplazamiento, así como explicar cuáles son los lineamientos de valoración y de respuesta en cada caso.

“Cuando estás al frente de una persona y eres madre, piensas en que pueden ser tus hijos los que están en juego, y a veces es imposible hacer algo porque la ley es estricta sobre quiénes pueden ser admitidos –dice Heyby–. Siento que este trabajo es como cogerse de la mano con alguien y lanzarse al vacío... En algún momento un paracaídas se abrirá. Hasta el momento se ha abierto.”

El poder de la mujer

Ellas sienten que su condición de mujer les ha ayudado a entender y manejar mejor el proceso, pero también a soportar con mayor entereza las críticas y los reclamos de las víctimas y a entender que ellas no son un saldo de la guerra.

Y, sin lugar a dudas, tener cerca a las víctimas de violencia sexual les ha dado la dimensión del ser mujer. “Ellas me han enseñado a sobreponerme a esas cosas que a veces agobian y son mínimas comparadas con sus historias. Me parece que, de todas las víctimas, ellas son las más valientes, por la forma como han asumido lo que les pasó, haciendo de su propio sufrimiento la oportunidad de acercarse a otras mujeres”, señala Paula.

El otro aprendizaje ha sido el de la reparación. Se cree que siempre está ligada al dinero, pero muchas personas prefieren una placa o un evento público en el que el Estado les pida perdón.

Estas funcionarias saben que hasta ahora están recorriendo el camino y que este es el más complicado de todos los que tiene el conflicto. “Cuando miremos hacia atrás queremos tener la conciencia tranquila, no como empleadas públicas, sino como ciudadanas. Por eso, esta entidad tiene una fecha de vencimiento (10 años), simplemente porque estas historias no se deben repetir nunca más”, concluye Paula.

Escuchar, la base del trabajo

“El secreto de este trabajo está en poder sembrar cosas buenas para que la gente vuelva a creer en el Estado.”

Juana Ramírez
Directora Territorial Cesar

“Somos iguales y tan distintos... Hay que mirar cómo podemos tender un puente desde nuestra igualdad, pese a la diferencia.”

Iris Marín Ortiz
Directora de reparación

“En este camino hay frustraciones y nos toca demostrarles a las víctimas que pueden volver a creer.”

Paula Gaviria
Directora de la Unidad de Víctimas

“A veces lloramos y nos han visto secarnos las lágrimas y seguir atendiendo a las víctimas.”

Lina Rondón Daza
Coordinadora del equipo Sicosocial

“Es difícil cuando se tiene que decir no, regido más por la estructura y las normas que porque no se sea víctima.”

Heyby Poveda
Directora Registro e Información

Los montos que fija la Ley

La ley de víctimas establece que recibirán reparación quienes hayan sido afectados por el conflicto armado desde 1991. Las sumas que fija la ley están contempladas en el Decreto 1390 del 2008 y se pagan dependiendo de la afectación. Por homicidio, desaparición forzada y secuestro, 40 salarios mínimos; por lesiones personales y sicológicas que produzcan incapacidad permanente, hasta 40 salarios mínimos.

Lesiones que no causen incapacidad permanente, tortura, delitos contra la libertad y la integridad sexual y reclutamiento de menores, hasta 30 salarios mínimos, y desplazamiento forzado, hasta 27. En 82.000 casos, las víctimas han solicitado orientación para invertir ese dinero en proyectos productivos o en procesos que conserven la memoria de sus seres queridos, como grupos artísticos y de apoyo a otras víctimas.

JINETH BEDOYA LIMA
Subeditora de EL TIEMPO

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