Fallan primera restitución de tierras a miembro de la Unión Patriótica

Fallan primera restitución de tierras a miembro de la Unión Patriótica

Se ordenó devolver cerca de 70 hectáreas a familia de un desaparecido de ese partido político.

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25 de marzo 2013 , 08:21 p.m.

En un fallo hasta el momento inédito, tres magistrados agrarios acaban de ordenar la restitución de casi 70 hectáreas de tierra que le fueron despojadas a un militante de la Unión Patriótica (UP) en los años 90, y que ahora regresarán a manos de su esposa y sus tres hijos.

El fallo, conocido por EL TIEMPO, es histórico porque es el primero que se produce en favor de familiares de un integrante de la UP desde que entró en vigencia la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (enero del 2012).
Además, cobra importancia política en momentos en que el país retoma el debate sobre si se debe o no revivir la personería jurídica de ese partido político, cercano a las Farc. (Lea Se abre camino para que la UP avale candidatos).

Los hechos se remontan a 1991, cuando presionado por amenazas directas a él y a su familia, el dueño del predio, ubicado en la vereda Servitá, cerca de Villavicencio (Meta), tuvo que venderlo.

La presión de hombres armados lo obligó a firmar una escritura de venta por 10 millones de pesos de la época, pero nunca se los pagaron.
Un año después de tener que entregar sus tierras a un tercero, por cuenta del “constreñimiento ejercido”, el líder comunal de la UP “fue bajado por dos hombres” del bus en el que se movilizaba desde Villavicencio hacia el municipio de San Carlos de Guaroa, “sin que a la fecha se tenga noticia alguna sobre su paradero”.

La sentencia, de la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá, indica que los supuestos compradores de estas tierras acudieron a presión indebida para hacerse a ellas, por lo que, producto de la investigación, se declaró “inexistente” el negocio en el que se le arrebataron los predios al activista político desaparecido.

Este fallo también continúa en la línea de otros pronunciamientos de la justicia colombiana que han reconocido que los militantes de la Unión Patriótica “fueron estigmatizados, perseguidos y desaparecidos”, en algunos casos incluso por agentes del Estado.

La sentencia asegura que, en lo referente al Meta, esta situación “se presentó en 23 de los 29 municipios” del departamento.

De hecho, en este fallo se precisa que el supuesto comprador de los predios reclamados, Dago Enrique Rodríguez, fue extraditado en el 2006 a Estados Unidos, acusado de narcotráfico.

Las casi 70 hectáreas restituidas fueron traspasadas en ese año a una persona cercana al extraditado, y de acuerdo con el fallo esta presionó a los reclamantes para que se retractaran y desistieran de su intención de recuperar el predio.

Por eso, hecho que también es inédito hasta la fecha, los magistrados de restitución de tierras le ordenaron a la Unidad de Protección del Ministerio del Interior “prorrogar las medidas” implementadas para garantizar la vida de los reclamantes, en la medida en que se pueden presentar amenazas cuando estos regresen formalmente a sus propiedades.

En 6 meses, jueces agrarios restituyeron 11.000 hectáreas

Unas 49 parcelas ubicadas en la vereda Leticia de Montería (Córdoba) que hacían parte de la hacienda Santa Paula, una de las propiedades emblemáticas del clan de los Castaño, volvieron a sus legítimos dueños hace menos de un mes por orden de un juez de la Unidad de Restitución de Tierras.

Una Sala de esta unidad del Tribunal Superior de Medellín confirmó siete fallos que resolvían la reclamación de estos predios, arrebatados de sus dueños por los paramilitares a sangre y fuego, hace 22 años, y por los que también fue asesinada en el 2007 la líder comunitaria Yolanda Izquierdo.

Esta es una de las 37 sentencias proferidas en los últimos seis meses por 24 jueces y 15 magistrados que componen la Unidad de Restitución de Tierras, según un informe de la Sala Administrativa del Consejo de la Judicatura.

Si bien la Unidad fue creada en junio del 2012, los jueces comenzaron sus funciones en octubre pasado. Desde esa fecha han restituido una extensión de tierra equivalente al área urbana de Medellín: aproximadamente 11.000 hectáreas (110 kilómetros cuadrados), ubicadas en seis departamentos del país.

Los fallos han beneficiado a 142 víctimas de la violencia que reclamaban más de 160 predios, que les fueron arrebatados por los grupos armados ilegales que operan en el país, se lee en el informe de la Judicatura.

Voceros de ese alto tribunal dijeron que la gestión de los jueces de Restitución de Tierras “es meritoria, si se tiene en cuenta que otro sistema de justicia transicional como la Ley de Justicia y Paz ha emitido 14 condenas en ocho años”.

En 79 de cada cien predios restituidos, las áreas no superan las 10 hectáreas. Sin embargo hay casos como el de Puerto Gaitán (Meta), donde fueron devueltas 8.410 hectáreas, unos cinco predios, a un mismo grupo familiar.

Los jueces determinaron que eran baldíos de la Nación que estaban en posesión de los actuales reclamantes, pero que fueron abandonados por el accionar de los grupos paramilitares y el constante enfrentamiento de la guerrilla y la Fuerza Pública.

La Judicatura espera que con la reciente creación de otros 15 juzgados de Restitución de Tierras –que ya están funcionando– los procesos cuenten con un mayor ritmo. En este momento, la Rama Judicial cuenta con un total de 345 cargos judiciales entre funcionarios y empleados que están únicamente concentrados en aplicar la Ley de Víctimas.

Gobierno reconoce dificultad para atender a desplazados

Ante el auto de la Corte Constitucional que advirtió de un “retroceso” en la atención a desplazados en la Unidad de Víctimas, esta entidad señaló que ha cumplido a cabalidad con las ayudas a esta población. (Lea más información sobre la advertencia de la Corte).

Citó, por ejemplo, que la Unidad atendió con prontitud las 105 emergencias que en el 2012 generaron el desplazamiento de por lo menos 28.000 personas en el país.

Paula Gaviria, directora de la Unidad de Víctimas, reconoció que han tenido “dificultades operativas” en la acreditación de los desplazados en el Registro Único de Víctimas (RUV).

Explicó que además de los atrasos en la aplicación de la norma, se “recibió un rezago histórico de más de 280.720 declaraciones de distintos procesos anteriores que no habían tenido respuesta del Estado”.

Respecto a la atención de víctimas por el accionar de las bandas criminales, como ocurrió en Medellín y en Buenaventura –que fue criticada por la Corte Constitucional– la Unidad dijo que se “ha brindado la atención necesaria”.

Explicó que de las 105 emergencias ocurridas en el 2012, por lo menos 30 fueron ocasionadas por las bandas. Sobre la inspección judicial que ordenó la Corte a los archivos de la Unidad, la entidad dijo que se cumplió el 20 de marzo pasado.

DANIEL VALERO
REDACTOR DE EL TIEMPO

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