Así se vive en una zona de reserva campesina

El valle de Balsillas, en Caquetá, es una sabana verde incrustada en medio de montañas de la que a cada paso brotan fuentes de aguas cristalinas. A primera vista podría compararse con un paraje europeo, de no ser por el pésimo estado de la trocha por la que a diario se movilizan las ‘chivas’ atiborradas de fríjol y café, y por algunos letreros que anuncian la presencia de las Farc.

Pero no es la única característica del lugar: allí comienza la zona de reserva campesina (ZRC) Pato-Balsillas, con una extensión de 88.000 hectáreas y un censo de 6.200 habitantes, distribuidos en 27 veredas. (Lea: Gobierno apoya zonas de reserva campesina, pero como están en la ley).

La carretera que desde Neiva lleva al lugar se aferra a la montaña, en la que predomina el ganado lechero, mientras que sobre las cuchillas se alcanzan a ver los cultivos de café. Es una tierra fértil. Abundan las casas de tabla y techos de zinc.

Pero también es una región marcada por la violencia. Fue la zona que ‘Tirofijo’ (el emblemático jefe de las Farc) habitó por muchos años, pero por la que también se movieron como Pedro por su casa otros guerrilleros, como ‘Raúl Reyes’ y el ‘Mono Jojoy’. Hoy deambulan integrantes de la temida columna ‘Teófilo Forero’.

Los habitantes de esta región tienen cifradas sus esperanzas en que la ZRC –una figura creada por la Ley 160 de 1994 y que ahora las Farc defienden desde La Habana– pueda ser la salvación para sus problemas. (Lea además: Gobierno insiste en que no habrá desmilitarización de zonas campesinas).

No en vano el pasado viernes, la directora del Incoder, Miriam Villegas, dijo aquí que el Gobierno apoya estas iniciativas, siempre y cuando sean como están contempladas en la ley. Ya lo había dicho el jefe del equipo negociador , Humberto de la Calle.

Aunque no todos los campesinos del sector Pato-Balsillas tienen clara esta figura, casi todos recitan como de memoria que esa es la solución para el atraso de su región.

Según Javier Soto, presidente de esta zona campesina, la ley establece que el Gobierno debe financiar los planes de desarrollo que ellos aprueben. Por eso sueñan con la posibilidad de que les pavimenten la vía que de Neiva va a San Vicente del Caguán, que haya mantenimiento de las trochas, que tengan un puesto de salud con médico y que la energía sea una realidad.

Eso es lo que Iván Hernández, un campesino de esta zona, dice mientras apera su mula para salir rumbo a la vereda El Lago, a dos horas de Guayabal, el caserío más grande de la zona de reserva, pero donde solo hay cuatro horas de energía al día y donde los chulos adornan los árboles. “La zona de reserva nos dará la autonomía para regir nuestro destino”, aseguró este campesino de poblada barba, mientras sus bestias tomaban montaña arriba por un camino lleno de greda.

Cómo funciona

Esta zona de reserva campesina tiene su propia organización social: escoge una junta directiva por cuatro años, cuyos integrantes son miembros de las juntas comunales. “Uno no puede negar que por acá están las Farc, pero la propuesta de la zona de reserva campesina ni surgió de ellas ni actualmente la están manejando”, aseguró su máximo líder.

Esta es la encargada de coordinar las actividades, de conseguir el apoyo y financiación y de “hacer gestión”, porque este tipo de figuras puede acudir a la cooperación internacional.

Es así como el PNUD, según Soto, les ayuda con planes operativos, capacitación y fortalecimiento de la junta. El último aporte fue de 70 millones. Pero también los están apoyando otras organizaciones, como Acnur y la FAO, a las que se suman la cooperación sueca y algunas ONG, particularmente de España.

El Incoder, a comienzos de este Gobierno, les destinó una partida de 250 millones de pesos para actualizar el plan de desarrollo.

Pero no es lo único con lo que la zona se mantiene. Cada una de las juntas comunales da 10.000 pesos al mes para el funcionamiento. “También tenemos un aporte voluntario del uno por ciento de lo que vendan los productores”, contó el jefe de la organización.

Explicó que con esa contribución se constituyó un fondo social, que presta plata a los campesinos para la siembra o compra de insumos. El capital ya llega a los 200 millones de pesos.

Aunque no hay un dato oficial, se calcula que esta zona de reserva produce más de mil toneladas de café al año y unas 1.500 de fríjol. La idea de la junta es ayudar a conseguir unos canales de comercialización directos.

En este territorio, la guerrilla prohíbe a los motociclistas utilizar casco para poder identificarlos, y restringe la circulación de vehículos entre las 6 de la tarde y las 5:30 de la mañana. Esa misma restricción horaria la mantienen las dos bases militares que están dentro de esta ZRC.

Por ahora, las bondades de ser una ZRC no es algo visible en El Pato. Pero los campesinos de la región creen que la ventaja radica en que la propia comunidad definirá su desarrollo.

“Esto nos permitirá conservar nuestros recursos y evitará que las multinacionales vengan a quitárnoslos”, dijo Juan de Jesús Rodríguez, quien tiene un predio en El Roble, a dos horas y media de Guayabal.

“Hoy no podemos hablar de un beneficio real de ser zona de reserva, pero lo nuestro es básicamente una apuesta al futuro; creemos que muy pronto todos los beneficios que contempla la ley nos llegarán”, dijo Herminia Quimbaya, presidenta de la junta comunal de La Libertad.

Como lo reconoce Miguel Córdoba, tesorero de la asociación, el gran problema para ellos está en la estigmatización. Aquí fue a donde llegó ‘Tirofijo’ cuando decidió meterse al monte, y aquí también tenía predios –que aún subsisten en manos de algunos de sus descendientes– el primer secuestrado emblemático de este país, en 1965: don Oliverio Lara Borrero.

Esta tierra es tan emblemática que en la conocida canción El barcino , de Jorge Villamil, es mencionada: “Cuando en los tiempos de la violencia, se lo llevaron los guerrilleros... Con ‘Tirofijo’ cruzó senderos, llegando al Pato y al Guayabero...”.