Witman Herney Porras, el gobernador de Casanare responsable para las autoridades del saqueo, en solo 15 meses, de 63.000 millones de pesos en ese departamento, recibió esta semana una de las condenas más duras que la Corte Suprema de Justicia ha proferido en contra de los corruptos.
En un histórico fallo, el alto tribunal lo condenó el miércoles a 18 años de cárcel, lo inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos y le ordenó devolver 42.300 millones de pesos.
El fallo, que no tiene antecedentes por ser uno de los más duros contra la corrupción, deja en evidencia la magnitud del desgreño que hubo en Casanare durante el tiempo que Porras estuvo al frente de la gobernación: desde septiembre del 2006 hasta diciembre del 2007.
La Corte encontró culpable al exgobernador por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin el lleno de los requisitos.
Este es un nuevo capítulo de mal manejo de regalías en uno de los departamentos más ricos y, a la vez, más saqueados.
De acuerdo con la sentencia, Porras hizo inversiones ilegales mediante dos grupos de operaciones. La primera en noviembre del 2006, dos meses después de ser designado como gobernador encargado, en reemplazo de Miguel Ángel Pérez, el primer condenado por la 'parapolítica' en Colombia.
El funcionario autorizó el traslado de 38.000 millones de pesos del departamento a cinco patrimonios autónomos constituidos en Fiduagraria; y otra operación ilegal en septiembre del 2007, con un giro de 25.000 millones al patrimonio de Fidupetrol y UT Carbones Likuen.
Estas inversiones, según lo dicho por los magistrados, no tenían otra intención que poner recursos públicos para "el apalancamiento financiero de empresarios privados".
El agravante en las acciones de Porras consistió en que entregó estos dineros sin "contar con la más mínima garantía" a favor del departamento. Dice la Corte que el exgobernador se limitó a recibir como contraprestación de la millonaria inversión un "certificado de derechos de beneficio", que no daba ninguna garantía de que la plata iba a ser reintegrada.
"En otras palabras, el único respaldo de las operaciones era la propia voluntad de pago de los fideicomitentes", dice el alto tribunal. De esos 63.000 millones de pesos siguen perdidos 46.000 millones.
En los últimos nueve años, Casanare ha tenido 12 gobernadores, siete de ellos condenados por la justicia. El último, Nelson Mariño, acaba de ser destituido por malos manejos en contratos.
REDACCIÓN JUSTICIA
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