Con acción popular gobernador de Boyacá defiende el páramo

Con acción popular gobernador de Boyacá defiende el páramo

Si prospera iniciativa, sería un ejemplo para toda Colombia sobre cómo defender la riqueza natural.

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25 de febrero 2013 , 06:52 p. m.

El gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados, interpuso el lunes una acción popular contra la exploración minera para revocar licencias en el Páramo de Pisba.

Granados en persona se dirigió al Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá para interponer la acción que busca suspender las licencias ambientales otorgadas por Corpoboyacá a la empresa Hunza Coal, que realiza las labores de exploración en cercanías al Páramo de Pisba, en Tasco, donde desde hace varios días campesinos de la zona y ambientalistas protestan contra la actividad minera. La acción está sustentada en dos cosas: el derecho colectivo al medio ambiente y las irregularidades con las que se otorgaron las licencias en cuestión.

“Queremos que el Tribunal le ordene a Corpoboyacá revocar la resolución por medio de la cual le entregó las licencias ambientales. Los derechos vulnerados aquí y los cuales invocamos son el derecho al goce de un ambiente sano y el acceso a los servicios públicos en razón de que allí se verían afectados acueductos que toman el agua para consumo y agricultura”, indicó Granados.

Para el Gobernador, los derechos individuales deben cederle el paso al interés colectivo, y en este caso el interés colectivo es el medio ambiente. “La propiedad, que también es un derecho constitucional, tiene restricciones cuando afecta derechos de los demás”, señaló el Gobernador, quien además agregó que está dispuesto a replicar la acción en cualquier otra parte de Boyacá.

Diego Higuera, abogado constitucionalista, dice que la acción del Gobierno departamental tiene futuro. “Aquí chocan el derecho colectivo al medio ambiente y el del debido proceso y la estabilidad jurídica de la empresa, que ambos son constitucionales. Solo las circunstancias particulares del hecho le dan prioridad a uno u otro, y en este caso hay que resaltar lo irresarcible del perjuicio, pues un páramo no se puede resarcir”, explicó.

Además, la acción interpuesta por el Gobernador también hace varios señalamientos sobre la ‘extraña’ manera en que fueron otorgadas las licencias. “El 10 de febrero del 2010 fue sancionado el Código Nacional Minero, que excluye la minería en zonas de páramos. La solicitud para los permisos se había hecho el 25 de noviembre del 2009 y para el 30 de diciembre ya había surtido todos los trámites y fueron entregadas las licencias”, manifestó Granados.

Además, se presentó el mismo estudio técnico para tres títulos mineros, cambiando solo las coordenadas de georreferenciación; los conceptos emitidos por Corpoboyacá son el mismo y no recomendaron ninguna corrección, ni ajuste o modificación a lo que presentó la empresa, es decir, que los estudios eran perfectos.

REDACCIÓN BOYACÁ 7 DÍAS

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