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Y ahora, ¿quién podrá defendernos?

Es increíble la torpeza con que Colombia intenta defenderse en ciertos ámbitos jurídicos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Acaba de presentar allí un alegato penoso para que el tribunal no condene al país en el caso del asalto del M-19 al Palacio de Justicia y su subsiguiente toma militar.
En insólito documento, el abogado Rafael Nieto Loaiza sostiene que en el catastrófico episodio no hubo ningún desaparecido. Semejante tesis desconoce lo que determinó la Comisión de la Verdad de la Corte Suprema de Justicia y las pruebas de fotografías y grabaciones que muestran cómo salen vivos del infierno algunos ciudadanos de los cuales no vuelve a saberse nada. Contradice también fallos judiciales e incluso hechos que han aceptado militares incriminados.
Resulta de tal modo contraevidente el alegato colombiano que, a poco de presentarlo, el Gobierno reconoció de manera pública que sí hubo al menos dos desaparecidos. Así lo declaró la jefa de la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado (Adje), que se ocupa de estudiar los casos en que está demandado el Estado, escoger al abogado que habrá de llevarlo y acompañarlo en el desarrollo del pleito.
Cuando uno se entera de estos alegatos que niegan la realidad y suscitan enmiendas y reversazos, no tiene por qué extrañarse de que Colombia puede resultar condenada en el proceso, como lo fue ya el año pasado por la muerte de 17 personas, varias de ellas niños, en un bombardeo de la Fuerza Aérea. Lo más absurdo es que en este último caso, conocido como el de Santo Domingo por la localidad en que ocurrió, nuestro defensor fue también Nieto Loaiza, jurista muy cercano al estamento militar y a las posiciones de extrema derecha que profesa el exministro Fernando Londoño, a cuyo gabinete perteneció.
Me pregunto quién escoge en la Adje a los abogados que salen a representarnos, con qué criterio, qué orientación les da, quién les asigna honorarios cercanos a los 400 millones de pesos, qué valoración previa tienen sus argumentos, por qué repiten los perdedores y quién llama a un jurista y le encarga una defensa solo tres días antes de que venza el plazo para responder, como sucedió en el caso del Palacio de Justicia...
El fallo del asunto de Santo Domingo fijó responsabilidades, pero no indemnizaciones. Pero podría suceder en el del Palacio de Justicia o en cualquiera otro en el futuro, que la Nación –es decir, los contribuyentes– saliera castigada con sanciones millonarias. El problema de fondo, sin embargo, no es que los abogados estén mal seleccionados, sus posiciones descoordinadas y sus argumentos deplorablemente expuestos, sino que a Colombia le toca defender atrocidades indefendibles.
Ahí va la clase media
Una de las grandes metas (¿o mitos?) del desarrollo y de la democracia es la creación de vastas clases medias en las sociedades que avanzan. Es verdad que una clase media sólida es síntoma de un desarrollo relativamente equitativo, aunque subsistan bolsas de pobreza y élites multimillonarias. También lo es de progreso económico, pues son masas consumidoras cuyos gastos estimulan la producción. No es, sin embargo, garantía de democracia. Acuciadas por temores, codicias y envidias, amplias zonas de la clase media optan por fórmulas políticas conservadoras, acomodaticias y, en ciertos casos, populistas. Por eso no es raro que ellas incuben actitudes y gobiernos autocráticos y se muestren propensas a endiosar líderes, más que a seguir ideas. Estas verdades, bastante obvias, se confirman en el campo político colombiano por el ensanchamiento de su clase media, del que informa con entusiasmo la prensa.
ESQUIRLAS. 1) Estupenda noticia: empezó en el Caguán la recuperación de tierras que habían capturado las Farc mediante crímenes y trampas. Esperamos que la operación se extienda pronto a las comarcas paracas. 2) La situación del Vaticano obliga a recordar la frase genial de Milhor Fernandes: “Si yo fuera el papa, vendía todo y me iba”.
Daniel Samper Pizano
cambalache@mail.ddnet.es
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