Errores y demoras en reconstrucción de viviendas en sur del Atlántico

Errores y demoras en reconstrucción de viviendas en sur del Atlántico

Las fallas son tan evidentes que la Gobernación y el Gobierno Nacional se culpan mutuamente.

23 de febrero 2013 , 11:50 a.m.

Escépticas están las 1.100 familias del sur del Atlántico que siguen viviendo en albergues, después de la ruptura de la vía-dique en Santa Lucía, el 30 de noviembre de 2010.

En este tiempo han escuchado todo tipo de anuncios y han visto desfilar por las calles de sus pueblos arruinados a funcionarios y personalidades prometiendo ayudas para la reconstrucción de casas.

La primera voz de aliento fue del presidente Juan Manuel Santos, quien dijo que era una oportunidad para mejorar. Luego siguieron los ministros y altos funcionarios. El último, el gobernador José Antonio Segebre, a quien durante 2012 los damnificados le escucharon anunciar tres fechas de inicio de construcción de las viviendas destruidas por las aguas desbordadas del río Magdalena.

Pero después de tantos anuncios y visitas lo que muestran las obras es todo lo contrario. En este recodo del Departamento lo que han prevalecido son los errores y las demoras. Por eso la desconfianza de los damnificados aumenta cada día.

En su afán de responder con hechos a la lluvia de críticas recibidas por la demora en la entrega de obras, el gobernador hizo un convenio con el Sena para iniciar la construcción de 110 casas en Villa Rosa, corregimiento de Repelón, en lote donado por Promigas. Hasta ahora solo seis están listas.

En enero, nuevamente señalado por los damnificados, Segebre dijo que está próximo a entregar 10 viviendas prefabricadas para igual número de familias en Campo de la Cruz, uno de los cinco municipios afectados donde solo viven 10 familias en casas en mal estado (el resto reparó por cuenta propia o mediante el programa de Reparaciones Menores de Colombia Humanitaria, durante 2011).

Cuestionado por los anuncios fallidos, el mandatario le echó la culpa de los retrasos al Fondo de Adaptación, a cargo la reconstrucción de los lugares afectados por las lluvias, lo que provocó la airada reacción de la gerente de la entidad, Carmen Arévalo, quien le respondió a través de una carta pública. Detalló los avances en la reconstrucción de acueductos, hospitales y colegios, durante los últimos dos años; le recordó que la construcción de viviendas no ha sido posible por gestiones pendientes de su Administración y lo invitó a no caer en "descalificaciones facilitas".

Segebre desconoció que el proceso ha sido lento por fallas en el censo, por los lotes que la Gobernación comenzó a adquirir un año y cuatro meses después de la ruptura del dique, por la falta de gestión de los alcaldes involucrados, por los 'palos de ciego' que dio la administración anterior de Eduardo Verano, y por el 'blindaje' que el presidente Santos impuso para asegurarse de que la máquina de corrupción no terminara con la mayor tajada de los recursos.

Fallas en el censo
Dos años y tres meses después de la inundación, la Gobernación y el Fondo de Adaptación no saben a ciencia cierta cuántas viviendas deben construirse en esta despensa agrícola y ganadera. Calculan que serán cerca de ocho mil, con valor de 40 millones de pesos cada una.

La cifra puede ser menor o mayor según el resultado final del censo. Aún no hay un número concreto porque hubo inconsistencias en el conteo de damnificados y aún sigue en marcha la identificación de familias en zonas de alto riesgo, dijo Deyana Acosta-Madiedo, delegada del departamento para el Sur del Atlántico. Inicialmente fueron incluidas en el listado de reconstrucción las 16 mil viviendas anegadas por el Magdalena, pero la mitad no sufrió pérdida total, le dijo Arévalo a los diputados, en octubre pasado.

"Encontramos que Colombia Humanitaria reparó muchas (casas), a otras el agua las inundó, pero no las destruyó y como quedaron bajo las aguas las denunciaron como destruidas. También está el caso de una casa en la que vivían cuatro familias y reportaron cuatro viviendas".

Los primeros censos fueron realizados por los Comités Locales de Atención y Prevención de Desastres (Clopad), pero no fueron tenidos en cuenta por el Gobierno Nacional, dadas las inconsistencias que presentaron. Fue el Registro Único de Damnificados (Reunidos), realizado por el Dane, que sirvió de base para comenzar a planear la reconstrucción no solo en el Atlántico sino en el resto del país.

Ya en febrero de 2011, con el cono sur aún inundado, la Contraloría advertía de las fallas en el censo que hacían muy compleja la asistencia humanitaria.

Comprobar la información entregada por el Dane le tomó al Fondo de Adaptación todo el 2012 y, aunque este proceso de depuración concluyó en diciembre pasado, aún debe determinarse el número de familias que continúan en zonas de alto riesgo. Esta tarea le corresponde a los municipios.

"Muchos son frágiles, no tienen una institucionalidad fuerte. Y al Departamento y al Fondo les ha tocado acompañarlos. Este proceso todavía tiene de ancho como de largo. Que la gente entienda que tomar la decisión de no volver a construir en una zona requiere de mucho estudio", aseguró Acosta.
Manatí es el primero de los 5 municipios del sur que tiene sus viviendas definidas. Serán 1.522 para las familias en albergues y en zonas de alta probabilidad de inundación.

El primero de febrero pasado, la Gobernación y el Fondo de Adaptación anunciaron la firma de convenios para dar inicio a la construcción de las viviendas cuanto antes. En Campo del Cruz, Santa Lucía, Repelón y Candelaria se esperan concretar antes de que termine febrero los convenios de construcción de las casas censadas, mientras se logran las cifras de reubicación, manifestó el gobernador Segebre.

Compra de lotes año y cuatro meses después

En la carta pública que le envió a Segebre, Arévalo le recordó que es responsabilidad de la Gobernación adquirir los lotes en que el Fondo construirá las viviendas.

Deyana Acosta-Madiedo dijo que ya cuentan con 80 hectáreas entre las donadas por la empresa privada y las compradas por la Gobernación. La adquisición comenzó un año y 4 meses después de la ruptura, con la llegada de Segebre. El 20 de abril de 2012, Promigas donó las primeras 20 hectáreas, en Candelaria; 10 días después, el Country Club entregó 5,5 en Campo de la Cruz; y hace poco la Asociación de Arquitectos, 2 en Manatí.

Alcaldes de pueblos afectados, también atrasados

Otra razón que ha hecho lento el proceso es la falta de gestión de los alcaldes en los pueblos afectados. Durante la emergencia, el entonces alcalde de Campo de la Cruz, Carlos Gutiérrez, se hizo tristemente célebre por mudarse a Barranquilla. Además de identificar a las familias en riesgo, los alcaldes deben hacer las modificaciones pertinentes a los Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT) que permitan la construcción de casas en los terrenos conseguidos.

El blindaje nacional

En el 2011, a Juan Manuel Santos le tocó afrontar las consecuencias del Fenómeno de La Niña y para ello, por ser un año electoral, impuso controles para evitar que, ante la cantidad de dinero que debía girarse a gobernadores y alcaldes para atender la emergencia, este termine en barriles sin fondo. Analistas como Mauricio Vargas y Alejandro Gaviria aseguran que el Gobierno exageró en los controles y lo que hizo fue crear un complejo modelo de contratación que ha hecho todo el proceso de reconstrucción más demorado y hasta ineficiente.

LEONARDO HERRERA DELGHAMS
TATIANA VELÁSQUEZ ARCHIBOLD
Corresponsales de EL TIEMPO
Barranquilla

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