Cargos contra el mayor accionista de Fabricato por inflar acción

Cargos contra el mayor accionista de Fabricato por inflar acción

Superintendencia Financiera le notificó la apertura de investigación a Alessandro Corridori.

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19 de febrero 2013 , 09:07 p. m.

De igual forma, la entidad les reportó a varios socios de Corridori que están siendo indagados por, posiblemente, haber inflado de manera fraudulenta el precio de la acción de la textilera en un 214 por ciento.

En el 2011 esa acción saltó de 29 pesos a 84. Y, según la 'Súper', se trató de un posible aumento ficticio a través de la compra y venta de paquetes por empresas de Corridori y amigos. Entre las firmas cuyos movimientos estudian están Invertácticas S.A.S., en cabeza de Corridori; Manrique y Manrique y P&P Investments, ligadas con su exsocio Alfonso Manrique.

Al respecto, Manrique le reveló a EL TIEMPO que Corridori usó su dinero y papeles valores sin consentimiento, y hasta falsificando su firma y la de su sobrina.

El tema también tendría connotaciones penales, y por eso le compulsaron copias a la Fiscalía.

Juan Manuel Valcárcel, abogado de Corridori, le confirmó a este diario que ya recibió la notificación de la 'Súper'. "La estamos analizando para presentar los descargos. Aún tenemos dos semanas", afirmó. Sin embargo, dijo que su cliente no ha sido citado a la Fiscalía ni le han reprogramado el interrogatorio del 28 de diciembre, al que no asistió porque estaba de viaje.

Añadió que no descarta una demanda por los daños económicos tras el congelamiento de las acciones de Fabricato, decretado el 19 de noviembre pasado.

Desde el primero de marzo la acción de Fabricato podrá volver a transarse en la Bolsa de Valores. La firma SBI tasó su precio en un rango de 35 a 55 pesos.

La formulación de cargos contra Corridori es la tercera medida que toma la Superintendencia en menos de un mes en el caso Interbolsa. Ya les formuló cargos también a Rodrigo Jaramillo, expresidente de la holding, por no informar a tiempo de la situación del grupo, y a Mauricio Infante, de la SAI, por la supuesta triangulación de un crédito de 70.000 millones a través de la clínica Candelaria.

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