La paz, ¿para qué? (II parte)

La paz, ¿para qué? (II parte)

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10 de febrero 2013 , 08:02 p. m.

Quisiera poner a prueba el mito más sostenido en el marco de los procesos de negociación, aquel que señala que “para lograr la paz, hay que sacrificar la justicia”.

En décadas de conflicto armado, la fuerza, como la clave de la seguridad, ha sido la aproximación única tanto para hacer la paz como para la conducción de la guerra, lo que ha producido un reguero de excesos, que no solo han justificado el escalamiento del horror, sino que han encontrado su máxima expresión en medidas ruinosas para la democracia, como el ‘Estatuto de Seguridad’ y los estados de excepción como regla permanente, la creación de las Convivir, que institucionalizaron el paramilitarismo, y los falsos positivos, producto de la tan ponderada ‘Seguridad Democrática’.

Encontraremos la paz cuando, por encima de la fuerza, entendamos que nuestra seguridad está atada a la justicia. La justicia es la médula de la definición misma del Estado, y no puede, ¡jamás!, renunciar a sus propósitos, ni guardar silencio o permitirse dar un paso al costado como “signo de buena voluntad”.

La realidad de la violencia, envilecida hasta extremos impensables, obliga a buscar fórmulas para abordar masivas cantidades de casos graves, todos en la impunidad. Pero ni el silencio ni la omisión son una fórmula aceptable. Este debería ser un momento vigoroso para la justicia, en el que, en representación de las víctimas y de la ciudadanía, investigue, esclarezca y ponga en su sitio a quienes están allí sentados asegurando que las víctimas son ellos y que por eso hay que premiarlos con una curul.

Una paz sin justicia es como refundar la Patria boba, ciega y sin bases fundamentales que impidan la repetición del horror. Es perverso seguir hablando del “marco de justicia transicional” con ese afán de montar un lavadero de grandes crímenes, afán justificado en nuestra hambre de paz y sostenido en la premisa de que los negociadores cuentan con un marco de autonomía total, cuando la realidad es que les tocará franquear cualquier propuesta dentro de lo que las normas internacionales permiten.

Cierto, nuestro sistema penal, fundamentalmente carcelario, tendrá que atreverse a disociar la responsabilidad criminal de la cárcel y la privación de la libertad, para encontrar alternativas en esquemas comunitarios de transición que produzcan nuevos equilibrios sociales y permitan la restauración de lo perdido, pero este no es el momento. Este es un momento para explorar sin cansancio la verdad, para que la ofensiva esté en manos de la justicia.

Aterra pensar que sea cierto que hay un claro interés en ignorar y dilatar las causas contra las Farc y el Eln. Permítanme explicarme en los hechos. Las Farc han admitido que tienen como política, expresada en la ‘ley 002’, recurrir a la esclavitud, la trata de personas, la desaparición y la tortura y los tratamientos inhumanos, todos ellos expresados en el secuestro. Lo mismo ocurre en el caso del reclutamiento masivo y sistemático de niños. ¿Qué ha hecho la justicia? Nada. A lo que las Farc y el Eln han respondido elevando estos crímenes a la categoría de “derecho”, y hoy defienden su “derecho a secuestrar y a reclutar niños”.

Para su elección, el Fiscal General prometió perseguir con especial interés los crímenes contra la humanidad perpetrados por “colectivos”. Todavía no tenemos noticia de investigaciones en curso ni por estos hechos ni por la reiterada admisión de los jefes paramilitares por el reclutamiento de miles de niños que no entregaron en el proceso de desmovilización, según su recuento, porque así se acordó en la negociación. ¿Por qué no se investiga? ¿No es ese silencio una admisión de culpa? ¿No es esa la semilla de impunidad total que incentiva a las ‘bacrim’ y a las guerrillas a reclutar menores?

Natalia Springer
@nataliaspringer

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