Editorial: Mucho discurso y pocas casas

Editorial: Mucho discurso y pocas casas

05 de febrero 2013 , 07:35 p.m.

El debate entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá, en torno a cuál debe ser la fórmula que rija para garantizar la construcción de vivienda para los más pobres, está pasando de castaño oscuro. Con el agravante de que, mientras se libra una batalla de declaraciones entre ambos poderes, es el ciudadano sin techo quien sigue perdiendo.

El último desencuentro corrió por cuenta del decreto 075, expedido hace dos semanas por el Ministerio de Vivienda. Dicha normatividad señala que los proyectos para vivienda de interés social y prioritario se podrán ejecutar en zonas de desarrollo y renovación urbana, esto es, en suelo nuevo y de redesarrollo, respectivamente.

Adicionalmente, se establece una base mínima del 20 por ciento y máxima del 25 como aporte de los propietarios del suelo a este tipo de soluciones habitacionales.

A juicio del Gobierno, no hay nada en la norma que no esté contenido expresamente en la ley 388 de 1997. Lo que busca, en el fondo, es que las autoridades municipales se ciñan a lo que establece el Plan de Desarrollo frente a la vivienda de interés prioritario.

La respuesta de la Administración no se hizo esperar. Además de cuestionar la intromisión del Ejecutivo en los asuntos de la ciudad, los principales voceros del sector advirtieron que el decreto limita al máximo la posibilidad de construir vivienda social en el llamado centro ampliado y condena a los más pobres a seguir habitando en los extramuros de la capital.

En abierto desafío, la Secretaría de Hábitat anunció que seguirán adelante con la política señalada en el Plan de Desarrollo de la ciudad y, en consecuencia, proyecta un nuevo decreto que elevaría hasta el 30 por ciento el aporte de suelo en nuevas construcciones. A juicio de la Alcaldía, el decreto del Gobierno no puede estar por encima de un acuerdo del Concejo.
La controversia vuelve a poner de manifiesto el enorme déficit de tierra disponible para vivienda en la ciudad -no más de 2.000 hectáreas, según expertos-, el crecimiento de la demanda, unas metas que jamás se cumplen y un elevado costo en el precio del suelo.

A estas alturas y a la luz de un tema sobrediagnosticado, raya en la incredulidad que en materia como esta siga primando más la teoría que la ejecución. Bogotá está entre las capitales con mayor rezago en este frente. Aunque Hábitat habla de un aumento en los inicios de proyectos de vivienda de interés prioritario superiores al 60 por ciento en el 2012, Camacol advierte que se pasó de 3.408 iniciativas en el 2011 a 1.240 en el 2012, una caída del 63 por ciento. Falta de claridad que también ahuyenta a los constructores.

Es claro que la Alcaldía le apuesta a la figura de áreas de consolidación en el centro ampliado para aplicar allí el porcentaje de cesión. La propuesta puede no ser descabellada; sin embargo, lo que más preocupa es que en la actualidad no existe un solo proyecto en marcha, no se han adquirido predios, no se conocen diseños, ni costos, ni existe un diagnóstico mínimo sobre el estado de las redes de servicio público, por ejemplo. Todo ello termina afectando el costo final de cualquier proyecto.

Si la Administración de verdad quiere cumplir con sus metas, ha de repensar con mayor serenidad, sin ideologismos y atendiendo al clamor de quienes solo aspiran a una vivienda digna, cómo puede hacer compatibles su propuesta de consolidación en el centro ampliado y las zonas de desarrollo en el resto de la ciudad. Una cosa no tiene por qué excluir a la otra. Pero si el único argumento que se esgrime es que eso favorece al sector privado y que todo lo que existe en esas áreas es inconveniente, como si buena parte de las ciudades del mundo no se hubieran edificado en condiciones adversas, estaríamos volviendo al principio.

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