Una procuraduría en la democracia

Una procuraduría en la democracia

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05 de febrero 2013 , 06:52 p. m.

La reversión de un mandato popular, bien sea temporal o permanente, por sanción disciplinaria debería constituir una medida excepcional. En Colombia, se ha convertido en la regla.

'La Procuraduría ha suspendido a 302 alcaldes y 29 gobernadores en año y medio', tituló El Universal, de Cartagena (4-7-11).

Un año después, la procuradora regional de Sucre advirtió en ese mismo periódico que todos los alcaldes del departamento podrían ser destituidos (04/08/12). ¿La falta? No convocar un consejo de seguridad cada mes.
El esquema institucional de control, tal como lo plantea la Constitución de 1991, viola el régimen internacional de derechos humanos.

Cada vez que la Procuraduría inhabilita o destituye a un servidor público elegido en las urnas atropella no solo sus derechos, sino también los derechos de los electores.

¿A cuenta de qué una autoridad disciplinaria tiene facultades para impedir el ejercicio de los derechos políticos de un ciudadano? ¿No debería estar ello solo en manos de un juez?

La Convención Interamericana de Derechos Humanos establece que los derechos políticos pueden ser restringidos por vía de sanción solo cuando existe "condena, por juez competente, en proceso penal".
Así lo recordó la Corte Interamericana en el caso del opositor venezolano Leopoldo López, quien fue inhabilitado para la función pública a tan solo meses de postularse como candidato presidencial.

Los procesos en Procuraduría también ponen en jaque el derecho al debido proceso. La revisión judicial constituye un elemento fundamental de él. Pero cuando el Procurador está encargado de un proceso, él resulta una instancia única.

No debe haber lugar a confusión: el derecho al debido proceso no está limitado al ámbito penal.

La Corte Interamericana ha afirmado: "Todos los órganos que ejerzan funciones de naturaleza materialmente jurisdiccional, sean penales o no, tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el respeto pleno a las garantías del debido proceso".

Muchos otros órganos internacionales y la misma Corte Constitucional se han pronunciado en este sentido, pero nuestros legisladores han preferido mirar para otro lado.
¿No estaríamos, además, ante un doble castigo? "Nadie puede ser sancionado dos veces por un mismo hecho", dicta el principio de legalidad.

Según el Procurador Delegado para las Entidades Territoriales, a julio del 2011, de 28.000 investigaciones de funcionarios públicos, un 60 por ciento se daba por ignorancia de la norma. ¿Es, entonces, la sanción la respuesta a tan débil institucionalidad?

La injerencia de la Procuraduría es cuanto más notoria si se dirige a servidores elegidos en las urnas. Es verdad que, ante los altos niveles de corrupción, los controles no sobran y la Procuraduría ha mostrado resultados. Pero la lucha contra la corrupción no puede ser a costo de la democracia.

Tal como van las cosas, en poco tiempo los gobernantes no podrán tomar decisiones políticas.
Todas parecen susceptibles de ser sancionadas: desde una estrategia jurídica ante una corte internacional, pasando por los lineamientos de una política de salud pública, hasta la determinación en una mesa de negociación e incluso la transmisión de un concierto por televisión.

Avanzamos hacia un cogobierno, y quizás nunca se había notado tanto antes.

No existen muchos países con una procuraduría así de poderosa. En el ámbito internacional, la versión colombiana de la Procuraduría constituye una especie en vías de extinción.

Los procesos políticos de revocatoria son exigentes, porque están diseñados para proteger la democracia; el régimen disciplinario aquí puede llegar a desbaratarla.

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