Editorial: Una defensa integral del Estado

Editorial: Una defensa integral del Estado

04 de febrero 2013 , 08:27 p.m.

La defensa jurídica del Estado ha sido un tema históricamente ausente de las prioridades gubernamentales. Por décadas, las disputas en los tribunales entre aquel y los particulares parecieron, remitiéndonos al popular dicho "pelea de tigre contra burro amarrado", o como lo aseguró en su momento el hoy ministro del Interior, Fernando Carrillo, contiendas de peso pesado contra peso pluma.

Tal estado de cosas, sumado a factores como un aparato estatal de mayor envergadura y el que cada vez sean más los colombianos que conocen sus derechos tanto como la forma de hacerlos valer, hizo que a partir del 2003 comenzaran a crecer exponencialmente las erogaciones a cargo del presupuesto nacional para cumplir con fallos adversos. Y es que mientras hace una década se destinaron para este fin 180.000 millones de pesos, el año pasado la cifra alcanzó el escandaloso monto de un billón 106.000 millones de pesos. Para cubrir estas obligaciones se ha llegado a emitir bonos e incluso se han registrado inaceptables retrasos en los desembolsos, que han significado cerca de 100.000 millones adicionales en intereses de mora.

Valga tener en cuenta también que, junto con las reclamaciones justificadas, resultado de las fallas y la negligencia de algunos funcionarios, germinaron también ambiciosas empresas criminales con largos tentáculos. Un cuadro crítico que llevó al Gobierno a crear la Agencia para la Defensa del Estado.

La nueva entidad ha comenzado a hacer frente a demandas que, sumadas las cantidades de sus pretensiones, alcanzan los 214 billones, cifra que supera la del Presupuesto Nacional para 2013 (185 billones).

La recién creada agencia deberá sincronizar el trabajo de todas las entidades públicas en este campo. Aquí subyace uno de sus principales desafíos. Otra prioridad es afinar, y sobre todo sintonizar, las estrategias que diferentes dependencias han adoptado en casos que han puesto al país ante tribunales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dicho de otra forma: dotar al Estado de una política integral, que no da espera.

Por eso, la clave del éxito no radica tanto en lo que pueda hacer por su cuenta la agencia, como en el reto de articularse con la gestión de las demás entidades en la medida en que esta no tiene la capacidad de tomar las riendas de todos los procesos.

Pero más importante que resolver los casos pendientes, tarea que, por supuesto, debe hacerse, urge promover una suerte de cultura de la prevención oficial en esta materia. Por ejemplo, ya se ha identificado que las detenciones preventivas ordenadas por los jueces a personas que luego resultan inocentes, así como los vínculos laborales entre particulares y entidades públicas, mediante los muy comunes contratos de prestación de servicios, son un torrente de onerosas demandas. Una lista a la que hay que sumar la gestión ambiental y el accionar de las Fuerzas Armadas.
Hay también casos puntuales que inquietan y lucen desproporcionados, como la reciente providencia del Consejo de Estado sobre los confusos hechos que rodearon la fuga de Pablo Escobar de La Catedral.

Pero ningún esfuerzo rendirá los frutos esperados sin una transformación de mayor calado. Los ciudadanos no pueden seguir viendo al Estado como una piñata a la que se acude a la espera de lo que pueda caer. Para esto es un gran avance la entrada en vigencia del nuevo Código Contencioso Administrativo, que impone razonables talanqueras. Los servidores públicos, por su parte, deben ser más conscientes de las consecuencias de sus actos, entender que sus errores u omisiones corren por cuenta del bolsillo de sus conciudadanos.

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