La compra de 100 motocicletas eléctricas para la Policía Metropolitana, por parte del Fondo de Vigilancia y Seguridad (FVS), a un costo de 4.357 millones de pesos, estuvo salpicada de presuntas irregularidades, que van desde supuestos sobrecostos hasta una cuestionada adjudicación a 'dedo' de esa inversión pública.
La adquisición de las motos no contaminantes quedó pactada en el contrato 559, firmado el 27 de agosto del año pasado, entre el entonces gerente del FVS, César Augusto Manrique Soacha (hoy director del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital), y la firma Northbound Technologies S.A., a través de su representante legal, Carlos Andrés Vaca Jiménez.
Sin embargo, la entrega de las primeras 60 motocicletas, prevista para finales de este mes, está en riesgo. EL TIEMPO estableció que la actual gerente del FVS, Natalia de la Vega Sinisterra, encontró evidencias "lesivas" para las finanzas del Distrito.
Alistan una demanda
Por esa razón, la funcionaria -quien se posesionó el 3 de septiembre del año pasado- ya le dio poder a unos abogados para demandar este contrato ante las autoridades y buscar su nulidad. De la Vega Sinisterra se soporta en los hallazgos de su equipo, y en un informe de la Contraloría Distrital, del pasado 2 de noviembre, que advierte de las irregularidades.
La primera tendría que ver con la manera en que se adjudicó este contrato, ya que tanto la actual gerencia del FVS como el organismo de control dicen que hubo favorecimiento a Northbound Technologies S.A. "No obstante existir pluralidad de vendedores de motocicletas eléctricas en el mercado nacional e internacional, el proceso de contratación se limitó a unas características cerradas y con nombres propios", reza un documento del FVS, que habla de "estudios amañados y sesgados".
El FVS, que estuvo en manos de Manrique Soacha durante seis meses, decidió no realizar una licitación, sino una contratación directa.
La Contraloría Distrital afirma que en el mercado nacional "más de una compañía suministra motocicletas eléctricas, las cuales tienen especificaciones técnicas parecidas y experiencia policial en el mundo (...) y de pronto con mayor experiencia en el mercado y servicio postventa".
"El FVS determinó que la única motocicleta que cumplía con las especificaciones técnicas era la marca ZERO, situación que era obvia en razón a que las especificaciones técnicas requeridas correspondían a esta, lo que hacía imposible que otra cumpliera con las mismas", señala el informe del organismo de control. "La Policía no realizó pruebas con ninguna otra motocicleta para establecer diferencias", añade el informe.
El segundo hecho que está siendo investigado apunta a posibles sobrecostos, debido a que hay dos cotizaciones distintas de Northbound Technologies S.A., con 15 días de diferencia. En la primera, una moto eléctrica vale 38'495.250 de pesos, mientras en la segunda el precio es de 43.000.000 de pesos. Sobre ese último valor se adquieren las 100 unidades.
La Contraloría dice que Propeller Energy había presentado una cotización por 29'800.000 de pesos y había factores que "la definían como la mejor motocicleta eléctrica potencial del mundo".
Por si fuera poco, el FVS señala que Vaca Jiménez suscribió el contrato por 4.357 millones de pesos, cuando sólo tenía autorización para firmar contrataciones por 1.416 millones de pesos. Y, además, el FVS dice que sólo hasta el 31 de octubre se radicó un documento, firmado por la "asamblea de accionistas" de esa compañía, para autorizar la contratación por ese monto.
Este domingo, en diálogo con este diario, Manrique Soacha desestimó lo dicho por el FVS y la Contraloría Distrital. Explicó que el alcalde, Gustavo Petro, ordenó una investigación interna, cuyos resultados se desconocen hasta ahora.
Insistió en que "hay un solo proveedor" para esa clase de motos. Frente a la variación en las cotizaciones, anotó que a las nuevas se les agregó un "adaptador para mayor autonomía". Finalmente, defendió al contratista y sostuvo que sí estaba habilitado para firmar ese contrato, hoy en la 'mira' del propio Distrito y la Contraloría Distrital.
Durante los últimos ocho años, el Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito ha sido una de las entidades más cuestionadas por toda clase de problemas en la contratación, debido a presuntos hechos de corrupción que han sido denunciados por los organismos de control.
En enero del año pasado, cuando arrancó el gobierno, el alcalde Petro nombró a Polo Ávila Navarrete como gerente de la entidad, que maneja un presupuesto cercano a los 200.000 millones de pesos al año. Pero, tres meses después, el 14 de marzo del año pasado, la Alcaldía Mayor tuvo que revocarle su nombramiento y posesión, luego de que se descubriera que el funcionario no tenía título profesional.
Otra polémica compra
Gracias a una acción popular, el Distrito evitó el año pasado el pago de 631 millones de pesos a la firma Auto Express Morato, que correspondían a un saldo del 50 por ciento del contrato por la compra de 50 biciclos eléctricos o 'segway', para la Policía. La denuncia, hecha por EL TIEMPO en marzo del 2012, surgió luego de que el propio Fondo de Vigilancia y Seguridad (FVS) detectó un sobrecosto de unos $ 900 millones.
El contrato se había firmado en diciembre del 2011 por más de $ 1.260 millones, cuando, según los cálculos que luego hizo el FVS, los equipos traídos de China no debieron superar los $ 370 millones. Lo cierto es que los 50 biciclos, que no fueron recibidos por la Policía, argumentando que no eran los que habían solicitado al Distrito, fueron a parar a una bodega, situada en la Autopista Sur de Bogotá.
YESID LANCHEROS
REDACTOR DE EL TIEMPO
yeslan@eltiempo.com
