El general de los 1.770 muertos

El general de los 1.770 muertos

Guatemala inició un caso por genocidio sin precedentes en contra del exdictador Ríos Montt.

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02 de febrero 2013 , 08:35 p. m.

Desde que le ‘robaron’ las elecciones de 1974 en las narices de todos y lo mandaron de agregado militar a España para ‘calmarlo’, el general Efraín Ríos Montt estuvo tan cerca de saborear las mieles del poder que no dejaría escapar otra oportunidad, así fuera a la fuerza.

Esperó ocho años, paciente, dedicado a la iglesia evangélica Verbo, hasta que un grupo de jóvenes militares le arrebató el poder al entonces presidente Romeo Lucas García. “Mi General, doy parte de que hay un golpe de Estado y usted es el próximo gobernante de Guatemala”, le dijo el líder del golpe en 1982.

Su gobierno duró solo 17 meses. Para algunos, los más sangrientos de 36 años de guerra en Guatemala. Para otros, la única época en la que gobierno mantuvo ‘a raya’ a la guerrilla comunista. Lo cierto es que hoy, a sus 86 años, Ríos Montt enfrenta cargos de genocidio por la muerte de al menos 1.770 indígenas ixiles, que representaban más del 33 por ciento de su población total en el departamento de Quiché (norte).

En las audiencias, se puede ver a un general sonriente y tranquilo frente a los familiares de las víctimas, vestidos con sus coloridos trajes típicos, que esperan en silencio a que se condene a los responsables. Ya han esperado 30 años.

La estrategia del general era simple: acabar con la insurgencia a toda costa (ya tenía la bendición de Estados Unidos) y mostrarse compasivo en televisión nacional, donde más que alocuciones brindaba prédicas.  

“Se realizó una nueva estrategia mucho más dura y agresiva de represión y control social de la población dirigida a quitarle base social a la guerrilla, que era bastante fuerte en el occidente del país, donde vive la población ixil”, explica José Edgardo Cal, catedrático de Historiografía de Guatemala.

Los expertos coinciden en que el juicio que comenzó esta semana es inédito. “Es primera vez que un jefe de Estado de la región es acusado del delito de genocidio. – dice Luis Raúl Salvadó, director del programa en Derechos Humanos de la Flacso en Guatemala - Lo que va a iniciar no es un juicio específicamente para Ríos Montt, es más bien una manera de entender la labor del Estado durante una época en la que la disidencia era entendida como una amenaza a la democracia y no como una de las condiciones de la democracia”.

De la insurgencia a la derecha

Lo paradójico del juicio al dictador es que entre su grupo de abogados figura uno de sus viejos enemigos: Gonzalo Danilo Rodríguez, quien fue militante durante 20 años en las Fuerzas Armadas Rebeldes (Far) y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (Urng). Rodríguez se exilió en México a principios de los 80 debido a la persecución a la que fue sometido por el régimen y volvió a su país en los 90, cuando se abrió un proceso de amnistía. Hoy defiende al general que combatió y asegura que en Guatemala nunca hubo genocidio y que Ríos Montt no sabía de las matanzas ni las ordenó.

“Consideramos que él es un personaje emblemático en el país. Aquí hay una conspiración. En ningún documento se señala que el general haya tenido participación de esos hechos”, dijo recientemente en un foro radial.

Según la defensa, el mando para esas violaciones a los derechos humanos lo ejercían los comandantes de batallón.

“Hay mucha gente que estuvo en la insurgencia y luego se pasó a la derecha. – afirma Cal, quien no se sorprende de la actuación del abogado -  Por ejemplo, Pedro Palma Lau, uno de los comandantes guerrilleros más importantes que hubo en su momento, fue diputado por el partido de Ríos Montt”.

Para el politólogo Álvaro Velásquez, otrora miembro de las Far, la actitud de Rodríguez es una “bajeza humana”.  “El general Ríos merece una legítima defensa y un debido proceso. Pero la fabulosa estampa de tener a un exguerrillero defendiendo legalmente a un general, a su enemigo jurado, fue de Ripley”, escribió en su columna para el diario ‘Siglo 21’.

¿Sin memoria?

Una mujer sola camina en silencio frente al Congreso de Guatemala y, a su paso, deja marcados cientos de huellas rojas. Lleva un balde de sangre humana en los brazos y, cada tanto, sumergue los pies en ella y sigue caminando. Con este 'performance' la artista guatemalteca Regina José Galindo le gritaba a sus conciudadanos: "¿Quién puede borrar las huellas?" protestó en el 2003 por la candidatura presidencial de Ríos Montt. Pasando por encima de una prohibición constitucional, el nombre del general no solo estuvo de neuvo en las urnas, sino que obtuvo el tercer mayor número de votos: 518.000

Incluso después de la transición democrática en Guatemala, el gobierno de Ríos Montt seguía gozando de simpatizantes.

De hecho, logró ser presidente del Congreso entre el 2000 y el 2004 (lo que le dio inmunidad parlamentaria) y antes de eso ya ostentaba una silla como diputado de su partido, el Frente Republicano Guatemalteco.

“No es que la gente que votó por él para el Congreso no tuviera memoria, al contrario, votaron porque la tenían. Simpatizaron con él incluso desde los momentos de las masacres. Nadie fue engañado”, afirma Salvadó.

Según Cal, “esa figura de caudillo” sigue siendo atractiva en Guatemala porque “en el fondo, una parte importante de la población aún no desaprueba las soluciones autoritarias”.

Ahora la justicia guatemalteca debe decidir la suerte de Ríos Montt, quien hace un año está bajo arresto domiciliario, y de su ex jefe de inteligencia José Rodríguez, también imputado. Los fiscales piden la pena máxima: 50 años. El juez Miguel Ángel Gálvez, que decidió abrir la causa ya dio la clave de su posición: “Una persona que tiene mando sobre otra siempre es responsable por las acciones cometidas”.

38 por ciento de las víctimas eran niños y ancianos

Orlando López, fiscal de Derechos Humanos del Ministerio Público de Guatemala, habló con EL TIEMPO sobre el proceso judicial.

¿Por qué decidieron abrir este caso ahora, 30 años después?

Esto no es de hoy, ha tomado muchos años. Las víctimas que sobrevivieron se atrevieron a denunciar estos hechos hace mucho tiempo. No pudieron hacerlo antes de los acuerdos de paz (1996) porque se convertían en enemigo interno y les pudo haber ocurrido lo mismo que a sus familiares.

¿Cuánto puede durar este proceso?

Creo que podríamos tener una sentencia este año.

¿Cómo responden a las acusaciones de que ustedes han recibido presiones internacionales y de los medios de comunicación para culpar a Ríos Montt como sea?

Esa es una de las tantas falacias de la defensa. Yo nunca he recibido presiones internacionales y creo que los jueces tampoco. Nuestra obligación es investigar y una vez se recaban medios de prueba para vincular a alguien hay que hacerlo, porque sino incurriríamos en una irresponsabilidad.

¿Cuáles son las pruebas más contundentes en contra de Ríos Montt?

Por un lado, tenemos declaraciones testimoniales que nos permiten afirmar que fue el Ejército de Guatemala el que cometió esta serie de violaciones a los derechos humanos. También hay documentos oficiales y militares que nos permiten concluir que el general Ríos Montt era el que tenía el poder absoluto en ese tiempo.

¿Ríos Montt supo todo el tiempo de estas masacres?

Es imposible que él no haya tenido conocimiento de estos hechos. Hay muchas pruebas. Él mismo hace referencia en sus discursos dominicales de que el área ixil era un problema debido a la subversión. Informes de inteligencia los convirtió en enemigos internos y por eso planifican ejecutarlos. Fueron actos repetitivos.

También hay documentos en los que él dice a los comandantes: ‘Ahí está el plan general para que ustedes generen resultados. No maten civiles, pero si lo hacen, que los medios de comunicación no se enteren’.

Tenemos informes antropológicos y forenses que concluyen que esta gente fue ejecutada y no murió en combate. La mayoría de heridas provocadas por arma de fuego son en la cabeza y en tórax. Además, el 38% de las osamentas recuperadas corresponden a personas de entre cero y 12 años y de 50 en adelante.

¿Por qué son cargos de genocidio y no de solo delitos de lesa humanidad?

El sujeto pasivo es un grupo étnico que previamente fue caracterizado por parte del Ejército. Los jueces nos han dado la razón y por eso abrieron el juicio por genocidio.

¿Quedan pendientes casos similares por juzgar?

Hay que procesar a las autoridades que estuvieron antes de Ríos Montt, como en el gobierno de Romeo Lucas García. El genocidio no empieza con Ríos. Lo que él hace es darle continuidad y fortalecer esa política contrasubversiva que incluyó a la población civil que ellos consideraban que colaboraba con la guerrilla.

REBECA LUCÍA GALINDO
Redacción Internacional

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